El valor de la mercancia que movieron desde Marín asciende a 2,2 millones de euros
Tres agentes de la Guardia Civil destinados en el puerto de Marín afrontan cinco años de cárcel acusados de integrar una organización que dispuso de tabaco para ponerlo en circulación en el mercado ilícito sin satisfacer ninguna clase de aranceles ni impuestos.
También se sentarán en el banquillo sus supuestos compinches, tres trabajadores de una empresa titular de un depósito fiscal en la Zona Franca de Vigo desde el que se realizaba avituallamiento de tabaco a buques, uno de ellos su responsable de administración y aduanas, para los que la Fiscalía pide cuatro años de prisión.
Uno de los acusados, sostiene el fiscal en su escrito, gestionaba y firmaba gran parte de la documentación aduanera; otros dos intervenían en la tramitación de pedidos y en la entrega física del tabaco y el cobro de las facturas; y los agentes cotejaban la entrega y la documentación y daban el visto para embarcar.
Todos ellos, afirma el ministerio público, urdieron "un plan" en el que fingieron inexistentes operaciones de avituallamiento en las que hacían figurar como destinatarios de la mercancía a buques que no lo eran en realidad y que en muchos casos estaban lejos de Marín o ya habían sido desguazados.
Añade que "todos o alguno de los acusados" dispusieron de la mercancía apañada para venderla fuera de los circuitos legales de comercialización sin que exista constancia del "destino concreto" que le dieron.
El valor del tabaco objeto de las operaciones de la supuesta trama ascendió a los 2,2 millones de euros; las cuotas del impuesto de labores del tabaco defraudadas, a 1,4 millones, el IVA defraudado a 354.000 euros, y los derechos arancelarios eludidos, a 5.631 euros.
También se sentarán en el banquillo sus supuestos compinches, tres trabajadores de una empresa titular de un depósito fiscal en la Zona Franca de Vigo desde el que se realizaba avituallamiento de tabaco a buques, uno de ellos su responsable de administración y aduanas, para los que la Fiscalía pide cuatro años de prisión.
Uno de los acusados, sostiene el fiscal en su escrito, gestionaba y firmaba gran parte de la documentación aduanera; otros dos intervenían en la tramitación de pedidos y en la entrega física del tabaco y el cobro de las facturas; y los agentes cotejaban la entrega y la documentación y daban el visto para embarcar.
Todos ellos, afirma el ministerio público, urdieron "un plan" en el que fingieron inexistentes operaciones de avituallamiento en las que hacían figurar como destinatarios de la mercancía a buques que no lo eran en realidad y que en muchos casos estaban lejos de Marín o ya habían sido desguazados.
Añade que "todos o alguno de los acusados" dispusieron de la mercancía apañada para venderla fuera de los circuitos legales de comercialización sin que exista constancia del "destino concreto" que le dieron.
El valor del tabaco objeto de las operaciones de la supuesta trama ascendió a los 2,2 millones de euros; las cuotas del impuesto de labores del tabaco defraudadas, a 1,4 millones, el IVA defraudado a 354.000 euros, y los derechos arancelarios eludidos, a 5.631 euros.
