Es el segundo de los enviados a prisión, tras Míguez, en la segunda fase de la Operación Pokemon

La juez encarcela a Espadas, exedil y asesor de Conde Roa

Espadas, a su llegada el viernes a los juzgados, vigilado por un agente de Aduanas. (Foto: ELISEO TRIGO)
La juez que instruye la Operación Pokemon, Pilar de Lara Cifuentes, decretó en la madrugada de ayer el ingreso en prisión de Ángel Espadas, exconcejal del Ayuntamiento de Santiago y otrora asesor del exalcalde Gerardo Conde Roa, que está acusado de prevaricación, uso de información privilegiada y cohecho. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo envió también a la prisión lucense de Bonxe al delegado de Aquagest en la capital gallega, José Luis Míguez, que se acogió a su derecho a no declarar. Los delitos que se le imputan son cohecho, tráfico de influencias y revelación de secretos.
Por su parte, el edil compostelano de Movilidad y Seguridad Vial, Albino Vázquez Aldrey, no conoció su situación provisional hasta que no culminó la declaración de Ángel Espadas, a altas horas de la madrugada del sábado, que quedó en libertad bajo fianza de 15.000 euros acusado cohecho y tráfico de influencias y que presentó su baja en el PP y la renuncia a la concejalía.

En la Operación Pokemon, que comenzó en un juzgado de Lugo, se investiga la existencia de una supuesta trama para obtener concesiones y contratos públicos en varias ciudades, que en su segunda fase, denominada 'Manga', no sólo se circunscribe al territorio gallego, sino también a las comunidades de Asturias y Cataluña, con nueve detenidos. El número de imputados ya supera la treintena, muchos de ellos políticos, y el epicentro de las investigaciones está en el Grupo Vendex y sus distintas filiales. Ahora también en Aquagest y GRS Arc Local.


TRAMA CATALANA

En Cataluña fueron detenidos Robert Fauria, presidente del Consell Comarcal de la Selva y alcalde del Ayuntamiento de Sant Hilari Sacalm, quien a última hora de ayer no había declarado ante la juez Pilar de Lara; el jefe del Departamento de Organización de Servicios a la Ciudadanía del Consejo Comarcal de La Selva, Juan Carlos F.M., quien quedó en libertad bajo fianza de 5.000 euros, como imputado por cohecho y tráfico de influencias, entre otros delitos; el apoderado de GRS Arc Local, José María F.I.G , para quien la magistrada decretó libertad sin fianza pero con cargos, y el administrador de la misma empresa, Alexandre Ríos, que a la hora de redactar esta crónica continuaba prestando declaración ante la instructora del caso.

Por su parte, Joaquín Fernández Díaz, empresario, edil de San Martín del Rey Aurelio (Asturias) y hasta el viernes presidente del PP local, ya que este partido lo suspendió cautelarmente de militancia, está acusado de tráfico de influencias, en libertad provisional y con obligación de comparecer cada quince días, tras comparecer ante la juez.

Por su parte, Jesús Fuentes, el promotor gallego de eventos culturales, quedó en libertad y sin medidas cautelares, aunque está imputado por un supuesto delito de tráfico de influencias. Su abogada, Luisa Pasín, indicó ante las preguntas de los informadores apostados en las puertas del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, que 'fue una declaración normal' y manifestó, 'absoluta colaboración con la justicia'. 'Sin ningún problema', 'no hay nada que ocultar', añadió.

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