La Audiencia Nacional ha decido seguir adelante con el procedimiento judicial abierto por la demanda presentada por el Concello de Pontevedra sobre la prórroga de la concesión de la biofábrica de Ence en Pontevedra, pese al escrito de allanamiento presentado el día 8 de marzo por la Dirección General de Costas.
Mediante resolución judicial, la Audiencia Nacional ha otorgado plazo a Ence y al comité de empresa de la compañía, recientemente personado en el procedimiento, para que formulen contestación a la demanda del Concello.
En un comunicado, la compañía considera que esta decisión de la Audiencia Nacional constituye "una buena noticia" para las más de 5.000 familias de Galicia, muchas de ellas del ámbito rural, que dependen directamente de la actividad de la biofábrica de Pontevedra.
Cambio de criterio
Asimismo, Ence estima que la continuación del procedimiento es positivo para las miles de empresas que se podrían ver afectadas por el "sorprendente" cambio de criterio de la Dirección General de Costas en relación a la validez del reglamento de la Ley de Costas.
Pese a que el proceso sigue adelante, la diferencia es que Ence no cuenta ya con la defensa de la Administración General del Estado y, por lo tanto, su posición es menos sólida que hace unos meses.
Ence reitera que su actividad empresarial constituye un ejemplo de contribución a la bioeconomía, la economía circular y la sostenibilidad. "La actividad industrial de Ence se rige por los más altos estándares de responsabilidad medioambiental y los parámetros de sus plantas mejoran ampliamente las más exigentes normas y autorizaciones ambientales europeas y españolas", destaca la compañía.
Mientras, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha emitido una sentencia en la que establece que la empresa Ence debe pedir licencia municipal para poder hacer obras en su complejo industrial, un fallo que ratifica la paralización de unos trabajos por parte del ayuntamiento y señala que estos no tienen cabida en el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal.
De ello informó ayer el portavoz del gobierno local de Pontevedra, Raimundo González, quien ha calificado de "demoledora" la sentencia del Alto tribunal gallego, que da la razón al Consistorio por unas obras paralizadas en 2016 en la zona de pesaje de camiones y en las balsas de decantación.
Para el Ayuntamiento de Pontevedra, la sentencia es "demoledora" contra los intereses de Ence y demuestra el incumplimiento "manifiesto" de la legalidad vigente.
