Cobraban hasta 420 euros por una revisión y si el morador dudaba de la legalidad, les facilitaban un falso teléfono de empresa donde otro miembro de la banda respondía. Pudieron actuar en pueblos ourensanos.
La Guardia Civil ha arrestado, en el marco de la operación Electrogas, a tres vecinos de Santiago de Compostela de 23, 24 y 30 años como supuestos autores de hasta 54 delitos de robos con fuerza, estafas, hurtos y allanamiento de morada.
Todos estos hechos de los que se les acusa, informa el Instituto Armado en un comunicado, se habrían cometido en viviendas habitadas de distintas localidades de Galicia, simulando, para tal fin, ser instaladores autorizados de empresas eléctricas o de gas y cometiendo estos ilícitos penales con el conocimiento y la cobertura de una empresa legalmente constituida.
Esta operación policial tiene en concreto su origen en una vivienda situada en el término municipal de Becerreá (Lugo), donde el pasado año los autores se hicieron pasar por operarios de la luz para sustraer una cartera con una tarjeta de crédito en su interior, la cual utilizaron en diversos cajeros automáticos haciéndose con más de 2.300 euros.
La investigación de este delito condujo a los agentes hacia un grupo organizado que podía estar dedicándose a cometer esta tipología delictiva en diversos pueblos de la zona rural de Lugo, A Coruña, Ourense y Pontevedra.
Una vez se consiguió localizar a las personas relacionadas comenzó un arduo trabajo policial con el objeto de probar la autoría de los hechos investigados.
El modo de proceder de este grupo criminal, señala la nota remitida a los medios, consistía en ir a núcleos rurales habitados por personas de avanzada edad y, por tanto, más vulnerables, que residan solas en casas dispersas y en donde sea habitual el uso de gas butano.
Los detenidos, haciéndose pasar por técnicos autorizados en instalaciones y mantenimiento de electricidad o gas, entretenían a los moradores con argucias tales como firmar papeles u otra artimaña que distrajese su atención, mientras otro integrante de la banda aprovechaba para entrar en el interior de la vivienda y sustraer el dinero y las joyas que encuentra a su paso.
Además de los hurtos, cobraban cantidades abusivas de hasta 420 euros por realizar supuestamente una revisión de gas, que en ningún caso hacían.
Al hacerse pasar por revisores de instalaciones eléctricas les decían a los propietarios de las viviendas que tenían que revisar la instalación, solicitándoles un dinero por la revisión y emitiendo facturas de gas-butano que nada tienen que ver con los instaladores eléctricos autorizados.
Para realizar dichas estafas y hurtos aprovechaban el desconocimiento de los moradores de las viviendas sobre la regularidad y obligatoriedad de este tipo de revisiones consiguiendo entrar en las mismas de forma repentina, incluso sin consentimiento del titular y en algunos casos utilizando la fuerza.
En el caso de que los propietarios de las viviendas se negasen a pagar el dinero solicitado por los supuestos revisores, se dirigían a ellos con intimidación y amenazas, todo con la intención de atemorizar al morador que en la mayoría de los casos acababa cediendo y pagando el dinero solicitado.
Los hechos delictivos que cometían los supuestos operarios se realizaban todas las veces con el conocimiento y bajo el amparo de una empresa de servicio técnico de gas legalmente constituida.
Exhibían documentos a los moradores, presupuestos, facturas y contratos, donde aparecía un membrete con el número de teléfono, y si los moradores desconfiaban de que la revisión podía ser una estafa, les pedían que verificasen la "legalidad" de su actuación laboral, invitándoles a efectuar llamada al número reflejado, siendo el interlocutor telefónico otra persona relacionada con el grupo criminal el que avalaba la operación.
En alguno de los hechos delictivos denunciados confeccionaban presupuestos y facturas y comunicaban a los perjudicados que irían compañeros suyos a realizar el trabajo en días posteriores, pero esto lo cobraban por adelantado, sin que hubiese ese segundo paso.
Las fuerzas de seguridad hacen hincapié en la situación en la que se encuentran la gran mayoría de las víctimas que sufren las infracciones penales de los falsos revisores investigados, viviendo con un gran estado de nerviosismo y miedo por los hechos sufridos.
Mientras, estos supuestos operarios se encuentran sometidos a una estructura jerarquizada, utilizando para ello una empresa que les facilita la documentación, rinde cuentas y tiene conocimiento de sus actividades ilícitas.
El período de actuación del grupo criminal investigado utilizando una empresa como cobertura legal se remonta a hace un año aproximadamente, pues anteriormente los detenidos cometían las mismas infracciones penales con la tapadera de otras empresas del mismo sector.
En la investigación requisaron diversa documentación y uno de los vehículos utilizados.
Los supuestos autores de los delitos investigados en las presentes diligencias son reincidentes en hechos delictivos idénticos a los que se instruyen en la presente operación.
La investigación policial hasta el momento ha dado el resultado del esclarecimiento de un total de 54 delitos contra el patrimonio, donde consiguieron estafar y sustraer más de 48.000 euros, así como la detención de tres de sus autores, no descartándose nuevas detenciones.
