Imputados dos jóvenes coruñeses por estafas en revisiones de instalaciones de gas en las comarcas de A Estrada y Deza

La Guardia Civil ha imputado a M.I.Z., de 32 años y nacionalidad marroquí y domicilio en Brión (A Coruña), y a G.B.V., de 31 años y con domicilio en Milladoiro, como presuntos autores de varias estafas en las revisiones de las instalaciones de gas existentes en domicilios particulares en las comarcas pontevedresas de O Deza y A Estrada
 

La investigación, que se mantiene abierta por el Puesto de la Guardia Civil de Lalín para el esclarecimiento de los casos que producidos por revisiones anómalas del gas, permitió la identificación de dos personas, a las que se le imputa la comisión de varias estafas en distintas viviendas de los municipios Pontevedreses de Dozón, Lalín, Silleda y A Estrada. Las víctimas pagaban cantidades en algunos casos superiores a los 300 euros y cuyos propietarios denunciaron estos hechos en dependencias de la Guardia Civil,

Durante el desarrollo de la investigación se ha observado que el 'modus operandi' empleado por los dos imputados, ambos con numerosos antecedentes policiales, consistía en personarse en los domicilios de sus víctimas, generalmente en núcleos rurales y viviendas habitadas por personas de avanzada edad, ante los cuales se identifican como revisores de gas, actividad para la que carecen de la preceptiva autorización y titulación habilitante al efecto.

Utilizaban para su desplazamiento un vehículo tipo turismo de pequeñas dimensiones, discreto, y que carente de cualquier logotipo, imagen o marca identificativa de la empresa para la que trabajan, según puntualiza el Instituto Armado.

Una vez conseguían convencer a la víctima de la supuesta obligatoriedad y necesidad de efectuar la revisión, realizaban el cambio de los tubos flexibles para la conducción del gas, por hallarse supuestamente caducados y la manipulación de aquellos electrodomésticos y calentadores de agua que funcionan con citado fluido, tarea para la que no utilizan ningún tipo de medidor o detector de fugas.

Tras efectuar la revisión, extendían una factura, generalmente con cantidades inferiores a los 400 euros para no sobrepasar la barrera que marca la ley para la calificación del hecho como delito, y con numerosos errores tipográficos (filiación del cliente, tipo de trabajo efectuado, dirección del domicilio errónea, etc.) a nombre de una empresa con domicilio social en la provincia de León.

NI COPIA NI RECIBO

Asimismo, solicitaban el abono inmediato de la misma y de la cual no dejaban copia o recibo alguno a las víctimas. En el caso de que las víctimas no dispusiesen de la cantidad requerida, ellos mismos se ofrecían a acompañarles a una entidad bancaria para efectuar la retirada del dinero.

Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lalín, donde tendrán que presentarse los imputados cuando para ello sean requeridos.

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