La Audiencia de Lugo ordena investigar casos de prostitutas forzadas a renunciar a sus bebés
La Audiencia de Lugo ordenó que el juzgado tome declaración en calidad de imputadas a al menos ocho personas, en relación a las irregularidades denunciadas en procesos de adopción de niños en la provincia de Lugo, investigadas en el marco de la conocida como 'Operación Bebé', que fue abierta hace cuatro años. En el año 2010, el Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo abrió una instrucción a raíz de una denuncia interpuesta por un grupo de abogadas del turno de oficio sobre madres que alertaban de que habían sido obligadas a renunciar a sus bebés y darlos en adopción con presiones y engaños.
Además, en el marco de la 'Operación Carioca', que se centró en una red de prostitución y corrupción que operaba en Lugo, la juez Pilar de Lara recabó también relatos de prostitutas que denunciaban este mismo tipo de hechos delictivos, por lo que dedujo testimonio de este 'hallazgo casual' y remitió las declaraciones a la 'Operación Bebé' por si pudiesen ser de ayuda.
En un primer momento, se hizo cargo de esta instrucción la titular del Juzgado número 3 de Lugo, Estela San José, quien ordenó registros en el servicio de menores de la Xunta y en el centro de atención a embarazadas y madres con problemas Hogar Madre Encarnación. No obstante, Estela San José se inhibió por amistad con una de las abogadas del turno de oficio que representaba a una de las víctimas, de forma que el caso pasó a ser instruido por la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Lugo, Sandra Piñeiro.
Citaciones
Esta juez citó a declarar como testigos a varias personas por las irregularidades denunciadas en procesos de adopción, pero ahora la Audiencia de Lugo decide que deben declarar como imputados y también ordena a la magistrada entregar el sumario de la causa a las partes personadas "en el menor período de tiempo que sea posible", dado que ya no está bajo secreto. No obstante, establece la salvedad de "aquellos datos que resulten de carácter confidencial", partes que deberán ser "eliminadas".
En un primer auto, la Audiencia de Lugo ordena al juzgado tomar declaración en calidad de imputadas a la subdirectora médico del Hospital de Burela, a la trabajadora social de este mismo centro y a la técnico facultativo del número 9 del Servicio de Menores. En el Hospital de Burela dio a luz una de las madres que denuncia que su bebé le fue arrebatado. Se trata del caso de una mujer de nacionalidad argelina, que no dominaba el español y a la cual no le fue facilitado un servicio de intérprete.
En un segundo auto "aclaratorio" del anterior, la Audiencia de Lugo también ordena que se le tome declaración como imputadas a cuatro personas más, entre ellas quien era madre superiora del Hogar Madre Encarnación, un centro de acogida de embarazadas y madres recientes con problemas, así como funcionarios del servicio de menores y trabajadores sociales de la localidad.
En este auto también se ordena, sin identificarlos, tomar declaración como imputados a los facultativos de menores que firmaron en el expediente de una de las denunciantes. De esta forma, como mínimo, deberán testificar con abogado dos facultativos.
