La juez instructora de la Operación Pokemon, Pilar de Lara, aclara en el auto de intervención judicial de la empresa Cechalva, filial del grupo Vendex, que sus sospechas sobre supuestos sobornos al alcalde de Lugo, José López Orozco, y al exconcejal Francisco Fernández Liñares se basan, al menos en parte, en las 'anotaciones de los pagos presuntamente realizados'.
En base a las diligencias practicadas hasta este momento, la juez sospecha de que la adjudicación a la empresa Cechalva, en 2005, del servicio de grúa para recoger vehículos mal estacionados, se hizo 'fraudulentamente' gracias a información 'privilegiada' obtenida por dos de sus socios, también imputados en la causa, 'al conseguir el borrador de pliegos que regiría el concurso'.
Para ello, la juez sostiene que contaron con la 'inestimable ayuda del entonces concejal del Ayuntamiento de Lugo Francisco Fernández Liñares'. La instructora sospecha que, 'en cumplimiento de un compromiso previamente adquirido', la empresa estuvo pagando 'mensualmente' una suma de 'dos mil euros', que 'tendrían presuntamente como destinatarios al alcalde de Lugo, José Clemente López Orozco, así como al señor Fernández Liñares', del que en aquel momento 'dependía directamente' ese servicio.
Según el auto, De Lara se basa no sólo en la 'declaración de coimputados', sino 'también en la vigilancia realizada sobre los sospechosos' y en pruebas documentales incautadas, dado que fueron interceptadas 'anotaciones de los pagos presuntamente realizados'. De hecho, precisa que 'se evidencia' el pago mensual de esos 2.000 euros en las declaraciones prestadas por algún coimputado, así como en las 'anotaciones encontradas en los registros' y en 'alguna grabación audiofónica'. Igualmente, subraya la juez, 'a cambio de la adjudicación', la empresa Cechalva asumió el compromiso de 'contratar a trabajadores supuestamente enchufados por ciertas autoridades y funcionarios públicos relacionados directamente con el servicio grúa'.
Desde su punto de vista, una 'prueba del favor' del que gozaba esta empresa en el Ayuntamiento de Lugo es que 'ha estado trabajando la friolera de cuatro años sin ningún tipo de licencia'. La juez aclara en el auto que la intervención judicial de la empresa Cechalva es una 'medida cautelar penal' con la que 'no se pretende otra cosa' que 'neutralizar la actividad delictiva de la entidad infractora', pues 'no debe permitirse que el presunto delincuente continúe atentando contra importantes bienes jurídicos'.
En ese sentido, precisa que existen indicios de que Cechalva pudo haber cometido delitos de tráfico de influencias, obtención de información privilegiada, cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad, fraude fiscal y blanqueo de capitales.
'CONMIGO DAN EN ROCA'
López Orozco reiteró ayer en una rueda de prensa que 'no va a dimitir' al tiempo que anunció que emprenderá 'medidas judiciales' contra quien 'ha vertido' tales 'calumnias'. Además, urgió a la instructora a que abra el secreto de sumario, y lo haga el próximo sábado 18, o, de lo contrario, pedirá el amparo 'del poder judicial', del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y de la 'propia juez'. '¿O es que no tiene sentimientos esta señora jueza? criticó.
'Conmigo dan en roca, ni 2.000 euros, ni dos céntimos, ni sobres, ni carpetas, ni enchufes, ni directos, ni simulados, ni diferidos. Nada. A mi me pueden mirar de arriba abajo y darme la vuelta como un calcetín', sentenció el regidor.
Para ello, la juez sostiene que contaron con la 'inestimable ayuda del entonces concejal del Ayuntamiento de Lugo Francisco Fernández Liñares'. La instructora sospecha que, 'en cumplimiento de un compromiso previamente adquirido', la empresa estuvo pagando 'mensualmente' una suma de 'dos mil euros', que 'tendrían presuntamente como destinatarios al alcalde de Lugo, José Clemente López Orozco, así como al señor Fernández Liñares', del que en aquel momento 'dependía directamente' ese servicio.
Según el auto, De Lara se basa no sólo en la 'declaración de coimputados', sino 'también en la vigilancia realizada sobre los sospechosos' y en pruebas documentales incautadas, dado que fueron interceptadas 'anotaciones de los pagos presuntamente realizados'. De hecho, precisa que 'se evidencia' el pago mensual de esos 2.000 euros en las declaraciones prestadas por algún coimputado, así como en las 'anotaciones encontradas en los registros' y en 'alguna grabación audiofónica'. Igualmente, subraya la juez, 'a cambio de la adjudicación', la empresa Cechalva asumió el compromiso de 'contratar a trabajadores supuestamente enchufados por ciertas autoridades y funcionarios públicos relacionados directamente con el servicio grúa'.
Desde su punto de vista, una 'prueba del favor' del que gozaba esta empresa en el Ayuntamiento de Lugo es que 'ha estado trabajando la friolera de cuatro años sin ningún tipo de licencia'. La juez aclara en el auto que la intervención judicial de la empresa Cechalva es una 'medida cautelar penal' con la que 'no se pretende otra cosa' que 'neutralizar la actividad delictiva de la entidad infractora', pues 'no debe permitirse que el presunto delincuente continúe atentando contra importantes bienes jurídicos'.
En ese sentido, precisa que existen indicios de que Cechalva pudo haber cometido delitos de tráfico de influencias, obtención de información privilegiada, cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad, fraude fiscal y blanqueo de capitales.
'CONMIGO DAN EN ROCA'
López Orozco reiteró ayer en una rueda de prensa que 'no va a dimitir' al tiempo que anunció que emprenderá 'medidas judiciales' contra quien 'ha vertido' tales 'calumnias'. Además, urgió a la instructora a que abra el secreto de sumario, y lo haga el próximo sábado 18, o, de lo contrario, pedirá el amparo 'del poder judicial', del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y de la 'propia juez'. '¿O es que no tiene sentimientos esta señora jueza? criticó.
'Conmigo dan en roca, ni 2.000 euros, ni dos céntimos, ni sobres, ni carpetas, ni enchufes, ni directos, ni simulados, ni diferidos. Nada. A mi me pueden mirar de arriba abajo y darme la vuelta como un calcetín', sentenció el regidor.
