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Los fondos europeos exigen nivel político

La presidenta de la CE, Úrsula von der Leyen, y Pedro Sánchez.
photo_camera La presidenta de la CE, Úrsula von der Leyen, y Pedro Sánchez.
Galicia tiene argumentos y activos más que suficientes para salir bien parada de un reparto que, si no se corrige, está previsto que beneficie a las grandes firmas del Ibex-35, de la mano del Gobierno.

El año 2021 se abre con nuevas expectativas económicas, ya que a peor es difícil ir. Pero ¿hay realmente base para ser optimistas en el caso de España? Con el permiso de la pandemia, sobre todo, hay oportunidades, algunas en el marco europeo, otras en el nuevo contexto presupuestario.

A la tendencia conocida de aumentar el gasto, ahora se suma el incremento de la inversión, básicamente al amparo del programa Next Generation EU, ya que los Presupuestos Generales del Estado, si bien son expansivos, apenas contienen inversiones reales. En un conjunto de gasto de 550.484 millones de euros, hay poco más de 10.000 millones de euros en el capítulo genuinamente inversor.

Next Generation EU no ha encontrado todavía a un Berlanga del siglo XXI que actualice su mítica película de 1953 Bienvenido Mr. Marshall, no tanto porque el flamante plan europeo vaya a pasar de largo como sucedió, en España, con el plan americano para la recuperación de Europa, sino porque las expectativas –más allá del Ibex-35– pueden causar frustración en muchos pueblos como aquel empobrecido Villar del Río ideado por Berlanga, Bardem y Mihura en su demoledor film de una España en blanco y negro.

El Gobierno se propone dedicar el grueso de los fondos europeos –140.000 millones de euros entre subvenciones y préstamos– a grandes proyectos que encajen en su ámbito competencial, lo cual supone dejar en migajas las iniciativas ligadas a las competencias de autonomías y ayuntamientos. Si bien no hay repartos regulados, no es descabellado pensar que el 80% de esos fondos pasarán por las manos de quienes mandan en la Moncloa y en las sedes centrales de las compañías del Ibex-35. Los de afuera, como en el viejo refrán, darán tabaco. Es lo que hay y conviene no perderlo de vista ni un segundo.

Suele decirse también que estos fondos europeos no tienen cuotas territoriales, lo cual es cierto, pero se oculta que tendrán importantes consecuencias territoriales. España es un país cuasifederal, descentralizado, lo cual no impide que sea un país donde el poder económico y financiero está cada vez más concentrado; básicamente, en Madrid y Barcelona. Por tanto, si los grandes proyectos se vehiculan a través de las grandes empresas, en buena lógica reforzarán el poderío de Cataluña y Madrid, tal vez con alguna concesión a Euskadi, vía Repsol e Iberdrola.

Comunidades como Galicia lo tienen difícil, lo cual sugiere una estrategia política con una argumentación sólida, más allá de los aspavientos, los cabreos y las luchas partidarias.

Sería cruel que Galicia, que ha sido objeto del emplazamiento de las industrias más contaminantes de España, que se dice pronto, se quedase ahora sin esas plantas obsoletas por las que lleva años pagando un alto precio medioambiental y sin las fábricas del futuro. 

La Xunta de Galicia puede afear todo lo que quiera el papel del Gobierno de España pero sería propio de papanatas que no pusiera en su sitio a empresas como Repsol, Naturgy, Endesa, Iberdrola, Alcoa o Ence. Tanto el Gobierno español como esas firmas están moralmente obligadas a invertir en Galicia, del mismo modo que no habría que esperar menos de una de las estrellas del Ibex-35, como Inditex.

Hablamos de viscosa pero también de hidrógeno, en definitiva de energías verdes, y también de digitalización. Convertir Galicia en el Villar del Río del siglo XXI sería realmente imperdonable. 

@J_L_Gomez

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