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Envejecimiento demográfico y perspectivas del mercado laboral

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photo_camera El proceso de envejecimiento demográfico afecta al mercado laboral.

Una de las cuestiones que más interés viene suscitando en la última década en materia laboral es el impacto económico del proceso de envejecimiento progresivo de la población sobre el mercado de trabajo

Sin embargo, la realidad nos muestra lo poco que se ha hecho desde entonces. El envejecimiento demográfico es uno de los principales quebraderos de cabeza de nuestros gestores públicos.
Resulta evidente que el actual proceso de envejecimiento demográfico va a afectar considerablemente al mercado de trabajo, no sólo por su efecto inmediato sobre el sistema de pensiones, que ya se está produciendo y que ha provocado la última reforma hace pocos años en España, sino por las implicaciones del envejecimiento poblacional sobre la oferta laboral. A lo anterior hay que añadir la importante pérdida de capital humano que se produce en la economía por la jubilación temprana de muchos trabajadores en un momento donde, además, ha aumentado la esperanza de vida de la población.


El reconocimiento del derecho a una pensión resulta algo natural e innato. Tras un período medio de cotización entre 40 y 45 años es justo disfrutar de una renta digna durante la jubilación. Este es el planteamiento con el que surgió (y que sigue justificando) el funcionamiento del sistema de pensiones tal y como lo conocemos. Sin embargo, su viabilidad financiera se encuentra con un grave problema a corto y medio plazo de viabilidad, ya que en estos momentos la situación de partida, que permitía con cierta holgura su viabilidad económica, ha cambiado radicalmente. En España, un trabajador tras haber cotizado durante 35 años- que hasta hace poco era el tiempo mínimo para percibir la totalidad de la pensión - tenía derecho a percibir una pensión,por término medio, durante 18 años, período que,sin duda, irá aumentando en los próximos años a tenor del crecimiento de la esperanza de vida. El ratio de años cotizados respecto al número de años con derecho a la prestación representa en 2015 la mitad de período de cotización, cuando hace menos de 15 años era únicamente la tercera parte. Las cuentas han cambiado.


Frente al aumento de la esperanza de vida, la tasa de fecundidad en toda la UE15, y especialmente en España, se ha reducido considerablemente. Las pirámides de población ya no poseen esa característica amplia base de hace cinco décadas, más bien sucede todo lo contrario, ya que la base se va achicando con el paso de tiempo, lo que dificulta el reemplazo generacional y pone en peligro la capacidad de generación de ingresos. Paralelamente ha aumentado el peso absoluto y relativo de la población mayor, generando mayores tasas de dependencia, envejecimiento y sobre envejecimiento demográfico.


Esta situación resulta habitual en aquellas sociedades que han conseguido alcanzar ciertos niveles de bienestar económico. Lo anterior no sólo se traduce en el aumento del grupo de personas de más de 65 o más años, en su mayoría inactivos, consecuencia directa de haber alcanzado la edad legal de jubilación, sino también al hecho de que la población trabajadora viene finalizando antes su vida activa. Esto se debe sobre todo a las jubilaciones anticipadas y a la expulsión del mercado de trabajo de las personas de más edad, que tras mucho tiempo buscando un empleo y no encontrarlo, se convierten en inactivos.


Es evidente que la reducción de la vida activa puede deberse tanto a una decisión de carácter personal, como a razones de naturaleza profesional. Por ejemplo, el establecimiento de una penalización en el importe de la pensión por una jubilación anticipada no parece disuadir a los trabajadores. Los resultados así lo avalan.  Además, las jubilaciones anticipadas han sido un instrumento muy utilizado por las empresas, que suelen considerarlas como una fácil y rápida salida al exceso de personal, además de un instrumento para abaratar el coste de la mano de obra.
Con independencia de la causa, lo que es evidente es que debido a este tipo de comportamientos se está perdiendo un importante capital humano acumulado que será difícil recuperar. Si a lo anterior añadimos el hecho de que la población se incorpora cada vez más tarde al mercado de trabajo, principalmente por la necesidad de seguir formándose más tiempo o por las peores condiciones de acceso al primer empleo, el resultado es que con el paso de los años se trabaja menos tiempo. 
Las cifras avalan la afirmación anterior. En España el período medio de tiempo trabajado ha pasado, de los 40-45 años hace tres décadas, a los 37-40 años en 2014.

Estas cifras reflejan una notable reducción del tiempo de cotización que ya está generando tensiones sobre la salud financiera de nuestro sistema de pensiones, además de profundas repercusiones sobre el mercado de trabajo. Paralelamente a este proceso, en la mayor parte de los países de la UE se están realizando esfuerzos por mejorar las condiciones de vida de las personas mayores. Todo esto supone un importante incremento del gasto público asociado al envejecimiento demográfico, que se verá incrementado en gran medida a no ser que cambien la tendencia a corto plazo.
Con el progresivo envejecimiento de la población se observan reducciones de la tasa de actividad y ocupación. Además, se producen menores ingresos por la vía de los impuestos y las cotizaciones a la Seguridad Social. Finalmente, se genera un aumento de los gastos sociales, en especial pensiones de jubilación e invalidez. Todo lo anterior se traduce en importantes problemas financieros para el mantenimiento del Estado de Bienestar.


Las estadísticas demográficas señalan que la parte “media” de la población (personas entre 15 y 64 años, que conforman la población activa) se va reduciendo paulatinamente. El descenso de la población de menos edad (hasta 15 años) y el aumento de la población en los tramos de más edad (65 o más años) es uno de los principales retos a afrontar en los próximos años. De no corregir esta tendencia se producirá un grave desafío para el crecimiento de las economías europeas y, en especial, para la española ¿Para cuándo una actuación coherente con el panorama que tenemos y el futuro a corto plazo?


Teniendo en cuenta la delicada situación presupuestaria actual y el incremento previsto de los gastos relacionados con la edad, España se encuentra dentro del grupo de países donde el nivel de riesgo sobre la viabilidad económica-financiera del sistema de pensiones es de grado medio. Algo similar le ocurre a Alemania, Francia e Italia. Sin embargo, dentro de este grupo se encuentran países con importantes costes financieros, consecuencia del envejecimiento de la población, para el que precisan reformas estructurales (España e Italia) y aquellos que precisan sanear sus presupuestos a medio plazo (Alemania y Francia). Las políticas de parcheo llevadas a cabo hasta el momento no funcionan.


¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Se podría pensar que el fenómeno de la transición demográfica, que provocó el envejecimiento de la población, comenzó más tarde en España que en otros países europeos, pero la realidad nos muestra como desde hace años, algunas Comunidades Autónomas, entre ellas Galicia y, especialmente ciertas provincias, como es el caso de Ourense y Lugo, presentan, desde hace varias décadas, indicadores de envejecimiento y crecimiento vegetativo muy desfavorables para poder mantener la situación poblacional y el mantenimiento, tal y como lo conocemos, del sistema de pensiones. Lo anterior es un claro impedimento para asegurar un correcto funcionamiento, desde la perspectiva económica-financiera, del sistema de pensiones.
A partir de mediados de la década de los setenta, el descenso de la tasa de fecundidad en España ha sido muy importante. Esto ha provocado que el peso de la población activa sea cada vez más reducido. Lo anterior permite señalar como España se enfrenta a un desafío mucho mayor en relación al envejecimiento que otros países europeos. 


No podemos tampoco sorprendernos de la actual situación, ya que esto se viene manifestando hace muchos años. Si bien durante la década de los ochenta España consiguió compensar esta negativa evolución con el fenómeno de la inmigración, desde finales de la segunda mitad del siglo XX el proceso de envejecimiento en España se encuentra en un nivel más avanzando que en la mayor parte de los países de la UE15. Es más, para el caso gallego la incorporación de la población extranjera, durante la época de expansión económica,fue muy reducida, ya que Galicia no es una región preferida por los inmigrantes.


En la mayor parte de los países de la UE15 se espera que la transición hacia una “nueva sociedad”con una población más envejecida finalice en 2030. Sin embargo, para España, a tenor de la estimaciones poblacionales del INE, es de esperar que es este proceso durará al menos veinte años más. Sin duda, este resultado incidirá en la capacidad de nuestro país para hacer frente al desafío económico- financiero generado por el envejecimiento. En este escenario, España, Galicia y sobre todo provincias tan envejecidas como la ourensana, contarán con una ratio de dependencia muy superior al de sus vecinos europeos. 


Además, la situación demográfica no va a cambiar a corto plazo. Las estimaciones apuntan a un empeoramiento de las condiciones para el sostenimiento económico de las jubilaciones, ya que el crecimiento del colectivo de personas mayores se seguirá incrementando en los próximos años.  Mientras tanto, las cotizaciones registran un brusco descenso, ya que el empleo que se genera es de baja calidad y de corta duración, lo que no garantiza los ingresos suficientes para que el sistema tenga autonomía financiera. 


La solución pasaría por un incremento de la población activa y, especialmente, de la ocupada y un aumento de la fecundidad. Sin embargo, y aunque esto se produzca, el efecto no sería inmediato. Es necesario un período entre 25 y 30 años para que tenga efecto y que se genere algún impacto sobre la ratio de dependencia de las personas mayores. Este es precisamente el tiempo que tarda una nueva cohorte de población en incorporarse al mercado de trabajo. 


Además, las previsiones del INE para España en 2050 permiten señalar como la población de 65 o más años será casi el 38% del total; el 12% de la población será mayor de 80 años (igual porcentaje que el grupo de 0 a 15 años) y la tasa de dependencia aumentará notablemente, de forma que por cada 100 personas entre 16 y 64 años, habrá 92 dependientes. 
Por lo tanto, a corto y medio plazo, el sistema público de pensiones en España necesita nuevas reformas, debido al agotamiento del fondo de reserva, desaparición de los superávits obtenidos, menor número de horas trabajadas e incremento del número de pensionistas. No debemos olvidar que España es el segundo país de la UE con mayor esperanza de vida (84 años), sólo por detrás de Francia. 


Nuestro país ya manifiesta importantes problemas financieros por el envejecimiento de la población y la escasa tasa de natalidad. Si a esto se une la elevada tasa de desempleo general (22%) y juvenil (50%) y el gasto derivado de las prestaciones por desempleo, las tensiones financieras ya son patentes. Es necesario actuar de inmediato.
 

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