Calificó de 'obligación moral' sufragar la protección juridíca de Adrián Varela, en la 'Pokemon'

Un informe avaló el pago de la defensa de un edil santiagués

El edil Adrian Varela (izq), en un encuentro con el presidente del Judo Compostela, Javier Rial.
El concejal delegado de Deportes del Ayuntamiento de Santiago, Adrián Varela, solicitó al Consistorio que sufragase los gastos derivados de su defensa por su imputación por tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental en el marco de la 'Operación Pokémon', en la que también está imputado, entre otros, el regidor, Ángel Currás. Esta petición fue elevada, con un informe jurídico, a la junta de gobierno local del 30 de mayo, que aprobó entonces 'iniciar un proceso de contratación de asistencia jurídica'.
El concejal era imputado por supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental. Adrián Varela era en su momento el cuarto miembro del actual equipo de Gobierno compostelano involucrado en el 'caso Pokémon'. En total, en lo que va de mandato siete ediles -seis del PP y uno del PSdeG- han resultado imputados, de los que sólo dos han dimitido: el exalcalde, Gerardo Conde Roa, y el exconcejal de Seguridade, Albino Vázquez.

El informe jurídico de la secretaría del Ayuntamiento compostelano avala que se sufraguen los gastos de defensa del edil alegando que 'no habiendo una obligación legal expresa, sí que es una obligación moral de toda la corporación local el resarcir a sus miembros de los gastos de su defensa jurídica'.

Lo contrario, argumenta, 'podría suponer que sólo las personas con capacidad económica suficiente para asumir los gastos podrían ejercer cargos públicos a nivel local, puesto que bastaría con interponer denuncias en vía penal para obligar a la renuncia del cargo a aquellas personas que careciesen de los recursos necesarios para afrontar los gastos, que pueden ser de muy elevada cuantía'.


ACUERDO MUNICIPAL

De esta manera, el informe jurídico concluye que 'sí resulta conforme a derecho' un acuerdo municipal para sufragar los gastos de representación y defensa procesal en los que incurran los miembros de la corporación, para lo que señala que es 'preceptivo' que exista un acuerdo previo de la junta de gobierno.

Finalmente, se propone que se apruebe que los gastos de representación y defensa procesal del concejal sean asumidos por el presupuesto municipal de acuerdo a los derechos que como miembro de la corporación le asisten a favor del abogado Javier Míguez Poza, sin perjuicio de la posterior fiscalización que se derive de las minutas.

En el informe también se citan sentencias del Supremo en las que se hace un reconocimiento expreso del derecho a asistencia jurídica de alcaldes y concejales. También señala que 'no puede entenderse que la conducta realizada fuese en el ejercicio de sus funciones, sino abusando de ellas', en el caso de responsabilidades criminales.

Te puede interesar