La financiación autonómica, complicada

Ahora que está a punto de formarse un nuevo gobierno en Cataluña -probablemente un Govern presidido por ERC-, el Ejecutivo central relanza la idea de reformar la financiación autonómica. En realidad, sin la participación de Cataluña sería absurdo plantearlo. No será tarea fácil, ni por el fondo de la cuestión ni por el papel del Govern de Cataluña, que está por ver que quiera participar en las conversaciones sin condiciones previas de bilateralidad. Un privilegio así ya lo tuvo, de facto, en las negociaciones con el socialista Rodríguez Zapatero de 2009, año de la última reforma, lo que pasa es que le salió mal. Cataluña negoció entonces en función de las recaudaciones de impuestos de los años previos -2007 y 2008, los de mayor bonanza que se recuerdan- pero a partir de 2009 nada fue igual, sino que todo fue a peor, lo que derivó en un mal resultado para la fórmula pactada entre Barcelona y Madrid. Cuando llegó 2014 y correspondía renegociar el sistema de financiación autonómica, ya con el popular Mariano Rajoy en la Moncloa, no se hizo, y desde entonces rige el sistema de 2009, prorrogado nada menos que siete años, si es que no son más. El último intento serio de afrontar la reforma se hizo en 2017, pero la cosa no pasó de elaborar un documento por parte de un grupo de expertos, entre ellos el gallego Santiago Lago, catedrático en el campus ourensano de la Universidade de Vigo. Por entonces, Cataluña no solo pedía un concierto económico similar al de vascos y navarros -insinuado por Artur Mas en sus conversaciones con Rajoy- sino que ya quería la independencia, de la mano de Carles Puigdemont. Siguieron pasando los años con Quim Torra al frente del Govern y tras una solución provisional a raíz de su inhabilitación ahora parece que, por fin, Cataluña volverá a tener un gobierno, que es con el que Pedro Sánchez aspira a negociar no se sabe muy bien qué. En este contexto, una cosa es que la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón Rafael, se declare partidaria de abordar lo antes posible la reforma de la financiación autonómica -forma parte de sus obligaciones decirlo- y otra muy distinta que se haga como ella dice. Supongamos que se hace. En ese caso, a Galicia se le abre un camino doblemente espinoso. La Comunidad Valenciana aspira -con fundamentos sólidos- a mejorar su posición, ya que es unánime la idea de que salió muy mal parada, y la Generalitat no pasará por menos que por un buen acuerdo bilateral. Bastarían esas dos situaciones para concluir que las demás comunidades sufrirán en la negociación, ya que salvo que la tarta se haga mucho más grande no dará para repartirla bien entre todos. Dicho de otro modo, a Galicia le vendría Dios a ver si todo siguiese como hasta ahora, ya que los cambios invitan a pensar que serán a peor. En realidad, lo serán de todos modos, ya que en materia de financiación autonómica no solo está el problema de cómo se reparte la tarta sino también la precariedad de la recaudación derivada de la crisis. No es precisamente casual que Inés Bardón advierta de que la reforma fiscal y la armonización tributaria afectarán al ámbito de las comunidades autónomas, una manera fina de adelantar restricciones que intenta suavizar con el mensaje de que el Gobierno de Pedro Sánchez abandera la apuesta por la descentralización y el Estado autonómico. Palabras bonitas que no cuestan dinero. Al alza | La creatividad El lenguaje de las finanzas públicas se vuelve creativo pero con eso no nacen más billetes de euros. Cuando se habla de reformar el sistema de financiación autonómica para conseguir un sistema fiscal “suficiente y equitativo” y que permita “internalizar las externalidades medioambientales”, no puede disfrazarse el hecho de que las nuevas figuras medioambientales son necesarias pero no suficientes. Tal vez sería más práctico activar un modelo de crecimiento que propicie recaudar más. A la baja | Los saldos fiscales Una cosa es que las autonomías tengan ahora mismo dinero y otra que lo vayan a seguir teniendo. La AIREF estima que en 2022 se producirá un deterioro importante del saldo fiscal de las comunidades, con una liquidación negativa a favor del Gobierno central de 5.000 millones de euros correspondientes a 2020, y algo menos para 2023 por 2021. Y no solo eso. Hay gobiernos autonómicos que arrastran los saldos negativos que se generaron durante 2008 y 2009, que aún hoy siguen devolviendo. Protagonistas Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno - Los expertos llaman la atención sobre la necesidad de mirar hacia la deuda pública, que no deja de crecer y puede llegar a ser insostenible, y la idea de la condonación por el BCE no pasa de ser un debate estéril, como admite la ministra de Economía. Mª Jesús Montero, ministra de Hacienda - La más que previsible liquidación autonómica negativa en 2022 y 2023 es algo que el Gobierno prefiere no comentar. Su respuesta a día de hoy es que “no ocupa ahora la agenda del Gobierno”, pero solo un milagro podría evitar el chaparrón. Inés Bardón, secretaria de Estado de Hacienda - El Gobierno apostó por la suficiencia de las autonomías a través de transferencias extraordinarias y anticipo de recursos, sin tener en cuenta la caída de la recaudación en 2020 y 2021. Así lo prueba su quasi equilibrio presupuestario de 2020. Valeriano Martínez, conselleiro de Facenda - Ante la reforma del actual sistema de financiación autonómica propone que su revisión garantice la igualdad de trato de todos los ciudadanos con independencia de donde residan. Es consciente de que el impacto de la pandemia se acusará.