La futura Ley de Montes reducirá la franja de seguridad contra incendios forestales

El Consello de la Xunta aprobó ayer la que será la primera Ley de Montes de Galicia para luchar contra el minifundismo forestal y frenar el abandono rural, y que modifica la normativa de incendios al reducir de 100 a 50 metros la franja de seguridad de vegetación controlada alrededor de las edificaciones.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, acompañado por el conselleiro de Medio Rural, Samuel Juárez, explicó en rueda de prensa al término de la reunión del Consello del Ejecutivo autonómico el contenido y alcance de la nueva norma, que se someterá a consultas con el sector y se abordará en el Consejo Forestal previsiblemente a finales de este mes, y se remitirá al Parlamento.

Además de reducir esta franja de seguridad de vegetación en torno a las edificaciones para prevenir la incidencia de los incendios forestales, este proyecto de ley recoge también la disminución del espacio que contenga especies pirófitas o que favorezcan la propagación del fuego de 50 a 30 metros. 'Con ello se favorece el cumplimiento (de la ley) y se hace una regulación más realista', argumentó Juárez, quien aludió a los informes de los técnicos que revelan que las franjas anteriores son 'demasiado grandes y su cumplimiento dista mucho de ser óptimo'.

De esta manera, se nivelan además las responsabilidades ante estas franjas de vegetación, pues los propietarios de montes podrán reclamar perjuicios si los propietarios de edificaciones existentes y anexas no atienden a estas normas de limpieza. En cuanto a las nuevas, han de prever un espacio de 30 metros de separación de la población arbolada.

El objetivo de la Xunta, que aspira a lograr una concienciación social sobre la importancia del monte, es consolidar el 'liderazgo forestal' de Galicia, motivo por el que esta norma impulsa también la certificación de productos forestales, promoviendo así una capitalización del monte, y una calificación de competencias. Así, en cuanto a su capitalización, la norma contempla que en montes públicos y vecinales o de mano común la reinversión en la mejora del monte es del 40 % del aprovechamiento que genera.

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