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Nuevo plan de financiación del sistema universitario de Galicia

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ÁGORA ECONÓMICA

Nuevo plan de financiación del sistema universitario de Galicia

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En el último número de la Revista Gallega de Economía (de acceso libre en www.usc.es/econo/RGE/benvidag.htm) he publicado junto con la profesora Sara Fernández López de la Universidad de Santiago de Compostela, un artículo sobre el nuevo plan de financiación del Sistema Universitario de Galicia (SUG).

Siguiendo un esquema parecido al del PFSUG 2011-2015, el PFSUG 2016-2020 señala, al menos teóricamente, la necesidad de continuar con la financiación en base a objetivos, destinando, de forma paulatina, una menor dotación de recursos a la financiación estructural. Lo anterior, sin duda es un avance, en tanto que premia a las instituciones de educación superior más eficientes, o dicho de otra forma, aquellas que “hacen más con menos”. Sin embargo, si se realiza un análisis más exhaustivo, tal y como figura en el artículo referenciado, se pueden señalar algunos elementos que ponen en evidencia el alcance real de este objetivo y que conviene señalar.

TRES OBJETIVOS CLAVE

Desde la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia se ha señalado que el PFSUG 2016-2020 se basa en tres elementos. En primer lugar, el establecimiento de un horizonte suficientemente amplio de suficiencia y estabilidad financiera (5 años), para que el SUG posibilite un desarrollo ordenado. En segundo lugar, la definición de criterios de dotación presupuestaria siempre tomando como referencia el “coste estandarizado” de la docencia y los resultados relativos a docencia, investigación y transferencia. Y, como último elemento, la adecuación de la oferta con la demanda social; postulando para ello la orientación de la docencia, la potenciación de la formación continua y la transferencia de la tecnología y la mejora de la calidad educativa universitaria. Hasta aquí, elementos que todos compartimos, al ser deseables para mejorar el funcionamiento del SUG.

Para alcanzar esta triada de objetivos el PFSUG 2016-2020 contempla una dotación de partidas de 2.068 millones de euros, a la que hay que añadir las aportaciones procedentes de otras partidas no vinculadas directamente al PFSUG 2016-2020 (convenios con otras Consellerías de la Xunta de Galicia, Fondos Europeos, Fondos de la Agencia Gallega de Innovación, etc.). Para este segundo caso se estima un monto global de 410 millones de euros.

El crecimiento estimado de las dotaciones vinculadas directamente al PFSUG 2016-2020 se pretende que aumente por encima del 1,5% anual. Por su parte, la tasa anual de crecimiento del total de fondos, salvo en 2016, que alcanza un 10% para situarse en un nivel cercano al de 2011, se irá suavizando hasta llegar al 1,4% en 2020. Por lo tanto, se estima que las dotaciones económicas autonómicas experimentarán una variación positiva, a diferencia del periodo 2012-2015 que fueron todas negativas, reduciendo la aportación autonómica a los presupuestos de las universidades, lo que obligó a importantes recortes, sobre todo en el capítulo de personal, gasto corriente e inversiones reales. Por lo tanto, de cumplirse las previsiones de la Xunta de Galicia, durante el próximo quinquenio los fondos públicos a repartir por el PFSUG 2016-2020 serán de 2.478 millones de euros. De ser así, sería una buena noticia, ya que supone un aumento del 9,2% si comparamos con la financiación efectivamente percibida entre 2011 y 2015, años muy duros para el funcionamiento de las universidades gallegas.

AVANCES E INTERROGANTES

El PFSUG 2016-2020 supone ciertos avances con respecto a los planes anteriores, pero, al mismo tiempo, presenta ciertos interrogantes, algunos de compleja respuesta. Primero, una parte elevada de la financiación del SUG (sobre un 66% en 2016) se estableció en base a modelos de financiación que dependen de la demanda real de alumnos por universidad. Para ello, la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación ha optado por sugerir un modelo de “plantilla del Personal Docente e Investigador (PDI) adecuada”. Para ello considera una estructura del PDI donde el personal a tiempo completo destinaría una media de 180 horas a docencia, estableciendo una ratio de 1 catedrático/a por cada 6 profesores e investigadores a tiempo completo (en varias categorías). Ni que decir que esta proporción no es habitual que se cumpla. 

De seguir con este modelo las universidades gallegas más beneficiadas serán aquellas donde el PDI puede llegar a impartir hasta 320 horas de docencia anual, como consecuencia de su propia normativa de intensificación docente, por encima incluso del denominado “decreto Wert”. Esto puede ser así cuando el PDI no tiene un sexenio de investigación “vivo”. También se producirá cierta ventaja en aquellas universidades donde se mantenga la ratio catedrático/a entre otras categorías de PDI. Por el contrario, y como es evidente, perjudicará a aquellas universidades que se sitúen en el otro extremo. Por lo tanto, los efectos serán muy diferentes en función de la política universitaria aplicada.

Llegados a este punto es importante señalar que en algunas áreas de conocimiento existen problemas persistentes en la evaluación nacional de sexenios, y que se precisa apoyo institucional para corregir dichos problemas. O, dicho de otra forma, es necesario un sistema claro e inequívoco en la concesión de los sexenios, puesto que ahora ya están condicionando la carga lectiva del profesorado universitario. Además, no parece demasiado lógico que los criterios utilizados para la concesión de un sexenio y, por lo tanto, la exigencia para su consecución, medida por la tasa de éxito, no sean idénticos para todas las áreas de conocimiento.

En segundo lugar, en el estudio señalamos que no se conocen todavía los módulos de financiación por PDI y por PAS (Personal de Administración y Servicios), que son precisamente la “clave de bóveda” del PFSUG 2015-2020. Lo único que parece seguro es la necesidad de ajustar la plantilla a lo aconsejado por la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria. Tampoco queda claro el criterio para el cálculo del coste del PAS de apoyo a la docencia y la investigación, cuestión de gran transcendencia a la hora de determinar las transferencias corrientes percibidas por las universidades por alumno matriculado.

Otra cuestión pendiente de aclaración es la inclusión en el coste estándar por alumno universitario de aquellos que cursan los de doctorado y master, que son alumnos tan oficiales como los de grado. Lo anterior no sería un problema si su número no fuese elevado. Sin embargo, este alumnado puede superar las 1.000 plazas en algunas universidades gallegas. Si bien esta docencia es parte de la carga lectiva del profesorado y por lo tanto, computa a la hora de estimar su coste, va a generar una carga administrativa importante, y a tenor de las cifras, cada vez mayor, que se debería tener en cuenta en relación al coste del PAS. 

Asimismo, la financiación por objetivos o resultados, que el plan señala en torno a un 34% en 2016, en la práctica no va tener tanta importancia. Esto se debe a que hay subfondos, dentro de este bloque, que resulta complicado vincularlos a resultados. No se trata de cuestionar su necesidad, que no es el caso, sino de evitar de considerarlo como financiación por objetivos. Se puede poner como ejemplos las partidas de otros costes asociados a la enseñanza universitaria, que recoge entre otras la financiación destinada a la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), los Consejos Sociales de las tres universidades gallegas, la Fundación ROF Codina, y los Centros asociados a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la compensación de matrículas, que engloba la financiación para compensar a las universidades por los costes inducidos por la normativa estatal y autonómica. Desde un punto de vista técnico es difícil justificar estas partidas dentro del presupuesto de financiación por objetivos. Depurando estas partidas del porcentaje inicial, la financiación por resultados se reduciría al 28% de la financiación, seis puntos porcentuales por debajo de la cifra inicialmente estimada.

Unido a lo anterior hay que tener en cuenta que la financiación por objetivos contempla, en una parte importante, un reparto en base a outputs o resultados que son cuanto menos discutibles, tanto en su elección, al dejar de considerar a algunos que medían la demanda social, como en su cómputo, al no quedar suficientemente determinado que universidades con una dotación de medios diferentes compiten en igualdad de circunstancias. Por lo tanto, estamos ante una nueva oportunidad no aprovechada para mejorar estos indicadores que deberían ser lo que diferencian los planes “antiguos” de los “nuevos” en materia de financiación.

Asimismo, es paradójico que en algunos indicadores no se tenga en cuenta el tamaño de las universidades, siendo especialmente problemático aquellos que tienen un peso importante. Este sería, por ejemplo, la captación del talento investigador o ingresos por investigación. 

Tampoco se entiende que se haya prescindido de algunos indicadores que buscaban la adaptación de las universidades a las necesidades sociales, la relación entre la universidad y la empresa o el desarrollo de los campus universitarios no centrales. Por lo visto, y teniendo en cuenta lo anterior, parece que estas cuestiones ya han dejado de ser prioritarias en el modelo de financiación del SUG, cuando por el contrario si son señaladas como objetivos del nuevo PFSUG. 

En resumen, un panorama de luces y sombras en este nuevo PFSUG, que se aplicará en las universidades gallegas hasta 2020. Aún con todo, es necesario ser positivo. Desde del primer plan de financiación del SUG hasta el actual, se ha avanzado mucho y cada vez pesa más la financiación por objetivos, aunque su importancia, a nuestro juicio, debiera ser mayor y, sobre todo, consecuente con las políticas que persiguen el uso eficiente de los recursos. Afortunadamente, cada vez hay más luces y menos sombras en el sistema de financiación del SUG, pero todavía queda mucho camino por recorrer para garantizar un sistema de financiación adecuado.

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