El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha reiterado hoy la oportunidad de la Ley de Medidas de Agilización Procesal, que acaba de entrar en vigor, y ha recalcado que permitirá agilizar los desahucios respetando todas las garantías.
Caamaño ha precisado, en declaraciones a los periodistas en A Coruña, que lo que pretende la ley 'es dar dinamismo y agilización a los procesos judiciales pero salvaguardando todas las garantías'.
'Eso es lo que pretendemos con el conjunto de reformas que se hicieron', ha señalado el ministro, quien ha destacado que 'va a permitir a todos los ciudadanos' saber que 'existe el compromiso de que, una vez que el demandado está localizado por la justicia y ha sido llamado por el juzgado, tiene que notificar cualquier cambio de domicilio'.
'Es lo mismo que ocurre en los procedimientos administrativos porque lo que está pasando en este tipo de juicios es que las personas que cambian de vivienda son difíciles de localizar y la nueva ley revierte esa situación y va a permitir agilizar las resoluciones y el tiempo de respuesta de los juzgados', ha apuntado el ministro.
Caamaño ha hecho estas declaraciones a su llegada al Colegio de Abogados de A Coruña, donde ha presidido el acto de entrega de la Cruz Distinguida de 1ª Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort al decano de la institución, Antonio Platas.
La Ley de Medidas de Agilización Procesal que ha entrado hoy en vigor permitirá acelerar el desahucio de viviendas por impago del inquilino y permitirá al propietario acogerse al sistema del proceso monitorio -rápido y sencillo- para la reclamación de las rentas y desahucio.
Esta norma, incluida en el plan de modernización de la Justicia del ministro Francisco Caamaño, acomete reformas destinadas a simplificar los procesos y acortar los tiempos de respuesta de los tribunales, mediante la eliminación de trámites innecesarios.
Entre otras, modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) al permitir que, una vez presentada la demanda por impago, el secretario judicial dé diez días al inquilino para que abone la cantidad adeudada, abandone la vivienda o presente las alegaciones por las que se opone al pago.
