La Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) no interpondrá un recurso judicial contra el incremento del canon de Sogama, después de que la comisión ejecutiva rechazase, con los votos de los alcalde del Partido Popular, la solicitud de PSOE y BNG.
El presidente de la entidad supramunicipal, el popular José Manuel Rey Varela, ha manifestado, informa un comunicado, que "los ayuntamientos tienen libertad de acción para tomar las decisiones que consideren oportunas en el ejercicio de su autonomía local" y la Fegamp se mantendrá al margen al detectarse "posiciones diversas".
Este organismo, señala la nota, mantiene su rechazo a la subida del 34% prevista para 2014, da "libertad de acción" y lamenta que no se pudiese alcanzar un acuerdo.
Rey Varela ha expuesto a la ejecutiva la labor de interlocución con la Xunta realizada para abordar esta cuestión, después de la solicitud expuesta por un grupo de regidores de Lugo y Ourense en las últimas semanas.
Según ha apuntado, tras los contactos con la Consellería de Medio Ambiente, está en posesión de afirmar que el actual contexto normativo del sector energético estatal y las previsiones de un nuevo reglamento aún más restrictivo y lesivo para los intereses de Sogama imposibilitaban abrir una negociación para "modular" la subida prevista para el 1 de marzo.
En su exposición, este político ha detallado que ante las dificultades del escenario "ni tan siquiera es posible recuperar el preacuerdo alcanzado en noviembre para retrasar la subida al 1 de julio y limitarla al 17% en el conjunto del año", medida que fue rechazada por diferencias en la Ejecutiva y que impidió su aplicación.
Rey Varela ha ratificado de nuevo que "ningún alcalde está de acuerdo" con este aumento "en las actuales circunstancias" y ha agregado que la Fegamp jamás "avaló esta subida, ni cuando negociamos en noviembre la medida paliativa de retrasarla al 1 de julio".
La Comisión Ejecutiva también ha analizado las consecuencias que para los ayuntamientos tiene la reforma local, después de sus primeras semanas en vigor, principalmente la cuestión relativa a la repartición de competencias entre las administraciones municipal y autonómica.
En este apartado, Rey Varela insistió en que hay abierto un canal constante de comunicación con la Dirección Xeral da Administración Local para estudiar los efectos de la reforma y adoptar las medidas oportunas que permitan mantener y garantizar servicios públicos de proximidad desde los ayuntamientos.
Al apartado de gastos de salud se ha dedicado una atención especial, puesto que según la disposición transitoria primera de la Ley 27/2013 del 27 de diciembre, las autonomías dispondrán de cinco años para asumir paulatinamente estos servicios sanitarios, a razón del 20% anual.
Según los datos de 120 ayuntamientos consultados directamente por la Fegamp, el gasto en centros de salud en los primeros once meses de 2013 ascendió a 2,63 millones, que se deben sumar a los 5,2 de los programas de atención a drogodependientes y otro millón más estimado en los planes de prevención.
"En total, será un gasto de alrededor de diez millones de euros", ha valorado Rey Varela, para quien "es esencial abrir un diálogo con la Consellería de Sanidad" que derive en la hoja de ruta para el proceso de transferencia de estos servicios al Sergas.
