La titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo, que dirige la "Operación Patos" por presuntos contratos irregulares en diez organismos públicos con las empresas Cespa y el grupo Eiriña, dejó ayer en libertad pero imputados a los cinco detenidos en la causa.
Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmaron que la juez les mantiene a todos los cargos de tráfico de influencias y cohecho y al concejal de Obras, como cargo público, además el de prevaricación.
El primero en llegar al Juzgado de Instrucción 7 fue el administrador del grupo Eiriña, Enrique Alonso, padre de la concejal popular en el Concello de Vigo, Alexia Alonso. Tras llegar en un furgón con lunas tintadas, fue trasladado por dos agentes, esposado ante la jueza y allí, aconsenjado por su abogado, el empresario se acogió a su derecho a no declarar debido a que las diligencias continúan bajo secreto de sumario. Unos quince minutos después, abandonaba, ya sin esposas las dependencias judiciales y se negaba a realizar cualquier declaración ante los medios, al igual que su letrado que ni siquiera quiso confirmar si su cliente había quedado en libertad tratando por todos los medios de evitar a la prensa, incluso modificándole el nombre al empresario al que llamó "David" y solicitando expresamente a la juez que prohibiera el acceso de cámaras fotográficas o la toma de imágenes en los pasillos.
A continuación fueron pasando uno a uno el resto de detenidos, el técnico de Cespa, Juan Ramón Alonso, quien cubrió su cara a la salida de los juzgados tal y como hiciera ya en el registro de la sede de la empresa en Santiago; el concejal de Obras de Nigrán, José Álvarez Valverde; el director general de Eiriña, Jaime Alvariños Villanueva y por último el delegado de Cespa en Galicia y Asturias, Alfonso Clemente.
Pasadas las tres de la tarde, todos ellos abandonaban las dependencias judiciales. Según explicó el fiscal, la imputación se mantiene y quedan a disposición del juzgado para cuando éste los requiera.
Según confirmó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, quedaron en libertad sin medidas. La causa permanece declarada secreta a la espera de los informes que se elaboren con la documentación incautada.
Durante el día de ayer, no se ordenó realizar ningún registro nuevo, excepto una recogida de documentación en un despacho de la Diputación de Pontevedra, que había quedado pendiente el día anterior, cuando se realizaron 17 registros.
La "Operación Patos", dirigida por el Juzgado de Instrucción número 7 en colaboración con la Fiscalía de delitos económicos de Vigo, fue desarrollada por miembros de la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía Nacional.
