Los trabajadores piden que sus saldos sean como los de sus compañeros de País Vasco, que son los que más cobran en España, porque defienden que "a igual trabajo, igual salario"
Funcionarios de prisiones se han concentrado este miércoles en el acceso a la prisión pontevedresa de A Lama para reivindicar la equiparación salarial de todos los compañeros con los de País Vasco, que son los que más cobran, porque defienden que "a igual trabajo, igual salario".
En la concentración de A Lama, celebrada entre las 7,15 y 10,00 horas de este miércoles, han participado unos 150 funcionarios, según datos de los convocantes, la mayoría trabajadores de la cárcel pontevedresa, a la que se sumaron delegados sindicales del penal coruñés de Teixeiro, entre otros.
El delegado sindical de Acaip, Pedro Vázquez, ha comentado que la de A Lama se incluye en las cuatro concentraciones celebradas este miércoles en cárceles de España con el objetivo de "retrasar el funcionamiento normal en las primeras horas de la mañana" en los centros penitenciarios.
Vázquez ha relatado que, a diferencia de otras localidades, en A Lama no se han registrado cargas policiales, y ha reducido a "algún empujón de agentes" la tensión entre antidisturbios de la Guardia Civil y funcionarios concentrados al bloquear el acceso.
Representantes de las secciones sindicales en Teixeiro y el Centro de Inserción Social de A Coruña de Acaip, CC.OO. y UGT acudieron hasta la entrada de la prisión de A Lama, según han asegurado, para concentrarse con sus compañeros.
Conflicto colectivo
El delegado sindical ha recordado que llevan "un año de conflicto colectivo", por lo que aprovechan las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para insistir en sus reivindicaciones, ya que estiman en "unos 155 millones de euros" la partida necesaria para la equiparación salarial.
Asimismo, reclaman que se cubran las 3.000 vacantes de trabajadores en los centros penitenciarios. Vázquez ha concretado que en las cárceles gallegas de Teixeiro y A Lama hay "un 15% de vacantes" en la plantilla, lo que estima entre "40 y 50 funcionarios".
Con todo, reprochan que "no hay voluntad" del Ministerio de Interior y subrayan que se trata de centros penitenciarios "de la misma administración" con desigualdades salariales.
