HUELGA

Las claves para entender la huelga de los empleados de Justicia gallegos

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photo_camera Manifestación en Santiago.

La huelga comenzó el pasado 7 de febrero y aún hay muchas aristas  pendientes de limar entre los sindicatos y la Xunta

Los funcionarios de la Administración de Justicia de Galicia están en huelga indefinida desde el pasado 7 de febrero, un conflicto con muchas aristas todavía pendientes de limar entre los sindicatos y la Xunta, que se han reunido en tres ocasiones, todas interrumpidas por los convocantes de la huelga.

AFECTADOS

Todos los funcionarios de la Administración de Justicia en Galicia, unas 2.700 personas pertenecientes a cuerpos nacionales, están llamadas a una huelga que excluye a jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia, quienes tienen un régimen salarial diferente al depender, de forma directa, del Consejo General del Poder Judicial.

PARTES

Siete sindicatos -SPJ USO, Alternativas na Xustiza CUT, UGT, CSIF, STAJ, CIG y CCOO- se sientan en la mesa de negociaciones frente a la Xunta, representada por los directores generales de la Función Pública (Consellería de Hacienda), José María Barreiro, y Justicia (Vicepresidencia), Juan José Martín.

COMPETENCIA

El Estado traspasó, mediante el Real Decreto 2397/1996, de 22 de noviembre, a la Comunidad Autónoma de Galicia las funciones y servicios en materia de medios personales al servicio de la Administración de Justicia. La Xunta lo asumió el 20 de diciembre de aquel año. Aunque los trabajadores están regulados por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; esta establece en su Libro VI, Capítulo VI, que los funcionarios, en su salario, tendrán un complemento específico que "se fijará por el Ministerio de Justicia o el órgano competente de la comunidad autónoma, previa negociación con las organizaciones sindicales en sus respectivos ámbitos". Es este complemento el objeto de las negociaciones y no el resto del sueldo, que se aborda a nivel estatal.

¿Qué es el complemento autonómico transitorio?

Los trabajadores de Justicia tienen, además de su salario base, un complemento autonómico transitorio (CAT) que varía entre comunidades autónomas, aunque es idéntico para las cinco que no han transferido competencias -Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Murcia- y las dos ciudades autónomas -Ceuta y Melilla-, que dependen directamente del Ministerio de Justicia. El CAT gallego está entre los dos más bajos del Estado en todas las categorías -gestores, tramitadores y cuerpos de auxilio-, a excepción del territorio del Ministerio, que es inferior. En Galicia, el CAT se sitúa en torno a los 435 euros al mes para todos los profesionales (más otros 10 euros por productividad). El abanico estatal llega desde los 987 para los gestores en el País Vasco, como máximo, hasta los 387 para los cuerpos de auxilio en la zona que gestiona el Ministerio, como mínimo.

¿Por qué los funcionarios rechazan a José María Barreiro?

Los sindicatos se escudan en la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia. Esta matiza, en su preámbulo, que "en el caso del personal funcionario al servicio de la Administración de justicia en Galicia se produce, por imperativo del régimen constitucional de distribución de competencias, una exclusión prácticamente total del ámbito de aplicación de la ley". Por este motivo, consideran que la Consellería de Hacienda no debe estar en la negociación y se levantaron de la mesa en la última reunión, cuando anunciaron que no volverían mientras Barreiro fuese su interlocutor.

¿Por qué la Xunta defiende la presencia de Hacienda?

El propio Barreiro detalla que, como director general de la Función Pública, preside de la Mesa General de Empleados Públicos y preside también la mesa donde se aprueban los presupuestos de los diferentes sectores, por lo que ve lógica su presencia. Además, defiende la potestad del Gobierno gallego para elegir sus interlocutores como también hicieron los sindicatos.

¿Cuándo empezó el conflicto?

El 6 de noviembre de 2017 los sindicatos empezaron las asambleas que pasaron por las siete ciudades gallegas, que dieron pie a tres jornadas de huelga los días 1 y 13 de diciembre y 25 de enero, antes del inicio del paro indefinido, del 7 de febrero.

¿Cuáles son las posturas en materia salarial?

Los sindicatos empezaron el conflicto con la petición de un aumento lineal para todos los cuerpos de unos 400 euros mensuales, que más tarde rebajaron a 270 y ahora han disminuido hasta 225, que se aplicaría de forma gradual entre este año y 2020. El aumento del CAT este mismo año es una condición indispensable para ellos. Su objetivo es quedar, según explican, en la media del resto de comunidades autónomas, por lo que están abiertos a negociar.

La Xunta propuso, como última oferta antes de la huelga, un aumento de 75 euros al mes para gestores, 62 para tramitadores y 55 para cuerpos de auxilio, que se aplicaría entre 2019 y 2021. Ya con el conflicto en marcha, subió hasta 90 euros mensuales en el primer caso, 76 en el segundo y 68 en el tercero, a aplicar entre 2019 y 2020, la mitad en cada ejercicio. Descarta, en todo caso, cualquier tipo de subida este año al considerar que lo impide la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 y asegura que la oferta no es negociable.

Cada parte ha realizado tres acercamientos en materia salarial de manera alternativa. La última que ha movido su propuesta ha sido la sindical, pero el Gobierno gallego mantiene que no hará más movimientos.

¿Cuáles son las reclamaciones en cuestión de derechos?

Los funcionarios quieren no ser penalizados durante las bajas por enfermedad. Sus compañeros, de otras comunidades con competencias transferidas y del territorio del Ministerio, no sufren descuentos cuando están en situación de incapacidad temporal (IT). Ocurre lo mismo con jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia de Galicia, con los que comparten juzgados. Los trabajadores pretenden que se les aplique esta misma normativa y no la de los funcionarios de la administración autonómica, que sí tienen descuentos. Lo hacen porque consideran que no están enmarcados en el empleo público de Galicia. La Xunta mantiene que en la actualidad se negocia a nivel estatal la eliminación de esta reducción salarial y que, en cuanto se apruebe, les será de aplicación.

¿Cuáles son las exigencias en el ámbito laboral?

Los trabajadores piden recuperar 106 plazas que fueron amortizadas, convertir en puestos fijos aquellos refuerzos que se hayan prolongado durante más de tres años y, en el caso de los sustitutos, percibir el salario del trabajo que desempeñan, si este es superior a su categoría original.

¿Qué separa a las partes?

La diferencia en el aspecto salarial es máxima. Las partes ni siquiera reconocen cuál es la media estatal del CAT, pues los sindicatos entienden que a la hora de calcular este dato todo el territorio que gestiona el Ministerio cuenta una única vez y la Xunta lo divide en siete -cinco comunidades, Ceuta y Melilla-. Las medias calculadas por los sindicatos superan entre 52 y 41 euros, según la categoría, a las de la Xunta, que contempla, a la hora de hacer la media, siete veces el CAT más bajo del Estado. Con su tabla, el Gobierno gallego sitúa a los funcionarios entre los puestos sexto y noveno a nivel estatal, entre diecinueve. Los sindicatos aspiran a acabar en torno al sexto entre trece.

Tampoco hay acuerdo en lo vinculado a las bajas por enfermedad, que la Xunta pretende dejar pendiente de la firma del acuerdo a nivel estatal, mientras los sindicatos desean lograr el compromiso antes de que lo exija la ley.

El Gobierno gallego ve los otros tres puntos "canalizados" y los trabajadores reconocieron acercamiento de posturas. No obstante, en la última reunión, según los sindicatos, se alejaron los puntos de vista y la discrepancia fue absoluta. Estos añaden que no firmarán acuerdos parciales sino que necesitan consenso en las cinco reivindicaciones para desconvocar la huelga.

¿Qué piden para volver a negociar?

Los trabajadores reclaman que no dirijan el encuentro ni Barreiro ni nadie de la Consellería de Hacienda y solicitan mediación, descartada por la Xunta, a pesar de que en su día las partes sí acudieron al Consello Galego de Relacións Laborais.

La Xunta explica que está dispuesta a volver a sentarse, aunque solo citará a los sindicatos si nota voluntad de alcanzar acuerdos, a diferencia de las últimas reuniones, que calificó como "simulacro".

¿Cuál es el respaldo de la huelga?

Los sindicatos sitúan el seguimiento en torno a un 90 %. La Xunta lo mantiene sobre un 40 %, que subiría a un 75 % si se considera que los servicios mínimos y los ausentes con justificación respaldan los paros.

Entre los 2.700 trabajadores, según los datos oficiales publicados por Vicepresidencia, cada día al menos un millar ha hecho huelga, lo que supone un 37 %. Los servicios mínimos han estado en torno a 770 personas, un 28,5 %, una cantidad similar a la que ha acudido con normalidad a su puesto de trabajo.

¿Qué impacto tiene la huelga?

Todos los juicios, excepto las causas con preso y las que llevan vinculadas medidas de protección, han quedado suspendidos en Galicia desde el pasado 7 de febrero, con un cálculo, según los sindicatos, de unos 700 al día -según la Xunta no se celebran tantos al día en Galicia-, lo que acercaría la cifra a los 10.000 procesos, algunos aplazados hasta 2019. A esto hay que sumarle la cancelación de vistas o citaciones en fase de instrucción y los escasos trámites que realizan los registros civiles, que dejan pendientes todos los que no sean urgentes. El comité de huelga calcula que cada semana de huelga supone un año de retraso para la Justicia gallega.

Los bolsillos de los huelguistas también sufren las consecuencias, con unos descuentos que sitúan entre 60 y 80 euros al día, por lo que la huelga indefinida puede costar, a quienes la hayan hecho todos los días, entre 780 y 1.040 euros hasta hoy.

También notan el impacto económico el resto de profesionales vinculados a la actividad en los juzgados, como los abogados y los procuradores, o los que tienen su actividad cercana a las sedes judiciales, con menos afluencia de público.

¿Qué dice el Parlamento gallego?

El pasado 19 de diciembre de 2017 los cuatro grupos de la Cámara -PPdeG, En Marea, PSdeG y BNG- aprobaron una moción para instar al Gobierno gallego a atender las reclamaciones de los sindicatos. Respaldaron situar el CAT en "la media del resto de comunidades autónomas", negociar "un acuerdo tendente a alcanzar la eliminación de la discriminación en el ámbito judicial con otros cuerpos de funcionarios o autoridades en el tratamiento de las situaciones de incapacidad temporal" y solventar las otras tres demandas de carácter laboral.

¿Qué han hecho otras comunidades?

Las últimas en firmar acuerdos vinculados a un aumento del CAT han sido la Comunidad de Madrid y el Principado de Asturias, que rubricaron sendos convenios en 2017. Madrid aceptó una subida de 120 euros en el complemento, con 45 euros en 2017, 45 en 2018 y 30 en 2019. Asturias pactó aumentar 140 euros en total, 95 en 2018, 25 en 2019 y 20 en 2020.

En el caso de Madrid, el Gobierno central ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo, al considerar que quebranta lo establecido por los PGE de 2017, la misma consideración que esgrime la Xunta de Galicia para no aceptar una subida salarial para este año. La presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, ha mostrado su voluntad de defender lo firmado ante los tribunales. 

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