El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha apuntado hoy que la decisión de anular el concurso eólico de la anterior legislatura y de arbitrar una ley para regular el sector supone un proceso 'blindado' respecto a que la CCAA tenga que hacer frente a indemnizaciones que pudiesen solicitar los beneficiarios.
En rueda de prensa tras el Consello semanal del Ejecutivo gallego, el presidente insistió en que este nuevo procedimiento trata de restaurar la legalidad y de establecer seguridad jurídica, ante la posibilidad de que las decisiones tomadas por el anterior Gobierno pudiesen acarrear la nulidad plena del concurso.
Núñez Feijóo destacó que si alguna empresa beneficiaria por el concurso, que se dirimió el pasado 26 de diciembre y en el que se repartieron entre 29 grupos empresariales 2.290 megavatios, cree que ha tenido gastos que puede reclamar, 'queda libre' para hacerlo, pero insistió en que esta misma tramitación le servirá para volver a presentarlo.
A juicio del presidente gallego, en todo caso, estos gastos no serían de gran relevancia, mientras también destacó que la ley habilita al empleo del canon para hacerles frente.
Pero, manifestó, 'no pensamos que haya indemnizaciones por esta decisión; lo que sí teníamos serias dudas de que nos metiésemos en un procedimiento de una enorme trascendencia patrimonial' si se mantenía un concurso 'con cuatro tachas de ilegalidad'.
Además, el jefe del Ejecutivo gallego insistió en que la nueva fórmula elegida por el Gobierno también trata de poner freno a cualquier posible especulación en el sector, ya que establece mecanismos para la transmisión de aprovechamientos eólicos.
Alberto Núñez Feijóo explicó que, tras escuchar los informes de la asesoría jurídica de la Xunta, el Gobierno acordó sustituir el decreto 'que creemos ilegal' por una ley 'que otorgue transparencia y rigor' a todas las explotaciones de energía eólica.
Al igual que había señalado ayer el titular de Industria, Javier Guerra, el presidente destacó que los informes revelan cuatro fallos jurídicos en el decreto eólico de la anterior administración, ante lo que el Gobierno ha planteado la necesidad de restaurar la legalidad y solventar estas deficiencias, que podrían acarrear, dijo, 'la nulidad de pleno derecho' del concurso.
Por ello, la Xunta suspendió hoy 'de forma expresa' el procedimiento en tramitación y dio el visto bueno al anteproyecto legislativo, de forma que el Parlamento de Galicia será el que autorice al Ejecutivo a anular el procedimiento del anterior Gobierno de coalición.
La norma establecerá un nuevo proceso de adjudicaciones, que según explicó el presidente, no supondrá un nuevo concurso, porque las nuevas concesiones no se concederán de golpe, de manera que se añada seguridad jurídica para que el proceso no pueda ser anulado en su totalidad en caso de que existiese algún problema formal.
Según Núñez Feijóo, esta autorización del Parlamento a desistir del concurso es la solución para evitar posibles indemnizaciones. A este respecto, insistió en que la decisión se toma porque nadie puede mantener un proyecto 'a sabiendas de que se está incurriendo en ilegalidades, y porque aún estamos a tiempo de hacerlo, dado que no hay ningún acto administrativo' todavía firme.
El presidente de la Xunta indicó que la norma añade transparencia al modelo de adjudicación y también se refirió a que, entre las garantías del nuevo proyecto, figura la exigencia de un aval del dos por ciento del proyecto empresarial, que no será devuelto hasta que esté totalmente ejecutado.
Respecto al canon que la norma establece para los molinos de viento, indicó que se crea para 'defender los intereses de Galicia', ya que se trata de un 'reparto de dividendos' entre los ayuntamientos, lo que garantiza que 'los beneficios se repartan entre los socios, los gallegos', señaló Feijóo, que informó también de que la Xunta mantendrá hoy una reunión con el sector para explicarle el proyecto legislativo.
Igualmente, apuntó que, cuando entre en vigor la ley, todos los parques eólicos, los que están funcionando y los nuevos, deberán pagar este canon, que supondrá luego un fondo medioambiental del que se beneficiarán más de la mitad de los Ayuntamientos gallegos en los que hay radicadas instalaciones eólicas.
En algunos casos, dijo, la mitad del canon se ingresará directamente en los ayuntamientos y el resto en la administración autonómica, aunque la mayoría será invertido en los municipios.
Núñez Feijóo destacó que si alguna empresa beneficiaria por el concurso, que se dirimió el pasado 26 de diciembre y en el que se repartieron entre 29 grupos empresariales 2.290 megavatios, cree que ha tenido gastos que puede reclamar, 'queda libre' para hacerlo, pero insistió en que esta misma tramitación le servirá para volver a presentarlo.
A juicio del presidente gallego, en todo caso, estos gastos no serían de gran relevancia, mientras también destacó que la ley habilita al empleo del canon para hacerles frente.
Pero, manifestó, 'no pensamos que haya indemnizaciones por esta decisión; lo que sí teníamos serias dudas de que nos metiésemos en un procedimiento de una enorme trascendencia patrimonial' si se mantenía un concurso 'con cuatro tachas de ilegalidad'.
Además, el jefe del Ejecutivo gallego insistió en que la nueva fórmula elegida por el Gobierno también trata de poner freno a cualquier posible especulación en el sector, ya que establece mecanismos para la transmisión de aprovechamientos eólicos.
Alberto Núñez Feijóo explicó que, tras escuchar los informes de la asesoría jurídica de la Xunta, el Gobierno acordó sustituir el decreto 'que creemos ilegal' por una ley 'que otorgue transparencia y rigor' a todas las explotaciones de energía eólica.
Al igual que había señalado ayer el titular de Industria, Javier Guerra, el presidente destacó que los informes revelan cuatro fallos jurídicos en el decreto eólico de la anterior administración, ante lo que el Gobierno ha planteado la necesidad de restaurar la legalidad y solventar estas deficiencias, que podrían acarrear, dijo, 'la nulidad de pleno derecho' del concurso.
Por ello, la Xunta suspendió hoy 'de forma expresa' el procedimiento en tramitación y dio el visto bueno al anteproyecto legislativo, de forma que el Parlamento de Galicia será el que autorice al Ejecutivo a anular el procedimiento del anterior Gobierno de coalición.
La norma establecerá un nuevo proceso de adjudicaciones, que según explicó el presidente, no supondrá un nuevo concurso, porque las nuevas concesiones no se concederán de golpe, de manera que se añada seguridad jurídica para que el proceso no pueda ser anulado en su totalidad en caso de que existiese algún problema formal.
Según Núñez Feijóo, esta autorización del Parlamento a desistir del concurso es la solución para evitar posibles indemnizaciones. A este respecto, insistió en que la decisión se toma porque nadie puede mantener un proyecto 'a sabiendas de que se está incurriendo en ilegalidades, y porque aún estamos a tiempo de hacerlo, dado que no hay ningún acto administrativo' todavía firme.
El presidente de la Xunta indicó que la norma añade transparencia al modelo de adjudicación y también se refirió a que, entre las garantías del nuevo proyecto, figura la exigencia de un aval del dos por ciento del proyecto empresarial, que no será devuelto hasta que esté totalmente ejecutado.
Respecto al canon que la norma establece para los molinos de viento, indicó que se crea para 'defender los intereses de Galicia', ya que se trata de un 'reparto de dividendos' entre los ayuntamientos, lo que garantiza que 'los beneficios se repartan entre los socios, los gallegos', señaló Feijóo, que informó también de que la Xunta mantendrá hoy una reunión con el sector para explicarle el proyecto legislativo.
Igualmente, apuntó que, cuando entre en vigor la ley, todos los parques eólicos, los que están funcionando y los nuevos, deberán pagar este canon, que supondrá luego un fondo medioambiental del que se beneficiarán más de la mitad de los Ayuntamientos gallegos en los que hay radicadas instalaciones eólicas.
En algunos casos, dijo, la mitad del canon se ingresará directamente en los ayuntamientos y el resto en la administración autonómica, aunque la mayoría será invertido en los municipios.
