Nunca se había visto tanta tensión entre el Ejecutivo y el supervisor de la banca, donde ahora manda un gobernador colocado por Mariano Rajoy, que tampoco pactó con el PSOE el nombre de la subgobernadora.
El Banco de España le ha tocado la cara al Gobierno con algunas observaciones sobre el estado de la economía española, el Ejecutivo le ha replicado de malas maneras a cuenta de la repercusión en el empleo del nuevo salario mínimo de 900 euros y el supervisor ha vuelto a plantarle cara al Gobierno de Pedro Sánchez.
Suele ser habitual que organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) o el Banco de España exageren a veces sus análisis de la coyuntura económica para centrar al Gobierno -el último grito en ese sentido son los incentivos fiscales que, según la Airef, podrían recortarse-, pero la tradicional controversia entre el Gobierno y el Banco de España ha trascendido el ámbito de ese juego político -meramente polémico- para adentrarse en una inusual tensión institucional, que tiene su propia explicación.
Formalmente, el Banco de España es el banco central español, cuya independencia -regulada por la Ley de Autonomía del Banco de España- es relativa por dos razones: 1) el Ejecutivo decide quien es el gobernador, que es nombrado por el Rey, a propuesta del presidente del Gobierno, y 2) su capacidad de supervisión del sistema bancario español se sitúa en el marco del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), lo que significa que supervisa junto al Banco Central Europeo (BCE), del que depende para casi todas las cosas realmente importantes. Por supuesto, el Banco de España ya no controla la política monetaria, competencia del BCE.
El actual gobernador del Banco de España es Pablo Hernández de Cos, que llegó de la mano de Mariano Rajoy (PP), con un mandato de seis años, con lo cual va a cohabitar con un presidente del PSOE, Pedro Sánchez, que cuando estaba en la oposición no pactó su nombramiento. La moción de censura dinamitó el consenso, que hubiese llevado al socialista catalán David Vegara al puesto de subgobernador, que terminó ocupando Margarita Delgado, ex directora general adjunta de supervisión en el BCE y la primera mujer en ocupar dicho cargo en la historia de la institución con sede en Cibeles. Dicho de otro modo, el PSOE no controla a quienes mandan en el Banco de España, más allá de sus complicidades con algún director general y de hacer valer su poder ejecutivo, que no es poco.
En 2002, el euro ya había traído consigo una pérdida considerable del poder del Banco de España, parte de cuyas competencias pasaron a manos del BCE. Después de unos años de bonanza llegó el crash de 2008 y durante la crisis financiera, el Banco de España tuvo varios papeles: político, supervisor, inspector y generador de supuestas soluciones. A día de hoy, su labor de supervisión y de inspección exigen aclaraciones, ya que hay dudas sobre su proceder. Es más, el supervisor presume de haber evitado que una liquidación de las entidades débiles contaminara a todo el sector, pero eso es cuando menos discutible.
¿Afecta negativamente al empleo la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros? El Gobierno dice que no, el Banco de España dice que sí. El gobernador Pablo Hernández de Cos apela a un estudio del supervisor según el cual el incremento del SMI hará que 125.000 personas pierdan su empleo, un 12,7% de los trabajadores con sueldos por debajo de la subida. Con datos en la mano, el Gobierno se defiende y le exige al Banco de España que se disculpe. Desde Cibeles mantienen el pulso.
@J_L_Gomez
