Currás mantiene la 'confianza' en su gobierno pero quiere el sumario 'íntegro' de la Pokemon

El alcalde de Santiago, Ángel Currás, ha aseverado que mantiene la 'confianza' en los integrantes de su gobierno, pero ha hecho hincapié en la necesidad de conocer 'el sumario íntegro' y de ver 'las declaraciones y la respuesta de otras personas' ante la jueza de Lugo que instruye la Operación Pokémon, Pilar de Lara.

'Yo tengo confianza en las personas, pero quiero conocer el sumario íntegro y no parcialmente, como se está entregando', ha sostenido, al ser preguntado por los periodistas, y ha lamentado que él mismo -imputado por cohecho y tráfico de influencias- todavía 'no' tiene el sumario que 'ya aparece en todos los medios'.

Esto, a su juicio, 'crea una enorme indefensión', por lo que ha apelado reiteradamente al 'respeto' a la presunción de inocencia de todos los implicados y a la 'prudencia' sobre un sumario del que todavía permanecen partes bajo secreto.

'Necesitamos conocer la integridad del sumario y de todas las actuaciones, y después ya hablaremos', ha abundado, convencido de que, de lo contrario, se puede 'hacer una interpretación parcial de una conversación o de una intervención en un momento determinado'.

Preguntado directamente si creía que se estaba malinterpretando, el regidor ha dicho que 'no', pero ha vuelto a decir que 'hay que tener todo el sumario' en lugar de estar 'periódicamente juzgando por una serie de partes del sumario aisladas' mientras 'continúan las investigaciones' sobre esa parte en secreto.


RECIBIÓ BOTELLAS DE VINO

Cuestionado acerca de los 'regalos' que los dirigentes de la empresa situada en el centro de la trama, el grupo Vendex, hacían a dirigentes políticos, Currás ha únicamente admitido que recibió 'tres botellas o cuatro' de vino.

'En el año 2011 me enviaron me parece que tres botellas o cuatro de un Rioja o un Ribera del Duero, sin mayor importancia. Y ni lo conocía', ha reconocido, pero ha opinado que 'una cosa es eso y otra cosa, otros regalos'.

Currás no fue designado alcalde de la capital gallega hasta abril de 2012, cuando Gerardo Conde Roa tuvo que dimitir tras conocerse que había defraudado a Hacienda 291.000 euros del IVA de 61 viviendas de protección oficial vendidas a través de su promotora.

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