El director de la Axencia Tributaria en Galicia, Ulpiano Villanueva, afirmó ayer en el Parlamento que la agencia estatal extremará su atención para facilitar a los pensionistas retornados del extranjero el cumplimiento de sus obligaciones. Villanueva respondió en comisión parlamentaria a una pregunta del BNG sobre los emigrantes gallegos que perciben pensiones del extranjero y ahora son objeto de expedientes sancionadores por no haberlas reflejado en sus declaraciones a Hacienda.
El representante de la Xunta señaló que el pasado lunes se había recibido una comunicación de la agencia estatal, dependiente del Ministerio de Hacienda, en la que respondía a los requerimientos anteriores de la conselleira de Facenda sobre este asunto. En ella, la administración central informaba del desarrollo de una campaña de información, de que se prestará una especial atención a los expedientes sancionadores y de que se había indicado a las unidades recaudatorias que se tuviesen en cuenta las circunstancias de los sancionados y sus dificultades, para facilitar el pago de las cantidades que les correspondiesen.
En la presentación de su pregunta, la diputada Tereixa Paz lamentó que la agencia gallega no tuviese competencias en este asunto y recordó el acuerdo unánime, 'de mínimos', del Parlamento gallego para que la agencia estatal flexibilizase los plazos de pago y no considerase a los afectados como defraudadores. Para Paz, desde la aprobación de ese acuerdo, la situación de los afectados empeoró, porque cada vez son más, se plantea extender el problema a otros países y no hay voluntad de rectificación por la agencia estatal y sí 'insensibilidad' por parte del Gobierno, hasta tal extremo, que calificó la actitud del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de 'ensañamiento', y concluyó que no se puede considerar defraudadores a estos pensionistas.
En la presentación de su pregunta, la diputada Tereixa Paz lamentó que la agencia gallega no tuviese competencias en este asunto y recordó el acuerdo unánime, 'de mínimos', del Parlamento gallego para que la agencia estatal flexibilizase los plazos de pago y no considerase a los afectados como defraudadores. Para Paz, desde la aprobación de ese acuerdo, la situación de los afectados empeoró, porque cada vez son más, se plantea extender el problema a otros países y no hay voluntad de rectificación por la agencia estatal y sí 'insensibilidad' por parte del Gobierno, hasta tal extremo, que calificó la actitud del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de 'ensañamiento', y concluyó que no se puede considerar defraudadores a estos pensionistas.
