También llevó otras 24 adjudicaciones, como la redacción del PGOM, a una empresa cuyo representante es hermano de la interventora cesada por el PP.
El exalcalde de Santiago de Compostela Gerardo Conde Roa (PP) entregó a la jueza que instruye la 'Operación Pokémon', en la que está imputado, un total de 21 contratos a la empresa consultora de ingeniería Proyfe, que alcanzan los 1,6 millones en adjudicaciones realizadas en la época en que era alcalde el socialista Xosé Sánchez Bugallo -en coalición con el BNG-.
La consultora Proyfe tiene su domicilio social en la localidad coruñesa de Narón y, según la declaración de un testigo ante la jueza Pilar de Lara realizada el 13 de mayo de 2013, esta empresa pagó el conductor al que era presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Francisco Fernández Liñares, uno de los principales imputados en la supuesta trama de pago de sobornos a políticos a cambio de concesiones públicas.
De hecho, según esa testifical recogida en la nueva entrega sumarial, a la que ha tenido acceso Europa Press, este hombre explicó que le fue ofrecido el puesto de conductor sobre diciembre del año 2010, a través de una llamada de teléfono realizada desde la empresa Proyfe, en la que no conocía a nadie. Atribuyó la oferta de trabajo, por el que le pagaban 1.200 euros y dietas aparte, a que el propio Liñares pidió que fuese él su conductor y, de hecho, al que también fue concejal socialista en Lugo le agradeció, en el primer traslado que llevó a cabo, que le hubiese "buscado el trabajo en cuestión", según relató ante la jueza.
Entre la documentación aportada por Conde Roa a la jueza cuando acudió a declarar en julio de 2013, con su habitual bolsa de deportes marrón, se encuentran 21 contratos con esa empresa de la época del alcalde socialista Sánchez Bugallo, desde el año 1999 hasta 2010, según la documentación recopilada por Europa Press.
De ellos, el de mayor importe, de septiembre de 2001, se corresponde con la asistencia técnica y dirección facultativa de las obras de construcción de los aparcamientos subterráneos de Xoán Carlos I, San Xoán de Vista Alegre, Fontiñas y A Choupana. La adjudicación se hizo por 262.920 euros y salió a licitación por 292.134,86 euros.
De una cifra similar es el contrato de asistencia técnica para la supervisión pluridisciplinar (técnica y económica) de los proyectos ejecutivos del aparcamiento de la Praza Roxa y la aprobación del plan de seguridad, salud y coordinación durante la ejecución de esta obra. El importe de licitación era de 233.532 euros y la adjudicación, en noviembre de 2002, fue por 209.361 euros.
Otros contratos rondan los 160.000 euros, como es el de redacción y entrega de un proyecto de saneamiento de la cuenca del río Aríns, del 1 de julio de 2003, por 162.000 euros. En 2006, se hizo una modificación de la asistencia técnica del saneamiento del Aríns, que salió a licitación por 211.955 euros y se adjudicó a Proyfe por 162.464 euros.
ASISTENCIAS TÉCNICAS Y REDACCIÓN PGOM
Conde Roa también centró la documentación aportada ese día en 24 contratos relativos, fundamentalmente, a asistencias técnicas, junto con la redacción del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM). Fue adjudicado en 2001 en concurso abierto por 675.120 euros y se lo llevó la empresa Oficina de Planeamiento, cuyo representante es hermano de la interventora municipal que fue apartada de su puesto con la llegada del PP al Pazo de Raxoi en 2011 (el cese se hizo efectivo en los primeros meses de 2012).
Esta tanda de contratos, de fechas comprendidas entre 1999 y 2010, cuando gobernaba Bugallo, suman 2,34 millones de euros y, en su práctica totalidad, se refieren a la elaboración de proyectos de desarrollo urbanístico. Únicamente hay uno anterior, de cuando el bastón de mando le correspondía a Xerardo Estévez y que data de 1995, relativo al desarrollo del plan especial de Fontiñas, con un coste de 69.717 euros.
El mayor de los contratos en importe es el relativo a la redacción del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de Santiago, que fue aprobado en el año 2007 parcialmente y en 2008, de forma definitiva. Su redacción comenzó en 2001, con la adjudicación del proyecto, por 675.120 euros y un plazo de 20 meses, a la empresa Planeamiento Urbanístico. La licitación había salido con un coste de 751.265 euros.
Además, esta empresa, según la documentación aportada por Gerardo Conde Roa, consiguió, después de la redacción del PGOM, tres concursos por el procedimiento negociado sin publicidad, entre ellos uno suma 29.000 euros y otro 48.000 euros. Se corresponden con actuaciones en el parque de Belvís y la reurbanización de Galeras y Vista Alegre, respectivamente.
Al margen de la redacción del PGOM, de este conjunto de contratos facilitados a la jueza por Conde Roa -que también está imputado a raíz de la denuncia de un policía local y ha sido condenado por fraude fiscal-, se encuentra otra adjudicación a esta empresa por valor de 199.810 euros, del año 2000, y relativa a la rehabilitación del Camino Francés.
HERMANO DE MERCEDES ROSÓN
Por otra parte, la documentación que se ha incorporado al sumario de la Pokémon de la mano de Conde Roa también salpica a la concejala socialista Mercedes Rosón, a cuyo hermano le fue adjudicada una asistencia técnica aprobada en una junta de gobierno local en la que ella estaba presente, según figura en el sumario.
Concretamente, se trata de la adjudicación definitiva (en el marco de una contratación por procedimiento abierto) a Servicios de Colaboración Integral-Servimun, S.L. UTE, aprobada el 2 de junio de 2009.
Aunque como representante de la adjudicataria firmó Pascual Seguí Bañuls, el 17 de agosto de 2009 fue Luis Francisco Rosón Ferreiro, hermano de Mercedes Rosón, el que remitió un escrito al Ayuntamiento para justificar el trabajo realizado.
Concretamente, se trataba del plan de control tributario y relación de personal adscrito al servicio del contrato de asistencia técnica en materia de asesoramiento y colaboración en la comprobación e inspección fiscal de los tributos locales del Ayuntamiento de Santiago, es decir, del objeto del contrato adjudicado.
VIVIENDAS "CONSTRUIDAS DE FORMA ILEGAL"
Por otra parte, Conde Roa también entregó a la jueza un documento en el que denuncia que "a través del 'subterfugio' del residencial comunitario", en la época del bipartito local de Santiago "se calcula que 400 viviendas han podido ser construidos de forma ilegal".
Decía en ese escrito que se acudía al residencial comunitario "en fraude de ley" y se licenciaban "más viviendas de las permitidas", y cita como ejemplos de viviendas para las que se ha usado la figura del residencial comunitario inmuebles en Pontepedriña, San Lázaro, Santa Marta, la Vaquería o Carme de Abaixo.
