Los acreedores cuentan con un mes para comunicar al administrador concursal las deudas pendientes
La jueza del juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra declaró el pasado miércoles la disolución de la compañía Transportes Souto, de Mos, así como el inicio de la fase de liquidación a petición de la procuradora que representa a la empresa en el proceso, según el auto judicial al que ha tenido acceso Atlántico.
En el auto judicial la jueza también cesa a los administradores solidarios de la sociedad (J.M.S y J.M.M) y designa un administrador concursal, que a partir de ahora será quien represente al deudor en el procedimiento ante los acreedores.
La magistrada da un mes a todos los acreedores para que comuniquen a la administración concursal la existencia de sus créditos a través del órgano judicial. Sobre los mismos, el auto señala que en la solicitud del concurso voluntario se presenta una lista con más de 50 acreedores.
El auto recoge la solicitud de la jueza para que este administrador concursal presente un informe concursal acompañado de un plan de liquidación en un plazo máximo de dos meses. La magistrada señala en el auto que "siempre que sea factible", se deberá contemplar "la enajenación unitaria del conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas"; esto es, transmitir el conjunto de las propiedades de la empresa en vez de dividirla por partes.
Memoria económica
Junto al concurso de acreedores presentado la semana pasada, mes y medio después de cesar la actividad la empresa, la empresa adjuntó una memoria jurídica y económica que explica la situación de la empresa.
Sobre dicho documento la magistrada destaca que Transportes Martínez Souto inició su situación actual en el año 2007, fruto de la crisis mundial. Explica la jueza que Souto tiene 43 delegaciones, 41 en España y dos en Portugal, de las cuales 11 son delegaciones en inmuebles propiedad de la empresa, 28 están arrendadas a terceros y cuatro son franquicias. Sobre la cifra de negocio, "la variación en los últimos ejercicios de forma anual no supera el 2%" mientras en 2014 y 2016 hubo "un descenso del 1%. La evolución de los ingresos de explotación en los últimos ejercicios fue negativa.
La jueza se refiere también al acuerdo de junio del 2017 entre Souto, Abanca y Popular Pastor, así como la Sareb, por el cual se refinanciaría deuda y se mantendrían líneas de deuda circulante. Pero mientras "los socios aportaron la práctica totalidad de su patrimonio a la sociedad para buscar su viabilidad (...) la falta de mantenimiento de las líneas de circulante provocaron tensiones de tesorería".
A esto se junta que "la sociedad no recibió de un fondo de inversión con el que firmó un contrato para obtener financiación toda la que se esperaba para el día 15 de febrero" momento en el que comunica a sus trabajadores que no acudan a su puesto de trabajo. Una semana después presentaría el preconcurso de acreedores.
