El problema estructural del sector público se ahoga en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social
UNA RESERVA AGOTADA
En la hucha de las pensiones solo quedan 25.176 millones. Desde hace cinco años el Ejecutivo ha dispuesto en su totalidad de unos 74.000 millones de euros; y ahora Empleo anuncia que en diciembre, necesitará 8.700 millones más para garantizar el pago puntual de las 9,4 millones de prestaciones contributivas, de los 8,5 millones de pensionistas que tiene el país.
En enero, otros 1.000 más para abonar las retenciones fiscales. Hace ahora 18 meses y con destino a dos pagas coincidentes en junio, el gobierno retiró 3.750 millones y dispuso además de otros 2.780 millones procedentes de los excedentes de las mutuas de accidentes que se acumulaban en el Fondo de Contingencia de la Seguridad Social.
Un año después en el mismo período dispuso de otros 8.700 millones. Y en un “crescendo“ de premoniciones, en nada 9.700millones más. Los ingresos mensuales por cotizaciones ascienden a 8.500 millones de euros, las necesidades de tesorería con los que pagar la extra de diciembre de los pensionistas y la paga ordinaria de dicho mes suponen alrededor de 17.000 millones y el gobierno con un importante problema estructural en su sector público echa mano de nuevo de este Fondo de Reserva.
Y si las cotizaciones no dan más de sí como consecuencia de la reducción de los sueldos, el mercado laboral acusa una elevada precariedad laboral y la contención una inflación negativa, cabe añadir, que con la idea de generar rendimientos, el fondo está invertido en deuda pública española cotizada a bajos tipos de interés en los mercados. Pues, el fiasco está servido.
PERSONAS ELECTRÓNICAS
No es ciencia-ficción, la robótica y la inteligencia artificial darán como resultado que una gran parte del trabajo realizado por los seres humanos pasen a ser realizados por robots. Hay propuestas para que se consideren como “personas electrónicas”, con obligación de cotizar a la Seguridad Social, asumir una responsabilidad legal por sus acciones y con un estatuto jurídico propio con derechos y obligaciones específicas para los casos en que los robots tomen decisiones inteligentes, autónomas o de alguna manera interactúen con otros independientemente. ¿Se imaginan que a una empresa que invirtiese en maquinaria, Hacienda le implantase una tasa mensual por su uso? Seguro que vendería menos y ganaría menos con lo que pagaría menos impuestos. ¿Y a una cafetera o a un robot de cocina pagando impuestos? Aquí seguro que no. Pero poner límites para que unos paguen y otros no, también es un problema.
RECORTES SANITARIOS
No se dice en los corrillos oficiales, se maneja en la trastienda y de modo velado, pero cada vez hay más datos de que durante la recesión se ha desmantelado nuestro sistema sanitario dejando ganar espacios de negocio a las empresas privadas.
En fin: reducción de presupuestos sanitarios en alrededor de un 20% desde el año 2009; recortes en dotación de personal de un 21% en su partida presupuestaria, reducción de 450 camas hospitalarias y medidas privatizadoras en los hospitales: el Hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo, la ampliación del hospital de Ourense, el hospital de Salnés, el concierto con Povisa de Vigo, o la privatización del Laboratorio Central de Galicia; la mercantilización de la alta tecnología sanitaria a través de la creación de la figura del “socio tecnológico” que permite que las mismas empresas que fabrican los aparatos puedan controlar cuales son los equipos que deben adquirir los hospitales, fijar su precio e incluso decidir donde se ubican; o la exclusión de medicamentos ... y mucha lista de espera para curar enfermedades que son muy importantes.
Olvida parece el gobierno que es de prioridad absoluta poner los recursos sanitarios al servicio de la población.
ROZAS
El aeródromo de Rozas uno de los proyectos de mayor calado del ejecutivo del final de la presente legislatura asciende a unos 150 milones de euros de perimetraje, construcción de un nuevo hangar, mejora de la torre de control, dotación de sistemas de seguridad aérea y compra pública innovadora en tecnología relacionada con aviones no tripulados.
El proyecto centra su campo de acción en la resolución de los problemas propios de la Comunidad en actividades como la prevención y control de incendios, la vigilancia del medio marino, la mejora en el servicio de guardacostas o la gestión de emergencias y territorio.
Aunque las acciones descritas ya se realizan en la comunidad a través de empresas privadas que prestan sus servicios en este campo para la que usan drones de tamaño mini y de menos de 15 kilogramos de peso; que además, han manifestado su poco interés por la actividad de este polo tecnológico de aviones no tripulados de tamaño bastante más grande.
De momento las instalaciones han probado drones con fines militares y nada de sulfatar viñas, extinguir incendios o pasear banderolas por las playas.
