La Consellería de Industria pretende atraer inversiones empresariales mediante la reducción de la burocracia y el aumento de las ayudas fiscales y financieras
Uno de los problemas de la economía gallega es su dificultad para atraer inversión extranjera que se agudiza con la fuerte competencia que se ejecuta desde el otro lado de la frontera portuguesa.
En respuesta el gobierno gallego anuncia la aprobación de la futura ley de apoyo a la atracción de inversiones. Un proyecto de ley que pretende incentivar el uso de la oferta de suelo empresarial poniendo en valor tanto la oferta actual disponible, como facilitar el desarrollo de nuevos proyectos de suelo industrial, eso sí en función de la demanda a atender.
En concreto, se autorizará la urbanización parcial de las áreas industriales ajustándose a la demanda real de suelo, y facilitará el pago aplazado y sin intereses en la compra de parcelas; hasta ahora con bonificaciones de hasta el 50% o con pleno derecho a la superficie. También, acercará incentivos fiscales en colaboración con los ayuntamientos. Y, finalmente, se creará el Censo de suelo empresarial para conocer pormenorizadamente las necesidades de los polígonos empresarias gallegos. La nueva ley también apoyará a los ayuntamientos gallegos en el desarrollo de medidas que permitan atraer inversiones a sus áreas empresariales. En especial, se recoge la opción de que los ayuntamientos gallegos puedan incentivar fiscalmente la atracción de nuevos proyectos, a cambio, el gobierno gallego les podrá compensar por el esfuerzo fiscal.
Otro eje principal de la legislación es la reducción de la burocracia en materia de inversión. En este caso se afrontará una profunda reforma en materia de gestión de permisos en materia de desarrollo de parques eólicos, infraestructuras hidráulicas, o en la gestión de la minería y del sector forestal. Sectores en todos los casos claves para el desarrollo económico gallego. La ley se concreta en temas como la puesta en disposición del sector energético de los MW no utilizados en los últimos concursos mediante la facilitación de trasmisión de los mismos, eso sí, con penalización. O la reducción de tiempos de gestión al hacer coincidir procesos y plazos en un mismo tiempo, a la vez que se simplifican procesos burocráticos. Esta simplificación es de especial interés en las medidas tomadas en el sector forestal que agiliza los trámites burocráticos de cortas y gestión del bosque. Lo que repercutirá en un mejor aprovechamiento y competitividad del sector extractor y de transformación.
La ley pretende reducir a la mitad el plazo de tramitación para poner en marcha nuevos proyectos industriales a través de un procedimiento único e integrado, que consiste en la tramitación conjunta de la autorización ambiental, la evaluación de impacto ambiental y, de ser el caso, el pertinente informe sectorial. En general la ley pretende reducir tiempos y trámites para poder ofertar un espacio competitivo e innovador a nivel mundial para el inversor internacional.
