Según la asocación de consumidores FACUA, durante el período 2004-2014, los hogares españoles han experimentado un aumento del precio de la luz de casi el 73%.
Al igual que sucede con las empresas las economías domésticas deben afrontar, de forma periódica, una serie de gastos fijos, a los que hay que sumar aquellas partidas de naturaleza variable.
Los primeros son imprescindibles para las familias y por lo general consumen una parte importante de los recursos. Los variables son, en cierta medida, prescindibles, de forma que llegado el caso de falta de capacidad económica suficiente, se pueden eliminar o reducir notablemente su cuantía.
Dentro del primero de los grupos se encuentra el gasto en alimentación, vestido, vivienda y cierto tipo de suministros, como es el caso de la energía eléctrica, o de una forma más conocida, el precio de la luz. Debido al aumento de aparatos eléctricos y electrónicos en el hogar, la dependencia de la energía eléctrica es algo cada vez más patente.
Paralelamente se comprueba la aparición de un fenómeno sin precedentes hasta la fecha, que es la pobreza energética en muchos hogares. Se trata de familias, que si bien pueden satisfacer, aunque a niveles de subsistencia, sus necesidades de alimentación y vivienda, no pueden pagar el consumo que desearían hacer. Su escasa capacidad económica, aun teniendo un trabajo o cobrando una pensión, les obliga a reducir drásticamente su utilización o, en el peor de los casos, a prescindir de la misma. Esta situación, como es obvio, perjudica notablemente su calidad de vida. El encarecimiento de la factura eléctrica ha potenciado este problema, especialmente, durante aquellos meses con mayor demanda de energía.
A partir de un informe elaborado por la FACUA-Consumidores en acción, publicado el pasado mes de diciembre, durante el período 2004-2014, los hogares españoles han experimentado un aumento del precio de la luz de casi el 73% (52% si consideramos la evolución desde 2007).
Este importante aumento del coste de la energía debe considerarse, además, en relación al comportamiento de los salarios, que desde 2006 a 2013 y teniendo en cuenta la mediana del salario bruto (sobre esta cantidad hay que descontar la retención del IRPF y el pago de las cuotas a las Seguridad Social), recoge un aumento del 13,5%, esto es, la cuarta parte del incremento del precio de la luz.
Con estos datos y siguiendo la misma fuente, una familia pagaría casi 385 euros más al año que en 2004, situándose la factura de la luz en 2014 en algo más de 76 euros mensuales, frente a los 44 euros de hace una década.
Tomando como referencia a Eurostat el precio del kilowatio-hora en España estaría por encima de la media de la Unión Europea-27 y de la Eurozona (Tabla 1). Además, el precio del kilowatio-hora para las empresas es un 60% del coste que pagan los hogares. Desde una perspectiva comparada España ocupó, en 2014, la séptima posición de los países donde más se paga por la luz en la UE-27.
Sin embargo, esto no se debe no al precio del suministro de la luz, lo que sería el coste directo que la suministradora repercute al consumidor, sino sobre todo del resto de partidas que se incluyen en el recibo, que suponen el 60% del mismo. A estas cantidades se les ha venido a denominar eufemísticamente como “otros costes”, al no estar relacionados con el suministro que percibimos.
Vayamos por partes. En primer lugar, en la factura de la luz se incluyen dos impuestos, el Impuesto sobre el Valor Añadido, IVA (al tipo general del 21%), tres puntos porcentuales por encima de la media de la UE-15 y el Impuesto Especial sobre la Electricidad (5,12%) del que se benefician las Comunidades Autónomas. La presión fiscal asciende por lo tanto a más del 27%.
En segundo lugar, están los “peajes” o “tarifas de acceso” que al igual, que los impuestos, los fija en Ejecutivo Central. Bajo este concepto se incluye el importe a abonar por usar las redes de electricidad, principalmente el transporte y la distribución. Sin embargo, esto no acaba aquí, ya que los consumidores tienen que pagar, también, las primas a las energías renovables y al carbón, la moratoria nuclear, el déficit de tarifa (o desajuste entre la diferencia entre los ingresos y lo que cuesta producir la electricidad), el bono social, el funcionamiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, partidas y conceptos que repercuten en el coste final que asumen los consumidores. Por lo tanto, en el recibo de la luz hay muchas partidas y elementos que no reflejan el coste de suministro. Lo lógico sería pagar lo que realmente cuesta el servicio y no tener que soportar conceptos que poco o nada tienen que ver con la actividad que se contrata.
La buena noticia es que para 2015 el Ejecutivo Central ha decidido congelar los peajes, de forma que el importe del recibo de la luz dependerá, ceteris paribus, del precio del kilowatio. A lo anterior que hay que añadir la reducción de algo más del 3% del gas natural desde enero de 2015 y la moderación de los carburantes. Si a esto se le añade la rebaja media del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la primera que se aprueba desde 2007, que supondrá un 12,5% menos de impuestos por término medio. Este conjunto de medidas puede aliviar la situación a la que tienen que enfrentarse las familias en el día a día de su factura eléctrica. Aun así, sería conveniente reflexionar y plantear mecanismos que ajusten el precio de la luz a su verdadero coste.
