El Parlamento gallego desistió en el impulso de una recomendación al Consello de Contas para fiscalizar a las administraciones en las que se detecten casos de corrupción, pese a que todos los grupos se habían mostrado favorablemente a que se adoptasen estas medidas el pasado febrero. De hecho, ni PPdeG ni PSdeG presentaron resoluciones en este sentido, aunque los socialistas apoyaron las presentadas por el BNG y AGE.
El propio conselleiro maior de Contas, Luciano Fariña, se mostró 'consciente' de la importancia del problema de la corrupción durante la presentación del plan de trabajo para 2013, y aseguró 'tomar nota' de la petición oral que hicieron los grupos en su comparecencia, pese a las dificultades económicas.
En todo caso, a la hora de plasmar las recomendaciones que se hacen al Consello de Contas en nombre del Parlamento, el grupo que ostenta la mayoría y la principal formación de la oposición obviaron abordar los temas de la corrupción.
Mientras, una resolución de AGE fue rechazada por recomendación de los servicios jurídicos, si bien fue debatida otra -aunque no prosperó- en la que se pedía incorporar en el ámbito de la fiscalización un apartado específico que atuviese a las corporaciones locales en las que hubiese cargos públicos imputados.
El BNG, por su parte, incorporó una resolución en la que pedía 'elaborar un informe especial sobre la corrupción en el ámbito de las administraciones públicas' y, en especial, en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, afectado por las operaciones Pokemon y Manga.
La justificación dada por la diputada popular Herminia Pouso para no respaldar estas iniciativas fue que la corrupción son temas que están bajo la investigación de la justicia, y por lo tanto, el Consello de Contas no debería 'interferir'.
En todo caso, a la hora de plasmar las recomendaciones que se hacen al Consello de Contas en nombre del Parlamento, el grupo que ostenta la mayoría y la principal formación de la oposición obviaron abordar los temas de la corrupción.
Mientras, una resolución de AGE fue rechazada por recomendación de los servicios jurídicos, si bien fue debatida otra -aunque no prosperó- en la que se pedía incorporar en el ámbito de la fiscalización un apartado específico que atuviese a las corporaciones locales en las que hubiese cargos públicos imputados.
El BNG, por su parte, incorporó una resolución en la que pedía 'elaborar un informe especial sobre la corrupción en el ámbito de las administraciones públicas' y, en especial, en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, afectado por las operaciones Pokemon y Manga.
La justificación dada por la diputada popular Herminia Pouso para no respaldar estas iniciativas fue que la corrupción son temas que están bajo la investigación de la justicia, y por lo tanto, el Consello de Contas no debería 'interferir'.
