Son mujeres en situación de especial vulnerabilidad, sin recursos, sometidas bajo coacciones, amenazas o intimidación a ejercer como esclavas sexuales. Las víctimas de trata son la cara más invisible de la violencia de género y forman parte de una trágica realidad no tan lejana. Sólo en Vigo y la provincia, el número de diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía respecto a delitos de trata de seres humanos se incrementó un 86% el año pasado. Además, las causas por prostitución coactiva pasaron de cero a 56 en el último año, según la memoria de la Fiscalía provincial.
“Afortunadamente, la sociedad tiene conciencia de lo que es la violencia de género, pero hay otros tipos, como la trata de personas con fines de explotación sexual, que no están tan visibilizados y eso tiene consecuencias”, explica el vigués Daniel Bóveda, responsable provincial de la ONG Accemm, que trabaja en favor de los colectivos más vulnerables.
La pandemia ha golpeado duramente a estas mujeres, atrapadas en un país ajeno, sin posibilidades económicas y sin apenas opciones. “Para conseguir algún tipo de ayuda tienen que acreditar jurídicamente que son víctimas de trata y en muchos casos es complicado”, asegura la abogada y colaboradora de Faraxa, Ana García Costas.
Su condición de víctimas de violencia de género está recogida la Ley Integral gallega pero en la práctica el reconocimiento no es tan sencillo y las alternativas escasas o nulas.
Concentración el pasado mes de septiembre en Vigo en apoyo de las mujeres empobrecidas prostituidas.
“Por desgracia las mujeres explotadas sexualmente se ven obligadas a volver a la prostitución”, asegura el responsable provincial de Accem, quien añade que “hay que acabar con el mito de que detrás de las víctimas de trata hay grandes mafias, porque a veces se trata de una explotación intrafamiliar”. Para Daniel Bóveda, “la mayoría de mujeres que se ven abocadas a prostituirse están sometidas de una forma u otra por la persona que las contrata”. Según explica, en Vigo, el estado de alarma ha cambiado la dinámica de estas mujeres. “Ahora, apenas hay prostitución en las calle, la mayoría se va a pisos y se ven obligadas a adelantar el trabajo por el toque de queda. Al bajar la demanda, también lo hacen los precios y las exigencias por parte de los consumidores”, afirma. Relata que “hace poco visité uno de nuestros pisos y había mujeres que después de haber conseguido normalizar su vida, han regresado de nuevo a la prostitución para poder hacer la compra o tener un plato de comida. Es desolador. En realidad la prostitución nunca les abandona porque las secuelas psicológicas son brutales”.
Cuenta además, cómo “en los foros se compra y vende a la mujer como si fuera un producto de Amazon. Los clientes exigen que sean ellas las que se desplacen para evitar riesgos con el toque de queda y solicitan todo tipo de servicios, aprovechándose de la situación”.
En Faraxa también se han detectado situaciones dramáticas. “Durante la pandemia se puso en marcha un plan de contingencia para mujeres en ámbitos de prostitución al margen del tiempo de residencia en el país, pero no se supo más”, explica García Costas. En la ONG para la que colabora acuden mujeres cuya situación hace sospechar que pueden haber sido víctimas de trata. “Algunas no sabían el idioma, ni moverse por la ciudad, era como si hubieran aparecido de la nada”, asegura y cuenta cómo hay un trabajo coordinado con la Fiscalía y la unidad especializada de Extranjería de la Policía, la Ucrif para un seguimiento de los casos.
Con la fase judicial comienza el calvario. “Son procesos larguísimos, que llevan muchísimo trabajo tanto para nosotros como para Fiscalía y Policía y que son muy difíciles de culminar. Si no se consigue que la víctima permanezca hasta el final y declare en juicio, el caso se pierde”, comenta.
“Depende del país del que procedan, los proxenetas las amenazan con creencias como el vudú, o con hacer daño a sus familias y eso hace que tengan miedo a denunciar”, añade Daniel Bóveda.
Junto a ellas hay otras imigrantes. Vecinas de Vigo, empadrondadas, con seguridad social, demandantes de empleo que por circunstancias de la vida han tenido que echar mano de la prostitución para poder sobrevivir. No llegaron captadas por una red, pero soportan el peso del sistema violento y machista que rodea a la explotación sexual. Lo denuncia el colectivo Os Ninguéns, que llegó remitir una carta al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, para exigir soluciones a las mujeres prostituidas empobrecidas, que no pueden optar al ingreso mínimo vital o la Risga por no contar con permiso de residencia. La situación para ellas, es “insostenible”, explica Antón Bouzas, de este colectivo que llevó a cabo varias manifestaciones con el objetivo de visbilizar el problema y solicitar una solución, aún por llegar.
El miércoles 25, con motivo del Día contra la Violencia de Género, se pondrá en marcha la campaña “Alza la voz contra la trata”, para visibilizar a estas otras víctimas.
“Hay mujeres que lograron normalizar su vida y ahora han vuelto a la prostitución para poder hacer la compra”
