Euro

Un país de chiringuito (público)

Una persona cuenta billetes de 500 euros sobre una mesa.
photo_camera Una persona cuenta billetes de 500 euros sobre una mesa.
España soporta unos 5.600 organismos públicos dependientes: la cifra se mantiene estable en el último lustro, tras un recorte centrado en el nivel local. En Cataluña se dispararon en los años del “procés” y en el Estado repuntaron desde 2018

Las nuevas advertencias de Europa sobre el déficit público que soporta España reproducen las de la anterior crisis: entre las medidas que exigió Bruselas al Gobierno de Rajoy para no aumentar el gasto público estructural se encontraba la racionalización de la administración pública. Ahí se activó la Comisión para la Reforma de la Administración Pública (CORA), de un impacto que se fue difuminando con el paso del tiempo. El último informe publicado data de 2016 y al margen de cifrar en 2.300 los entes dependientes de Estado, Comunidades Autónomas (CCAA), diputaciones y ayuntamientos que fueron suprimidos no entra a determinar el impacto real de esta acción en las cuentas. En el debe también sorprende la opacidad de Hacienda, que no da información específica de los directores, composición del consejo de administración ni sueldos que salen cada mes del erario público.

Los datos del Inventario de Entes del Sector Público (Invente) y diferentes informes ministeriales que se fueron publicando a lo largo de la última década permiten señalar que estos recortes en la "administración paralela" -fundaciones, sociedades, patronatos...- se frenaron tras la salida de la Gran Recesión. Desde 2015, pasado el CORA y las estrecheces económicas, el número de "chiringuitos" se encuentra en el umbral de los 5.600-5.700. A estos entes dependientes habría que sumar otras 13.000 estructuras de la administración general también recogidas en ese listado -diputaciones, ayuntamientos, entidades menores...-.

Diferentes intensidades

Los recortes tampoco fueron homogéneos. De hecho, si el estado tenía anexados 485 entes en 2012, en 2017 tenía 413 y en 2019 ya había volteado la tendencia y sumaba 451. El mayor esfuerzo se concentró a nivel local: respecto a la salida de la gran recesión anotan 1.100 menos, lo que según los expertos es uno de los factores que explican el superávit de los ayuntamientos junto a la contención del gasto y el reajuste fiscal. 

Las autonomías han tenido comportamientos muy dispares respecto a estos "chiringuitos". El caso catalán es paradigmático: en 2007 tenía 260 organismos dependientes de esa administración paralela y en 2019 ya eran 362. Un crecimiento inversamente proporcional al de sus servicios públicos -entre 2009 y 2015 fue la CCAA que más recortó en sanidad, un 26% según la Asociación de Directores y Gerentes de S.Sociales-. La segunda autonomía con más entes de este tipo es Andalucía. Su ejemplo ilustra también ciertos abusos: en 2018 se registraban unas 280 entidades dependientes, con 24.600 empleados. Tras el cambio electoral, el PP detectó una treintena de sistemas de gestión distintos y denunció incluso que había personas que cobraban de tres entidades diferentes. Anunció la supresión del 40% de estas estructuras pero dos años y medio después, atendiendo a los últimos informes no ha cambiado demasiado en el plano efectivo: se suprimieron medio centenar, pero 33 de las 48 eran unidades territoriales de empleo que ya estaban en liquidación desde 2010. A mucha distancia de Cataluña y Andalucía quedan ya Euskadi (154) y Madrid (149), que precisamente esta semana anunció la creación de la Oficina del Español para Toni Cantó.

En Galicia, la administración paralela en Galicia llegó a estar configurada por 157 organismos públicos (104 creados en la etapa de Fraga). Tras su llegada a San Caetano, Alberto Núñez Feijóo acabó cerrando medio centenar. El Tribunal de Contas señaló que los efectos reales de ese esfuerzo racionalizador solo alcanza el 1 por ciento del gasto, exponiendo cifras discutidas por la propia Xunta.

 

El coste de las teles públicas: 2.200 millones

El coste de RTVE y los 13 entes autonómicos supera en total los 2.200 millones de euros -a mayores habría que sumar el coste de las televisiones y radios municipales, golpeadas por la crisis del 2008-.

El presupuesto de RTVE creció en 2021 hasta los 1.127 millones, un 12,7% más que en 2018. De ahí, 1.065 millones (el 95%) beben directamente de las subvenciones públicas, en una corporación con 6.700 trabajadores -superando holgadamente la suma de trabajadores de Mediaset (1.500) y Atresmedia (2.500)-.

Por su parte, entre las 13 autonómicas suman en conjunto 54 canales de televisión y radio: la factura global alcanza los 1.100 millones de euros -unos mil millones por subvención-.

Con datos extraídos de los presupuestos de las CCAA, la Corporació Catalana de Mitjanas Audiovisuals es la entidad autonómica con mayor presupuesto: 245,18 millones de euros. En esta tabla le suceden la de Andalucía (176,94 millones), País Vasco (162,68 millones), Galicia (110,6), Madrid (83,05 millones), Valencia (68,16 ), Aragón (54,2), Castilla y la Mancha (51,69 millones), Canarias (50,43), Baleares (33,9), Extremadura (26,99), Asturias (24,64), Murcia (5,32), Melilla (3,31) y Ceuta (2,77).

 

Sánchez catapulta el número de asesores y altos cargos

Sorprende el número de asesores políticos y altos cargos con los que cuenta el Gobierno: incluyendo todas las entidades dependientes de la administración central, en 2020 la cifra superaba los 1.200 trabajadores fichados a dedo. Atendiendo a los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) , en 2021 la factura es la más alta de la historia: entre asesores (20,9) y altos cargos (31) alcanzan los 51,9 millones anuales. Una partida que no ha dejado de crecer desde que entró Sánchez en La Moncloa. Con Zapatero la cifra llegó a los 46,8 millones de euros en 2010. La Gran Recesion llevó a una contención del gasto: con Rajoy la factura pasó de los 42,1 millones en 2011 a los 39,4 en 2017. Fue el cambio de Gobierno el que giró la tendencia, casi duplicando el gasto en el apartado de asesores: de 12,4 en el último año de Rajoy a los ya mencionados 20,9 millones.

RECORTES EN LOS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

Contrasta cómo se han mantenido las cifras de esta administración paralela frente a los recortes en los sectores que sí dan un servicio real a la población. El peso del empleo público está por debajo de la media europea, tras muchos años de recortes y trabas para contratar. También choca el elevado número de “chiringuitos” si se atiende a que España es el país de la UE con menos empresas participadas mayoritariamente por el Estado, solo 16 (en 1985 tenía 130). Con participación indirecta, se pasó de 800 a 100. Controla el 1,9% del PIB. En UK es el 4,5% y en Italia, el 12,4%

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