El BNG acusó a la Xunta de dar un “trato de favor” a las empresas Monbus y Alsa después de conocerse que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ordenó a la Comisión Galega da Competencia (CGC) que incoase un expediente sancionador contra estas empresas “por indicios de haber podido repartirse el mercado”.
Por su poarte, el PSdeG exigió la renovación de la CGC para llevar a cabo el expediente por considerar que su “parcialidad” queda cuestionada en el fallo del alto tribunal gallego.
Después, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, respondió señalando que la Comisión Galega da Competencia es un órgano “independiente”. Rueda explicó a los medios que “el TSXG no se refiere al proceso de concesión que hace la Xunta, sino que se refiere a decisiones individuales entre empresas que yo no entro a valorar, lo hace el propio tribunal superior”, tras ser preguntado si va a cambiar o a exigir responsabilidades a los miembros de esa comisión, que preside Ignacio López-Chaves y cuyos vocales son María Teresa Cancelo y Daniel Neira Barral.
La mañana comenzó con una rueda de prensa ofrecida en la Cámara gallega por el diputado nacionalista Paulo Ríos. Dijo que su formación lleva “años” denunciando las “irregularidades, los incumplimientos y la connivencia” del Gobierno gallego con estas empresas. “Vemos como una vez más es la justicia la que tiene que dar la razón al BNG al existir indicios racionales de estas irregularidades”, indicó.
Tras recordar las denuncias presentadas por la CIG en las que el sindicato alertaba de los comportamientos contrarios a la libre competencia y avisaba también de los incumplimientos reiterados en los contratos adjudicados a esta UTE, el parlamentario autonómico consideró que no se pueden dar por buenas las declaraciones de la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, “echando balones fuera y negando sus responsabilidades”.
Acuerdo sobre lotes entre Alsa y Monbus
“Tanto los sindicatos, como el sector y ahora el TSXG sí que ven indicios claros de irregularidades, un acuerdo explícito entre Alsa y Monbus para repartirse los lotes y no compartir entre ellos. Todo el mundo ve los indicios, los únicos que no los ven son la Xunta, el PP y las propias empresas”, sostiene el BNG. Desde el PSdeG se pronunció la portavoz de Xustiza del PSdeG en la Cámara gallega, Paloma Castro, exigiendo la renovación de la Comisión Galega de Competencia por considerar que ha quedado “acreditada” en la sentencia su “parcialidad” y su “hacer contra la Ley de defensa de la competencia”.
La diputada del PSdeG también ve necesario aclarar “si se actuó de ‘motu propio’ o siguiendo las órdenes de alguna consellería”.
Por su parte, Alfonso Rueda advirtió que la Xunta “no puede entrar en la apertura o no de expedientes” ya que “son decisiones de un órgano independiente y poco más que decir”.
La sentencia se retrotrae a 2020, cuando ambas compañías concurrieron a través de una Unión Temporal de Empresas (UTE) a un concurso público de varios contratos de transporte por carretera. De las 29 concesiones que se contrataron, se presentaron a cinco en UTE. En 2021, la Comisión Galega da Competencia archivó las actuaciones a raíz de las denuncias que habían presentado la CIG y Travieso Consultores. Después, fue Travieso Software Transporte la que recurrió a la justicia la decisión de la Comisión.
