Los acreedores del grupo de empresarial Marbar, con sede en la localidad pontevedresa de Tomiño, presentaron una demanda conjunta en el Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra en la que solicitan la puesta en marcha de un proceso concursal que permita cobrar sus deudas en base a un convenio y sin que sea necesario liquidar la citada empresa, cuyo propietario se encuentra en paradero desconocido desde el pasado 21 de enero.
El abogado de los afectados, Carlos Coladas, explicó que una vez reunida la documentación acreditativa de las deudas, cercanas a los tres millones de euros, se ha presentado la demanda cuyo objetivo es la realización de un convenio para liquidar las deudas y que la empresa siga.
Según explicó, en el caso de que la demanda sea estimada y el proceso judicial siga adelante, se publicaría el concurso para que se presentaran los posibles acreedores y se nombraría a la administración concursal encargada de proponer el convenio. Las empresas proveedoras que salieran como beneficiarias en este proceso cobrarían un mínimo del 50 por ciento de sus deudas y en un periodo máximo de 5 años.
En el caso de que los activos de la empresa no fueran suficientes para reponer este 50 por ciento, no se podría llevar a cabo el citado concurso y habría que liquidar la empresa, advirtió Coladas. De todas formas, explicó que, debido a que el proceso está en una fase inicial, es imposible saber ahora si podrá salir adelante o si finalmente se deberá proceder a la citada liquidación.
Además, recordó que los trabajadores de Marbar, grupo empresarial del sector constructivo, y las entidades financieras tienen prioridad sobre los proveedores en el cobro de las deudas. Por ello, una vez interpuesta la demanda, el colectivo de acreedores, que engloba a cerca de una treintena de empresas de suministros, también mantendrá conversaciones con los propios trabajadores de Marbar, entidades financieras y las administraciones públicas.
AYUDA DE LAS ADMINISTRACIONES.
Alrededor de unas 300 personas, entre representantes y trabajadores de empresas de suministros se concentraron hoy durante alrededor de dos horas en Tomiño y se entrevistaron con la alcaldesa del municipio, Sandra González, para exponerle la situación actual del problema.
Según explicó uno de los afectados, José Antonio Núñez, la regidora les manifestó su voluntad de ayudar en todo lo que pueda, ante la delicada situación en la que se encuentran algunos de los proveedores perjudicados, y ejercer de interlocutora con otras administraciones.
El colectivo de proveedores afectados propondrá a la Consellería de Vivenda la posibilidad de que se dé una salida al mercado como viviendas de protección oficial las viviendas de Marbar a las que hayan renunciado sus propietarios, una medida que esperan que se aplique a los pisos construidos por la empresa en A Cañiza.
