ECONOMIA

La crisis provocó un aumento del déficit de infraestructuras

El 24% de las dotaciones públicas españolas tiene más de veinte años y requiere obras de mejora

La construcción de infraestructuras ha experimentado un parón con la crisis y ahora se reivindica su mantenimiento.
La construcción de infraestructuras ha experimentado un parón con la crisis y ahora se reivindica su mantenimiento.
La crisis provocó un aumento del déficit de infraestructuras

Una cuarta parte (el 24,2%) de las infraestructuras españolas aís tiene más de veinte años de antigüedad, porcentaje que supone casi duplicar el del 14,2% que superaba esta edad hace diez años, en 2006. Ello comporta, entre otras consideraciones, una necesidad de invertir en su rejuvenecimiento.

Este envejecimiento del parque de dotaciones es consecuencia de la disminución que la inversión pública acumula en los últimos diez años, desde los recortes que se realizaron en la pasada crisis, según concluye un estudio de la Fundación BBVA y el Ivie.

El informe considera que España "aún no se ha recuperado" de la "brusca caída" que la inversión pública del país registró a partir de 2009, cuando se anunciaron dichos ajustes derivados de la crisis. La priorización del gasto y las necesidades de dedicar recursos a otras necesidades públicas supuso que la licitación de obra pública se redujese significativamente.

De esta forma, asegura que la inversión que actualmente se destina a infraestructuras "ni siquiera cubre "su depreciación, esto es, el lógico deterioro que las dotaciones ya construidas registran por su uso y el paso del tiempo.

El estudio alerta además de que en caso de que se mantenga este ritmo inversor actual, la mitad de las dotaciones del país tendrán más de veinte años en el horizonte de 2030. El informe descarta que se trate de un problema de construcción de nuevas infraestructuras. Al contrario, estima que "España dispone de unas de las mayores dotaciones de capital por habitante y en relación al PIB". De esta forma, apunta a la inversión para su conservación y mantenimiento, una de las carencias que el sector ha puesto de manifiesto en más de una ocasión.

El análisis se publica coincidiendo con el debate abierto sobre la necesidad de que el país se dote de un nuevo modelo de financiación de infraestructuras que complemente el presupuesto público de forma que se abra a la participación de la inversión privada, o bien se sopese un eventual pago por uso de los usuarios, tal como se plantea para garantizar el mantenimiento de las autovías.

Precisamente, las carreteras, junto con las infraestructuras hidráulicas, son las dotaciones que mayor antigüedad alcanzan, según el estudio. En el caso de la red viaria, el 27,3% suma más de veinte años desde su construcción, el 28,2% en el caso de las hidráulicas y el 26,8% en el de las instalaciones portuarias.

Después se sitúa el ferrocarril que, pese a que se ha construido la segunda mayor red de AVE del mundo, aún el 15,9% de las instalaciones ha cumplido ya los veinte años. 

De su lado, los aeropuertos figuran como las infraestructuras más jóvenes, dado que sólo el 11,8% de las mismas suma ya dos décadas de antigüedad. 


Gran desigualdad entre las comunidades autónomas


El problema de mantenimiento de las infraestructuras públicas no es idéntico en todas las comunidades autónomas. Por territorios, el estudio de referencia revela que "todas las comunidades registran niveles de inversión insuficientes para compensar la depreciación" de sus infraestructuras. De hecho, alerta de que "los datos presupuestados en los últimos años no apuntan a mejoras en este sentido".

Por el momento, la comunidad foral de Navarra es la región que presenta un mayor porcentaje de infraestructuras más envejecidas, con más de veinte años, con el 32,2% del total, proporción que se eleva al 47% en el caso de las dotaciones de carreteras. Después se sitúan La Rioja (31%) y el País Vasco (29,4%).

En el lado opuesto, Madrid figura con la región con las infraestructuras más jóvenes, dado que sólo el 17,9% tienen más de dos décadas, junto con Galicia (que acumula un 19,3%), Baleares y Cataluña, con el 20% cada uno.