Hace unas semanas, la Red Localis, Red de Administración Local, presentó su último documento “Un renovado control interno local” elaborado por Roberto Fernández Llera y Marta Oviedo Creo, de acceso libre en www.redlocalis.com. En este informe, los autores realizan un exhaustivo trabajo sobre las repercusiones de la entrada en vigor del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.
Como se indica en el trabajo, la nueva norma trae importantes cambios en las funciones de control interno de los interventores locales. Son precisamente estos profesionales los que tienen que comprobar si las partidas presupuestarias municipales se ajustan al mandato legal y si el gasto permite mejorar la eficiencia de la gestión local. Seguro que todos ustedes conocen el trabajo que realiza el Consello de Contas en Galicia o el Tribunal de Cuentas a nivel nacional, pero hay un primer control, muchas veces desconocido por el ciudadano, que llevan diariamente los interventores.
Si no fuera por su papel como fiscalizadores internos, la gestión de los recursos públicos locales adolecería de grandes problemas. El trabajo silencioso para la ciudadanía de los interventores locales es clave para mejorar los niveles de transparencia en la administración municipal. Gracias a la nueva norma, los interventores locales disponen de nuevas herramientas y mayores competencias, lo que permitirá reforzar su capacidad de actuación, impulsando el control financiero y de eficacia.
NECESIDAD DE MEJORA
Desde la Red Localis se señala que de las Entidades Locales (EELL) que aplican el control básico de la propuesta de gasto, más de la mitad únicamente comprueban la adecuación y suficiencia del crédito presupuestario y la competencia del órgano que genera el gasto, algo que resulta claramente mejorable, si lo que se pretende es rendir cuentas a la ciudadanía. Además, más del 70% de estas entidades no realizan un control a posteriori; de hacerlo, este ejercicio de control se traduciría en una vigilancia mucho más exhaustiva del gasto. Por lo tanto, el ejercicio de fiscalización de las cuentas de las EELL es estos momentos muy reducido y necesita de una profunda mejora.
Para corregir esta situación, la nueva norma busca un control financiero de la intervención innovador, eficaz, transparente y proactivo. Por citar alguna nueva práctica, se plantea la necesidad de verificar de forma continuada las actuaciones de gasto desde la perspectiva económica-financiera, para cumplir con la legalidad. También se considera la necesidad de incluir un control de eficacia. Solo así, se podrá comprobar el grado de cumplimiento del gasto con los objetivos fijados, teniendo en cuenta el coste y el rendimiento de la provisión del servicio. Actuando de esta forma se conseguirán administraciones públicas locales más responsables, que es lo que demanda la ciudadanía.
Además, la nueva norma contempla la necesidad de que el control financiero se realice anualmente, aplicando las mismas normas que se vienen ejecutando en el sector público estatal, lo que supone un valor añadido a la gestión local, al equipararse las exigencias con la Administración General del Estado. Sin duda, esto es un gran avance, al ser necesario mejorar el escaso control financiero de las EELL. Como muestra un botón. Únicamente el 9% de las EELL ejercieron en 2015 esas actuaciones a posteriori, tal y como señala ha venido señalando el Tribunal de Cuentas. Esto es necesario corregirlo.
Desde la Red Localis se plantea una completa batería de recomendaciones, lo que redundaría en una clara mejoría de la actual situación de los órganos de control interno. Entre otras, el documento señala una revisión de las actuaciones y del personal adscrito al servicio de intervención local. Esto permitiría no solo mejorar la eficacia y calidad de los servicios, sino también de la gestión pública local, siendo especialmente importante en materia de prevención de la corrupción. Todos tenemos en mente situaciones que nunca se deberían haber producido derivadas del mal uso de los recursos públicos locales. Por ello, es muy necesario contar con mayores y mejores mecanismos de control. Paralelamente es preciso contar con mayor personal dedicado a las tareas de intervención, especialmente en los ayuntamientos de menor población, donde se suele carecer de personal especializado.
La Red Localis también considera necesaria una mayor relación de los mecanismos de control interno con los externos (Consello de Contas y Tribunal de Cuentas), algo deseable a todas luces, pero que no siempre se consigue, debido sobre todo a la inexistencia de mecanismo de coordinación y al desfase temporal en la aplicación de controles internos y externos. Finalmente, la Red Localis pone sobre la mesa la necesidad de garantizar una mayor independencia y autonomía de la función interventora. Esto permitiría evitar potenciales injerencias en la labor fiscalizadora de los interventores, siendo una de las máximas más deseables en la gestión pública.
A modo de resumen y cómo se señala en este reciente documento, para mejorar los mecanismos de control interno de las EELL es necesario disponer de más y mejores medios humanos y materiales, una mayor relación con el control externo y, finalmente, garantizar la independencia y autonomía de la función interventora. Esperemos que la nueva norma, garantice a corto plazo esta triada de necesidades. Nos va mucho en ello, tanto a los responsables públicos, como a la ciudadanía si queremos garantizar la máxima eficiencia en la utilización de los recursos públicos.
