¿Qué demandan los ayuntamientos al ámbito autonómico?

Por este motivo, la Red Localis, Red Local de Administración Pública de Galicia (www.redlocalis.com) ante el inicio de una nueva legislatura autonómica realizó, antes de las últimas elecciones gallegas, una encuesta a los municipios sobre las demandas que el mundo local formulaba al nuevo gobierno autonómico. Sin lugar a dudas, el momento político es el ideal para conocer las necesidades de los ayuntamientos en nuestra Comunidad Autónoma. 

Con la encuesta se buscaba que los ayuntamientos valorasen de 1 (puntuación mínima) a 5 (puntuación máxima) diecisiete cuestiones, a partir de las recomendaciones que figuraban en el Documento 1/2015 de la Red Localis: Claves para el gobierno local (2015-2019). Diez retos de futuro para la administración local. El número de respuestas obtenidas permite dar validez estadística a estos resultados, a partir de los parámetros habituales de bondad de muestreo, lo que garantiza que los resultados se pueden extrapolar al resto de municipios gallegos. 

Fruto del análisis de esta encuesta, esta semana se ha dado a conocer en Santiago de Compostela el Documento 6/2016 de la Red Localis Las peticiones del mundo local al nuevo ejecutivo autonómico, del que comparto autoría con Concepción Campos Acuña, secretaria municipal y codirectora de la Red Localis.

FACTORES A CONSIDERAR

Los resultados obtenidos, a partir de la valoración de los propios ayuntamientos, permitieron establecer el siguiente orden de prioridades sobre los retos detectados por Red Localis. Primero, revisar el sistema de financiación a nivel local, evitando el excesivo condicionamiento de las transferencias desde otros niveles de gobierno a los ayuntamientos, lo que limitaría notablemente su importante dependencia económica. Segundo, racionalizar y simplificar los procedimientos administrativos, en aras de conseguir una administración local eficaz y eficiente, reduciendo los trámites y los tiempos en las gestiones locales. Tercero, mejorar los mecanismos de concesión de subvenciones, incorporando criterios objetivos y mecanismos de control y fiscalización sobre las mismas durante todo el proceso, evitando situaciones de clientelismo político; Cuarto, fomentar la autonomía local, garantizando mayores dosis de autogobierno a las entidades locales, lo que sin duda traerá mejoras en la capacidad económica-financiera de los ayuntamientos. Quinto, desarrollar por parte de la Comunidad Autónoma de Galicia el ámbito competencial en materia de régimen local que posibilite que los ayuntamientos se adecúen a las peculiaridades organizativas y de funcionamiento de los servicios públicos que prestan. Sexto, implantar definitivamente la administración electrónica y la modernización de la gestión pública, como herramienta cotidiana en las relaciones entre las entidades locales y los administrados. Séptimo, apostar por una gestión tributaria compartida entre los ayuntamientos y las diputaciones provinciales, ya que los resultados muestran importantes ganancias en materia de eficiencia cuando se opta por esta posibilidad en los ayuntamientos de pequeño tamaño. Octavo, mayor cooperación interadministrativa y funcionamiento en red de los distintos niveles de gobierno y administración, ya que el futuro de la gestión local pasa por encontrar sinergias y elementos comunes entre diferentes ayuntamientos. Noveno, introducir buenas prácticas en materia de urbanismo y medio ambiente, en clave de sostenibilidad, ya que el desarrollo adecuado de las entidades locales se basa, en gran medida, en contar con racionalidad en el proceso urbanístico. Décimo, apostar por mejoras en la gestión económica-financiera, por medio de una mayor transparencia económica y gestión responsable. En estas diez preguntas los valores medios variaban entre 4,5 y 4.

Además, hay un segundo bloque, con una valoración media entre 3,9 y 3,4. Primero, revisar el marco normativo aplicable a las Entidades Locales que garantice un marco normativo adecuado a la administración local gallega. Segundo, establecer medidas de regeneración democrática, fomentando la participación, la transparencia y la rendición de cuentas a nivel local, una de las asignaturas pendientes y que más demandan los ciudadanos. Tercero, mejorar la calidad y los instrumentos de seguimiento y evaluación de los servicios públicos, cuestión que hasta el momento no ha sido una prioridad a nivel local, ya que se puede gastar mucho, pero no gastar bien. Cuarto, fomentar los instrumentos que mejoren la transparencia local, por ejemplo, con la utilización de portales de transparencia, que posibiliten un acceso fácil y legible a la información municipal, ya que tan poco práctico es no tener información como que la misma se encuentre desordenada y su acceso sea dificultoso. Quinto, combatir el endémico raquitismo fiscal con la introducción de mejoras en el proceso de recaudación y reclamación de las deudas a los ciudadanos, para ello es de nuevo necesario contar con diputaciones provinciales que favorezca este proceso. Sexto, reformar la planta local, por medio de un diseño responsable y consensuado con los ayuntamientos, ya que de lo contrario estaremos condenando a los habitantes de los pequeños municipios a una menor y más cara prestación de servicios públicos. Séptimo, racionalizar las políticas de infraestructuras locales y la dotación con un mínimo común para ayuntamientos con las mismas características, lo que precisa la existencia de unas pautas comunes.

DEMANDAS CONCRETAS

Además, el último informe de la Red Localis agrupa los resultados en función de los cuatro ejes temáticos (mayor desarrollo de la autonomía local; reformar y mejora de la financiación y fiscalidad local; modernización de la administración local y regeneración de las entidades locales), lo que permite extraer las siguientes demandas concretas. 

En relación a la necesidad de conseguir un mayor desarrollo de la autonomía local es imprescindible abordar en esta nueva legislatura autonómica la elaboración de una nueva ley de administración local gallega. Lo anterior es una cuestión vital para dimensionar adecuadamente el marco normativo en materia de transparencia y buen gobierno, modernización y administración electrónica y, paralelamente, dar respuesta a las peculiaridades organizativas y de funcionamiento específicas del mundo local gallego. Su casuística, como todos somos conscientes, es muy especial, y por lo tanto, debe tenerse muy en cuenta a la hora de diseñar ese nuevo marco normativo.

Sin ánimo de ser exhaustivos, ya que como se ha señalado, la casuística es amplia y compleja, el nuevo marco normativo local en Galicia debería tener en cuenta los numerosos problemas y condicionantes de mundo local. Por ejemplo, la existencia de un ingente número de núcleos rurales cada vez con menor población, una elevada dispersión poblacional, un envejecimiento progresivo de la población, etc., que en buena medida condiciona la oferta pública de servicios locales. Como no puede ser de otra forma, este escenario obliga a dimensionar y reconfigurar el papel de las Diputaciones Provinciales. Su viabilidad futura dependerá de su grado de compromiso para atender a las necesidades de la población residente en los pequeños municipios, que ven como día a día se van despoblando inexorablemente.

En segundo lugar, y tal y como se ha avanzado, es necesario reformar y mejorar el sistema de financiación y fiscalidad local. Para ello es imprescindible introducir cambios de calado potenciando todo lo que rodea a la gestión económica-financiera-fiscal del municipalismo gallego. 

A nadie se le escapa que el modelo fiscal de las entidades locales se basa en un antiguo y poco práctico sistema creado en los años cincuenta y sesenta de siglo pasado. Si bien, se han introducido algunos cambios, estos han sido de naturaleza marginal. De ahí que sea necesaria urgentemente una reforma de calado para modernizar y actualizar su funcionamiento. La capacidad tributaria de los ayuntamientos gallegos es muy limitada, cuestión que se debe no solo a la normativa estatal que regula su funcionamiento, la Ley reguladora de la Haciendas Locales, sino también a las menores bases fiscales locales que tenemos en Galicia. Estos dos elementos provocan que sólo hasta que se consiga garantizar a los ayuntamientos de un modelo fiscal moderno y consecuente con los servicios y bienes que demandan sus habitantes, la autonomía y capacidad fiscal serán meras declaraciones de intenciones para el mundo local gallego. Los servicios públicos cuestan y las subvenciones no son la solución para la financiación de las prestaciones locales al generar una dependencia enfermiza de los ayuntamientos hacia las entidades que las conceden. 

Por otra parte, poco avanzaríamos si de nuevo se introducen cambio de escaso calado, de lavado de imagen, en materia financiero-fiscal. El problema de las haciendas locales es mucho más grave y no se entiende cómo hasta el momento las diferentes administraciones no se han dado cuenta de esta necesidad. Es necesario ser valiente y abordar, de verdad, esta realidad. Las actuaciones de parcheo poco aportan, es necesario un modelo nuevo y moderno, adecuado con el siglo XXI. 

Esta es precisamente una de las demandas con más insistencia por parte de los responsables municipales, que apenas tienen instrumentos fiscales para articular sus políticas públicas. Además, lo anterior tiene mucho que ver con el tamaño municipal, por lo que es necesario ir inevitablemente hacia entidades municipales de mayor tamaño. No hacerlo implicará una menor y peor prestación de servicios a una población cada vez más reducida en los municipios de menor tamaño. Claro está, se puede mirar para otro lado, y obviar esta realidad, pero no es una solución aceptable. El redimensionamiento de la planta gallega debe entenderse como algo positivo, que piensa sobre todo en los ciudadanos y no en cuestiones de naturaleza localista. El objetivo debe ser mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y no perpetuar estructuras municipales que no pueden prestar adecuadamente ciertos servicios. Solo hay que darse cuenta del elevado coste fiscal que están soportando los municipios más pequeños, que son, además, los que prestan un menor nivel de servicios. Se lo debemos a los ciudadanos. 

No podemos olvidar que los ayuntamientos son los responsables, entre otros, de proveer el abastecimiento de agua potable, tratamiento de aguas residuales, alumbrado público, acceso a los núcleos de población, a lo que hay que sumar los servicios de bienestar social, cultura o deporte. Para ello precisan contar con un sistema de financiación que posibilite garantizar un mínimo de calidad a sus ciudadanos.

En tercer lugar es imprescindible modernizar la administración local y que ésta sea acorde a los nuevos tiempos. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, pone encima de la mesa la necesidad de apostar por las nuevas tecnologías. Para ello, es necesario no solo dotar a los ayuntamientos gallegos de los medios materiales y humanos para poder adaptarse a las nuevas necesidades, sino también, que la ciudadanía tenga acceso, en las mejores condiciones, a las nuevas tecnologías, evitando la exclusión digital.

Únicamente actuando de esta forma se garantizará un servicio eficiente y eficaz a los ciudadanos con el consiguiente ahorro de recursos, especialmente, en relación a los plazos y trámites, que es una de las demandas que desde siempre se vienen planteando por los residentes a los responsables municipales. Lo anterior precisa asegurar el cumplimiento normativo y el derecho de los ciudadanos a poder relacionarse a través de las TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación) con todas las administraciones públicas.

Finalmente, y no menos importante, es necesario una regeneración democrática de los gobiernos locales. Los datos sobre la corrupción, tanto del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de España, como de Transparencia Internacional (TI), ponen sobre la mesa la necesidad de apostar por nuevas actuaciones que mejoren el grado de transparencia y buen gobierno de las instituciones y gobiernos.

Por lo tanto, es necesario que desde la Xunta de Galicia se desarrolle un completo sistema de control, a partir del existente marco normativo estatal y potenciar los mecanismos de transparencia local. Los ciudadanos tienen derecho a saber que se hace con sus impuestos y la mejor forma es a través de la difusión de las actuaciones públicas. La transparencia no es algo recomendable; es una necesidad.

Como se puede comprobar, las demandas de los ayuntamientos en Galicia son evidentes. De ahí que el último documento de la Red Localis, de acceso libre en http://redlocalis.com/documentos/ resulta de gran interés para el nuevo gobierno y Parlamento autonómico, así como para la Federación Gallega de Municipios y Provincias (FEGAMP), como interlocutor idóneo entre las Administración autonómica y los municipios gallegos. Los ayuntamientos gallegos han puesto “los deberes” para los próximos cuatro años. Ahora es el momento de comenzar, entre todas las administraciones y entidades con responsabilidad a nivel local, a comenzar a satisfacer sus demandas.