El vecino de Elviña de 86 años enfermo, Manuel Martínez Ramallo, tenía hasta las 9 horas de hoy para dejar la casa que construyó con sus propias manos hace cinco décadas
Ha renunciado a la batalla y ha entregado las llaves aunque espera una solución a su problema, pues no tiene hogar y sí una deuda de 80.000 euros.
La situación del proyecto del Parque Ofimático llega a uno de sus momentos más delicados, hay trece familias que todavía resisten, algunos con la esperanza de que sus propiedades se desafecten -dejen de formar parte del proyecto- y otras con la de que se les elimine la deuda que han contraído al convertirse, de manera forzosa, en promotores por no acogerse a la primera expropiación de la zona.
El número se ha reducido después de que Manuel Martínez Ramallo, que con 86 años y una enfermedad del corazón abandonase la casa después de haber recibido hace apenas una semana la orden judicial.
Su yerno, Fernando Piñeiro, ha explicado, en declaraciones a EFE, que inicialmente les llevó una orden en la que hablaba de otra parcela y estaba a nombre de otra persona, aunque el concejal de Medio Ambiente, Urbanismo e Infraestructuras, Martín Fernández Prado, le dijo hace unos días "mira, que te queda una semana", y no tuvo la notificación correcta hasta el pasado día 25, sin derecho a réplica.
El desalojado, que había construido la casa con sus propias manos hace cincuenta años, "no quiere batalla, solo quiere cumplir las leyes aunque estén mal hechas" y por eso se ha marchado a casa de su hija, donde conviven seis personas en tres habitaciones mientras sus pertenencias y muebles están guardadas por otros allegados.
Como promotor forzoso tiene una deuda de 80.000 euros, de la que todavía le quedan 56.000 por pagar, y tiene derecho a que le abonen por su propiedad tras "una tasación irrisoria" 81.000 euros, de los que todavía no ha visto ni el primero, por lo que su balance al final de la operación serán "1.000 euros en el bolsillo y una parcelita pequeña para colocar una tienda de campaña".
Sin embargo, después de que se hayan reconocido sus derechos de realojo quiere que estos se cumplan y no como se plantea, con un alquiler social en el que, según le han dicho desde la casa consistorial, tendrá que pagar 220 euros al mes.
"Lo que le digo al señor alcalde es que nosotros queremos un realojo, no un realojo social, uno que tiene que pagar la gestora del Ofimático, no tiene que ser pagado por la ciudad de A Coruña", ha declarado.
De hecho, su suegro, con una pensión de más de mil euros al mes, no debería tener "derecho a un realojo social, sino a uno legal" hasta el momento en que se compre su edificabilidad, pues el día que la adquiera el Ayuntamiento, algo que le ha ofrecido, según explica, Fernández Prado, ya perderá ese derecho, pues tendrá dinero poder tener de nuevo un hogar.
Ha criticado precisamente el hecho de que se le ofrezca un realojo social en pisos "que están nuevos y sin ocupar, pero que tienen más de diez años", pues opina que en el actual contexto de crisis esos pisos se deberían estar aprovechados desde hace tiempo.
Otros trece continúan y la solución que se les plantea, de momento, también es la de ocupar una vivienda social como alquilado por una cantidad similar a la ofertada a Martínez Ramallo, medida que se ha planteado al resto de residentes, aunque la rechazan porque recuerdan que como están ahora no deben hacer frente a esos pagos por residir.
