El miembro de los Grapo Laureano Ortega, condenado por el asesinato del empresario gallego Claudio San Martín el 27 de mayo de 1988, abandonó ayer la prisión de Puerto III en El Puerto de Santa María (Cádiz). Ortega, al que se aplicó la doctrina Parot para alargar su estancia en prisión, ha salido de la prisión a las 16,30 horas en un vehículo por el aparcamiento de las instalaciones y en un clima de tranquilidad, según indicaron fuentes penitenciarias.
El grapo llevaba en prisión desde 1992, cuando fue detenido por ser uno de los integrantes del comando responsable del asesinato de San Martín. La Fiscalía solicitaba la excarcelación de Ortega basándose en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que anulaba la aplicación de la doctrina Parot.
Ortega, considerado como jefe de la banda terrorista e integrante del comando Josefa Jiménez, fue detenido en 1992 por la Guardia Civil en Santander y fue condenado por diversos atentados en la Audiencia Nacional.
HISTORIAL DELICTIVO
En 1994 fue condenado a 11 años de prisión por haber colocado dos bombas en la vía férrea Madrid-Badajoz, a otros 15 años por pertenencia a banda armada y por el robo en 1991 de las armas de dos vigilantes jurados en Zaragoza y a 36 años más por robar más de 122 millones de pesetas en una entidad bancaria tras secuestrar al apoderado de la misma.
En 1995, la Audiencia Nacional lo condenó a 27 años de prisión por atentar, en 1990, contra unas instalaciones petroleras de Repsol en Tarragona y planear el secuestro de un empresario madrileño, y en 1996 lo condenó a 26 años por el asesinato del empresario Claudio San Martín, quien se había negado a pagar el 'impuesto revolucionario' exigido por la banda en A Coruña en mayo de 1988. Hasta hora son ya más de 71 los terroristas beneficiados por la sentencia del pasado 21 de octubre del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Ortega, considerado como jefe de la banda terrorista e integrante del comando Josefa Jiménez, fue detenido en 1992 por la Guardia Civil en Santander y fue condenado por diversos atentados en la Audiencia Nacional.
HISTORIAL DELICTIVO
En 1994 fue condenado a 11 años de prisión por haber colocado dos bombas en la vía férrea Madrid-Badajoz, a otros 15 años por pertenencia a banda armada y por el robo en 1991 de las armas de dos vigilantes jurados en Zaragoza y a 36 años más por robar más de 122 millones de pesetas en una entidad bancaria tras secuestrar al apoderado de la misma.
En 1995, la Audiencia Nacional lo condenó a 27 años de prisión por atentar, en 1990, contra unas instalaciones petroleras de Repsol en Tarragona y planear el secuestro de un empresario madrileño, y en 1996 lo condenó a 26 años por el asesinato del empresario Claudio San Martín, quien se había negado a pagar el 'impuesto revolucionario' exigido por la banda en A Coruña en mayo de 1988. Hasta hora son ya más de 71 los terroristas beneficiados por la sentencia del pasado 21 de octubre del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
