Los clientes de Iberdrola tienen la respuesta

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.
photo_camera El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.
Si tras insultarles, Ignacio Sánchez Galán no dimite ni su consejo se lo pide, cabe que se marchen y también que el Gobierno tome cartas en el asunto, inspirado por las palabras de sus vicepresidentas.

Como ya ha informado con detalle el diario La Región, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha sostenido este jueves en Sagunto (Valencia) que el 80% de los españoles “no pagan el precio del ‘pool’” o mercado mayorista eléctrico, y que “solamente los tontos” que siguen con la “tarifa regulada marcada por el Gobierno” pagan más por la luz. Como diría Diógenes, el insulto deshonra a quien lo infiere, no a quien lo recibe.

Sánchez Galán –impresentable– se descalifica por sí solo, especialmente ante los 10 millones de españoles que han sido insultados en público y entre risas por el mero hecho de acogerse a una tarifa eléctrica. De ellos, más de 3 millones son clientes de Iberdrola.

Si Ignacio Sánchez Galán no dimite, ni su consejo de administración (donde está el socialista Antonio Miguel Carmona) se lo exige, caben otras soluciones ante semejante despropósito. La primera estaría en manos de los más de 3 millones de clientes de Iberdrola, que podrían irse a otra compañía donde al menos no les llamen “tontos”. La segunda queda en manos del Gobierno de España.

Probablemente, si Iberdrola fuese una empresa pública, como en su día lo fue Endesa, Sánchez Galán habría sido cesado tras su intervención en Sagunto. Pero como es una compañía privada, el tratamiento del caso por parte del Gobierno tiene que ser distinto, pero no por ello menos efectivo.

Un sector regulado como el eléctrico –la banca sería otro ejemplo– depende en muchas cosas del Gobierno, si éste ejerce como tal. Y seguramente si se inspira en las valoraciones críticas de sus vicepresidentas Nadia Calviño y, sobre todo, Yolanda Díaz, cabe esperar que Ignacio Sánchez Galán no se vaya de rositas. Sería, además, una buena manera de demostrar que la connivencia entre las eléctricas y los gobiernos –real como la vida misma– tiene límites.

De entrada, Yolanda Díaz ha sido la más contundente, al señalar que el presidente de Iberdrola debe tratar a la ciudadanía “con respeto”. Su primera conclusión es clara: “Que una persona como él se mofe de las personas más necesitadas de nuestro país es una vergüenza, y le pido que rectifique y que pida disculpas”.

En el fondo, si reacciona, el Gobierno no solo estaría protegiendo a millones de personas que contribuyen con su esfuerzo a pagar el sueldo multimillonario de Ignacio Sánchez Galán, sino también a sí mismo, ya que en el disparate del presidente de Iberdrola –ignorante tal vez de que a largo plazo la buena educación es más valiosa que el dinero–, hay una descalificación implícita a la política del ejecutivo de Pedro Sánchez.

Dentro de los “tontos” que señala con tan mal gusto Sánchez Galán están obligatoriamente los consumidores más vulnerables, pues para poder acceder al bono social necesitan contratar la llamada tarifa PVPC, la regulada, también conocida como Precio Voluntario al Pequeño Consumidor. Su potencia eléctrica contratada debe ser igual o inferior a 10 kilovatios.

En definitiva, el bono social de la luz está destinado a aquellas familias con una situación económica complicada y constituye un recurso gubernamental que ayuda a los consumidores vulnerables a pagar sus facturas por el consumo de electricidad. Los clientes vulnerables tienen un descuento del 25%; los vulnerables severos, un descuento del 40%, y las personas en riesgo de exclusión social no pagan sus facturas de la luz. @J_L_Gomez

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