La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) han presentado sendas enmiendas de totalidad contra el proyecto de ley de Ordenación de los Transportes Terrestres reclamando su devolución al Gobierno al considerar que la norma propuesta provocará un aumento de la competencia desleal en el sector y también podría incrementar la accidentalidad.
Según consta en el texto de IU-ICV, que recoge Europa Press, el proyecto 'profundiza en las lagunas y carencias' de la actual normativa de Ordenación de los Transportes Terrestres, vigente desde 1987 y que la Izquierda Plural califica como 'economicista y sesgada hacia aspectos muy predominantemente mercantiles, que obvian que el transporte constituye un instrumento primordial de satisfacción de derechos ciudadanos'.
La propuesta que ahora se tramita, y que pasará su primer debate parlamentario el próximo jueves en el Pleno del Congreso, también cae en esos pecados, y ni siquiera cumple, según IU-ICV, los objetivos que el Gobierno se ha marcado, o 'lo hace de forma contraproducente'.
ADAPTAR LA NORMA A LOS REGLAMENTOS EUROPEOS
Así, la coalición de izquierdas señala que el proyecto de ley pretende adaptar a la normativa española diversos reglamentos europeos sobre esta materia pese a que 'en Bruselas se siguen debatiendo' y 'el propio Consejo de Estado señala que la revisión de la ley no es necesaria'.
Además, los preceptos traspuestos no son acordes con el 'espíritu' de los reglamentos comunitarios, ya que apenas existen modificaciones para reforzar los requisitos de establecimiento, eliminar el falso cabotaje, buscar mecanismos de honorabilidad y respeto a las tarifas, o estructurar el sector para evitar la proliferación de prácticas no deseables, que son algunas de las preocupaciones que sí están teniendo en cuenta otros países de la UE que también están abordando esta problemática.
Con respecto a las modificaciones en las infracciones y el régimen sancionador, IU-ICV alerta de que se reducen las multas un 30% de media y se introducen 'incentivos que podrían hacer rentables determinadas conductas infractoras', precisamente en un momento en que 'están creciendo las irregularidades y la accidentalidad'.
Eso, sumado a que 'se pretende extender la corresponsabilidad al conductor para eximir a las empresas del pago de sanciones' podría conllevar un aumento de la accidentalidad, especialmente dado que 'quienes obligan a saltarse los límites de conducción y cliente son los clientes'.
El riesgo en la seguridad vial se ve incrementado aún más si cabe con los cambios que se introducen con relación a la concesión de autorizaciones para transporte en vehículos de hasta 3,5 toneladas, que quedan eximidos de muchos requisitos para acceder a la actividad del transporte y tampoco tienen que realizar el actual visado periódico, lo cual 'deja fuera de control y supervisión el cumplimiento de los requisitos administrativos y técnicos de miles de vehículos'.
'El texto del Gobierno muestra una marcada animadversión hacia la acción el control público', lamenta la Izquierda Plural, que defiende que 'lo necesario es establecer un control especial sobre esa categoría de vehículos y no una desregulación, que podría suponer además la entrada masiva y desordenada de personas no profesionales en el sector del transporte libero'.
SE PODRÁ VENDER A PÉRDIDAS
IU-ICV critica asimismo que la normativa 'olvida' los problemas reales del sector, como la subcontratación sucesiva, el empleo ilegal o las inspecciones, y abre la puerta a que las 'ventas a pérdidas' sean legales, ya que la exigencia expresa de que los precios cubran los costes totales de la actividad se mantienen para el transporte de viajeros pero no para el de mercancías.
Tampoco se regula adecuadamente a juicio de la Izquierda Plural la honorabilidad de las empresas, que queda 'totalmente desvirtuada'. Por ello, reclaman que la Administración 'pueda instar expediente de pérdida de honorabilidad ante la presencia de reiteraciones de sanciones durante un plazo razonable de tiempo'.
Asimismo, se exige dar marcha atrás en la exención de autorización para el transporte de viajeros en vehículos de menos de cuatro ruedas, porque esa medida 'puede perturbar el buen funcionamiento del mercado mediante la competencia desleal'; así como regular situaciones como el arrendamiento con conductor de turismos o el transporte privado complementario.
Finalmente, la Izquierda Plural critica que el Gobierno sólo haya contado con los empresarios a la hora de redactar la norma, y por ello pide que se constituya una Mesa Social del Transporte donde también estén los sindicatos, y que se tengan en cuenta los aspectos medioambientales en la nueva normativa.
FALTA PROTECCIÓN AL CIUDADANO
Por su parte, los nacionalistas gallegos aportan argumentos muy similares para justificar su rechazo al proyecto de ley. Así, critican que se avance en la senda de la desregulación y liberalización del sector 'sin que se mantengan como contrapeso medidas de protección de los ciudadanos ni de las partes más débiles del sector'.
'Se insiste en ahondar en una línea de flexibilización de requisitos para el ejercicio de la actividad de transporte por carretera, de forma similar a reformas introducidas en otros sectores estratégicos, sin tener en consideración que esa estrategia ha dado escasos resultados positivos y ha significado en determinados casos un claro riesgo para el adecuado funcionamiento de los servicios desregulados, para los ciudadanos y para la economía en su conjunto', reflexiona el BNG.
Además, también alerta de las 'dramáticas consecuencias' que tendrá desregular el transporte en vehículos ligeros, que dará pie a la entrada de competencia 'abiertamente desleal' e incluso 'ajena al sector, desplazando a muchos profesionales', y ha criticado que se 'relajen' los controles administrativos vinculados a la seguridad.
Finalmente, el Bloque apunta que la nueva ley introduce 'reglas que favorecen a los intereses de grandes multinacionales' en lugar de a los pequeños transportistas y autónomos, que suman más de 45.000 profesionales en el país, a quienes se 'aboca a una mayor precariedad económica' al permitir la 'venta a pérdidas'.
La propuesta que ahora se tramita, y que pasará su primer debate parlamentario el próximo jueves en el Pleno del Congreso, también cae en esos pecados, y ni siquiera cumple, según IU-ICV, los objetivos que el Gobierno se ha marcado, o 'lo hace de forma contraproducente'.
ADAPTAR LA NORMA A LOS REGLAMENTOS EUROPEOS
Así, la coalición de izquierdas señala que el proyecto de ley pretende adaptar a la normativa española diversos reglamentos europeos sobre esta materia pese a que 'en Bruselas se siguen debatiendo' y 'el propio Consejo de Estado señala que la revisión de la ley no es necesaria'.
Además, los preceptos traspuestos no son acordes con el 'espíritu' de los reglamentos comunitarios, ya que apenas existen modificaciones para reforzar los requisitos de establecimiento, eliminar el falso cabotaje, buscar mecanismos de honorabilidad y respeto a las tarifas, o estructurar el sector para evitar la proliferación de prácticas no deseables, que son algunas de las preocupaciones que sí están teniendo en cuenta otros países de la UE que también están abordando esta problemática.
Con respecto a las modificaciones en las infracciones y el régimen sancionador, IU-ICV alerta de que se reducen las multas un 30% de media y se introducen 'incentivos que podrían hacer rentables determinadas conductas infractoras', precisamente en un momento en que 'están creciendo las irregularidades y la accidentalidad'.
Eso, sumado a que 'se pretende extender la corresponsabilidad al conductor para eximir a las empresas del pago de sanciones' podría conllevar un aumento de la accidentalidad, especialmente dado que 'quienes obligan a saltarse los límites de conducción y cliente son los clientes'.
El riesgo en la seguridad vial se ve incrementado aún más si cabe con los cambios que se introducen con relación a la concesión de autorizaciones para transporte en vehículos de hasta 3,5 toneladas, que quedan eximidos de muchos requisitos para acceder a la actividad del transporte y tampoco tienen que realizar el actual visado periódico, lo cual 'deja fuera de control y supervisión el cumplimiento de los requisitos administrativos y técnicos de miles de vehículos'.
'El texto del Gobierno muestra una marcada animadversión hacia la acción el control público', lamenta la Izquierda Plural, que defiende que 'lo necesario es establecer un control especial sobre esa categoría de vehículos y no una desregulación, que podría suponer además la entrada masiva y desordenada de personas no profesionales en el sector del transporte libero'.
SE PODRÁ VENDER A PÉRDIDAS
IU-ICV critica asimismo que la normativa 'olvida' los problemas reales del sector, como la subcontratación sucesiva, el empleo ilegal o las inspecciones, y abre la puerta a que las 'ventas a pérdidas' sean legales, ya que la exigencia expresa de que los precios cubran los costes totales de la actividad se mantienen para el transporte de viajeros pero no para el de mercancías.
Tampoco se regula adecuadamente a juicio de la Izquierda Plural la honorabilidad de las empresas, que queda 'totalmente desvirtuada'. Por ello, reclaman que la Administración 'pueda instar expediente de pérdida de honorabilidad ante la presencia de reiteraciones de sanciones durante un plazo razonable de tiempo'.
Asimismo, se exige dar marcha atrás en la exención de autorización para el transporte de viajeros en vehículos de menos de cuatro ruedas, porque esa medida 'puede perturbar el buen funcionamiento del mercado mediante la competencia desleal'; así como regular situaciones como el arrendamiento con conductor de turismos o el transporte privado complementario.
Finalmente, la Izquierda Plural critica que el Gobierno sólo haya contado con los empresarios a la hora de redactar la norma, y por ello pide que se constituya una Mesa Social del Transporte donde también estén los sindicatos, y que se tengan en cuenta los aspectos medioambientales en la nueva normativa.
FALTA PROTECCIÓN AL CIUDADANO
Por su parte, los nacionalistas gallegos aportan argumentos muy similares para justificar su rechazo al proyecto de ley. Así, critican que se avance en la senda de la desregulación y liberalización del sector 'sin que se mantengan como contrapeso medidas de protección de los ciudadanos ni de las partes más débiles del sector'.
'Se insiste en ahondar en una línea de flexibilización de requisitos para el ejercicio de la actividad de transporte por carretera, de forma similar a reformas introducidas en otros sectores estratégicos, sin tener en consideración que esa estrategia ha dado escasos resultados positivos y ha significado en determinados casos un claro riesgo para el adecuado funcionamiento de los servicios desregulados, para los ciudadanos y para la economía en su conjunto', reflexiona el BNG.
Además, también alerta de las 'dramáticas consecuencias' que tendrá desregular el transporte en vehículos ligeros, que dará pie a la entrada de competencia 'abiertamente desleal' e incluso 'ajena al sector, desplazando a muchos profesionales', y ha criticado que se 'relajen' los controles administrativos vinculados a la seguridad.
Finalmente, el Bloque apunta que la nueva ley introduce 'reglas que favorecen a los intereses de grandes multinacionales' en lugar de a los pequeños transportistas y autónomos, que suman más de 45.000 profesionales en el país, a quienes se 'aboca a una mayor precariedad económica' al permitir la 'venta a pérdidas'.
