Un informe sobre el gasto en España con fuentes públicas y oficiales recoge reducciones de un 30%
A pesar de que los recortes han sido objeto de debate político y social en cuanto a sus efectos reales debido al cumplimiento de los límites de déficit marcados por el Ministerio de Hacienda que sigue a su vez instrucciones de la Comisión Europea, son escasos los trabajos que analizan en detalle la reducción del gasto público; esto es: dónde, en qué y cuánto se recortó. El sindicato de CC.OO. ha elaborado un informe sobre el gasto en España con fuentes públicas y oficiales, como es el informe que elabora la Intervención General de la Administración del Estado, y analiza el período 2009-2014, último año este con datos disponibles, por una razón obvia: en 2009 España alcanzó la cifra más alta de gasto público, que empieza a descender a partir de 2010 y lo hace hasta 2014.
Elaborado por el economista Manuel Lago bajo el nombre de Cartografía de los recortes, la principal aportación de este trabajo es el detalle en el análisis de las partidas de gasto. Son datos que no salen en las cifras macro oficiales y que ha producido en términos reales en este país una reducción del 30% del gasto público, que se ha traducido en un intenso recorte de la inmensa mayoría de los servicios públicos y de las prestaciones sociales
El déficit en el año 2009 de las cuentas del conjunto de las administraciones publicas se cerró en 118.237 millones de euros, una cifra equivalente a más del 11% del PIB, lo que obviamente es una situación insostenible en el medio plazo y que contrasta con el superávit de 21.620 millones alcanzado dos años antes, en 2007. Este enorme déficit tuvo su origen fundamentalmente en el desplome de los ingresos: cayeron en 69.501 millones entre 2007 y 2009 como consecuencia directa de la gran recesión. La respuesta inmediata por parte de los distintos gobiernos a este grave desequilibrio fue la reducción del gasto y solo en menor medida y con retraso aumentaron los tipos impositivos en algunas figuras tributarias. Pero como además hay partidas de gasto que crecen, fundamentalmente los intereses de la deuda y las pensiones, el intento de compensación del resultado final se produce por la vía del recorte en la gran mayoría de los servicios públicos y en las prestaciones sociales.
En 2014, el conjunto de las administraciones públicas gestionaron 30.824 millones de euros menos que en 2009. Una cifra que infravalora la dureza del ajuste y sus efectos reales sobre el bienestar; porque hay un número muy reducido de partidas de gasto que crecieron mucho, provocando una distorsión de la realidad. Es decir esa caída del gasto público se elevó aún más en 78.164 millones de euros, si de ellos se excluyen las pensiones, los intereses de deuda y el gasto energético. Una cifra que, en opinión del economista reflejaría mejor el retroceso sufrido en nuestro país por los servicios públicos, la protección social y las dotaciones públicas, que representa un recorte del 30% en términos reales y ocho puntos del PIB. En el análisis por la naturaleza del gasto se comprueba que los dos capítulos que soportan los mayores ajustes son la inversión y la remuneración de los empleados públicos. En los denominados gastos de capital se produce una caída de 40.569 millones de euros, una reducción equivalente al 61 % de una cifra inicial fácil de reducir a priori pero con unos costes enormes a medio y largo plazo en la competitividad del país, ya que limita su dotación de infraestructuras físicas, sociales y de conocimiento.
Por su parte, la remuneración de los empleados públicos retrocede en 10.626 millones de euros, un 8,5 % nominal por la devaluación salarial y el menor número de personas trabajando en el sector público. En la dotación de los dos grandes servicios públicos que configuran el núcleo del estado del bienestar: en salud y en educación, sumados, en 2014 se han gastado 18.400 millones de euros menos que en 2009. En el ámbito de la protección social, la prestación que más se reduce es la protección por desempleo: de 2009 a 2014, el gasto bajó en 7.231 millones de euros, cifra equivalente a una caída del 30 % en términos reales, pese a que se contrapone con que hay más pensionistas cobrando una pensión media más alta. El gasto en enfermedad e incapacidad laboral también disminuyó y en buena medida, se corresponde con la reducción del empleo, pero también con la reforma laboral y el abaratamiento del despido.
También en Galicia se le ha puesto número a unos recortes que el gobierno cuantifica de cero. Las áreas sociales de la Administración gallega perdieron entre 2009 y 2015 algo más de 1.000 millones de euros. Aunque en este caso las cuentas públicas de 2016 han traído consigo un cambio de tendencia ya que el total del presupuesto ha crecido unos 500 millones con respecto al pasado año. Unas caídas en el gasto todas ellas enormes, que aún así no reflejan el verdadero alcance de los recortes que si se deja sentir en el pálpito de la calle.
