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Las eólicas tienen autorización para desarrollar 65 parques en Galicia

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La última subasta eólica realizada por el Gobierno y el anuncio de Rajoy esta semana de otra más da esperanza al sector tras varios años de letargo. Los 3.000 megavatios que ya adjudicó el Gobierno a las empresas supondrán inversiones de 3.000 millones

Galicia es la cuarta comunidad autónoma española por energía eólica instalada. Los 3.350 megavatios gallegos repartidos en 160 parques con el 14% de este energía en España y colocan a la comunidad por detrás de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía, pero el año pasado apenas instaló una simbólica cifra de 2,10 megavatios nuevos de eólica.

Pero no porque no se den autorizaciones. Según la Xunta hay un total de 65 parques que cuentan con autorización por un total de 1.000 megavatios pendientes de desarrollar y que subirían a la comunidad hasta el segundo puesto en España.

Del último concurso eólico son 24 los parques que ya están aprobados, con un total de 582 megavatios y una inversión de cerca de 740 millones de euros.

El Gobierno celebró la semana pasada una subasta en la que se adjudicaron 3.000 megavatios que suponen “esperanza para el sector tras varios años de letargo”, señalaron desde la Asociación Empresarial Eólica (AEE). Esta misma semana el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que se han iniciado los trámites para lanzar una nueva subasta antes del verano por otros 3.000 megavatios  en el marco de la transición energética.

De las seis empresas que consiguieron potencia en la subasta, cuatro (Gas Natural Fenosa, Enel, Gamesa y Norvento) tienen parques en desarrollo en Galicia.

Fuentes de la Consellería de Industria de la Xunta explicaron a este suplemento que “las empresas disponen ahora de una oportunidad única para demostrar su nivel de compromiso con Galicia mostrando que los proyectos que están promoviendo en nuestra comunidad son competitivos y que están dispuestas a captar inversiones en energías renovables para Galicia”.

Asimismo el Gobierno gallego señaló que sigue en contacto con el sector para “poner en marcha mejoras normativas que permitan la introducción de avances tecnológicos en los proyectos y que los nuevos parques tengan la posibilidad de entrar en funcionamiento dentro del plazo establecido en la subasta”, precisaron las mismas fuentes.

La Asociación Empresarial Eólica (AEE), que representa a cerca de 200 empresas asociadas, el 90% del sector, subraya que la eólica es la única tecnología renovable con una industria propia en España en toda la cadena de valor, con más de 200 centros de fabricación en 16 comunidades autónomas. Según las previsiones de la AEE, la instalación de los proyectos supondrá unas inversiones superiores a los 3.000 millones de euros, así como la creación de más de 30.000 empleos (directos e indirectos) en el periodo de instalación.

Para la patronal del sector, el resultado de la subasta muestra que “la eólica es en la actualidad la tecnología que puede lograr un mayor cumplimiento de los objetivos a 2020 a un menor coste para el sistema”, pero que ahora sería necesaria “una Planificación Energética para los próximos años que tenga en cuenta las necesidades energéticas y de descarbonización del país a largo plazo y garantice un mix equilibrado entre las diferentes tecnologías. Ello implica que se dé visibilidad al sector renovable con un calendario de subastas “, precisa.

En cualquier caso, la AEE subraya que la eficacia real de la subasta se conocerá en diciembre de 2019, cuando todos los proyectos adjudicados estén funcionando y contribuyendo a cumplir los objetivos europeos a 2020.

Asimismo considera importante tener en cuenta el contexto en el que se celebró la subasta que, explica, ha propiciado la agresividad de las ofertas: se trata de una convocatoria aislada, lo que ha obligado a las empresas con proyectos avanzados a acudir para no quedarse fuera del entorno regulado, condición importante para lograr financiación. 

Por otro lado, precisa, el hecho de que los parques adjudicados en la subasta vayan a instalarse sin incentivos no quiere decir que los que se construyeron en el pasado no los necesiten. Los 23.000 MW eólicos instalados en España desde los años noventa lo hicieron en un momento de menor madurez tecnológica y diferentes condiciones financieras y, por lo tanto, con mayores costes, por lo que desde la AEE considera que deben respetarse los incentivos hasta el final de su vida útil regulatoria, lo que pasa necesariamente por no modificar la rentabilidad razonable de los proyectos cada seis años durante su vida útil regulatoria, potestad que tiene el Gobierno a raíz de la Reforma Energética y que podría ejercer por primera vez en 2020.

Uno de los principales actores de la subasta ha sido Gas Natural Fenosa, que se adjudicó 667 megavatios de potencia eólica, el 22% del total de la subasta realizada la semana pasada por el Gobierno. 

El Grupo Forestalia, Gas Natural Fenosa, Enel Green Power España, la filial verde de Endesa, y Gamesa fueron los grandes vencedores de la subasta al adjudicarse más de 2.600 MW. Otros grupos más pequeños, como Norvento, que ganó 128 MW, y el grupo aragonés Brial, que se hizo con 237 MW, completaron prácticamente los 3.000 MW.

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