La comparecencia de las que fueran hermanas consagradas abre una brecha tras cerrarse la instrucción judicial, con 17 investigados, entre ellos el líder, aún en prisión
Los más de tres años y medio transcurridos desde la detención e ingreso en prisión del fundador de la Orden y Mandato de San Miguel han mantenido inquebrantable el apoyo de los que fueron sus principales seguidores, algunos de ellos también investigados por asociación ilícita. Así se descubrió esta misma semana después de que las fueran hermanas consagradas de la orden decidieran romper su silencio. No hicieron más que corroborar lo que otros miembros, durante algún tiempo en los inicios defendieron, que toda la causa es mentira.
Sin embargo, el juzgado de Instrucción de Tui cerró la investigación judicial y dictó un auto de procesamiento contra 17 personas, entre ellas Miguel Rosendo, a quien la Audiencia ha vuelto a denegar su puesta en libertad. El fundador de la asociación se ha convertido así en uno de los presos preventivos de más larga duración y podría agotar el máximo previsto, ya que la complejidad de la causa y el número de abogados de la misma podrían retrasar la celebración del juicio. Si la vista no se señala antes este año, Rosendo tendrá que salir en libertad a finales de año ya que no podrá estar más de cuatro en la cárcel sin haber sentencia. Las consagradas mantienen la inocencia de Miguel y aseguran que todo es un montaje. Todas ellas negaron cualquier abuso y argumentaron su peritaje ginecológico para demostrar su virginidad. No obstante, en la causa se recogen supuestos abusos sexuales que serían compatibles con dicha virginidad.
Negaron también cualquier tipo de brujería o de coacciones y apuntaron a que el procedimiento se mantiene por la declaración del capellán que destapó el caso. El juzgado incluye en su investigación judicial no uno sino varios testimonios que avalarían la supuesta conducta atribuida a Miguel.
En cuanto al tema económico, aseguraron que sólo se aportaba como socios una cuota anual de 12 euros, que en el procedimiento se eleva a 20 y que la casa de Mougás la levantaron con su esfuerzo Miguel y su mujer. No obstante, el juzgado recoge diversas donaciones que cifra entre los 1.000 y los 20.000 euros.
Marta Paz negó que la asociación hubiera quitado los bienes a su familia, porque era una familia humilde que no tenía bienes. Una situación muy similar a la de los padres de Ivana y Miriam Lima. El juzgado recoge que los padres de estas últimas entregaron dos millones de euros de las antiguas pesetas así como joyas y efectos por valor de 3.600 euros a Miguel.
Las consagradas trabajaban en una residencia en Madrid y allí siguen pero con un contrato desligado a la extinta asociación.
