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La valedora do Pobo sigue en el cargo

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La valedora do Pobo sigue en el cargo

Los servicios jurídicos ratifican que Milagros Otero no dimitió y que, por lo tanto, el puesto no está "vacante"
 

La valedora do Pobo, Milagros Otero, permanecerá por ahora en el su cargo en la institución comisionada, pero tiene que enviar como máximo el sábado 13 un escrito con la argumentación pertinente de su situación a los grupos parlamentarios para dar cumplimiento al trámite de audiencia abierto tras la petición de En Marea y BNG de convocar un pleno para votar sobre su cese.

La situación procesal que se da ahora es similar a la de julio de 2018, cuando se conoció la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que declaró nulo el nombramiento de María Puy Fraga, hermana del portavoz parlamentario del PPdeG y sobrina del expresidente Manuel Fraga. Entonces, la oposición promovió el cese de la valedora, pero el PPdeG la sostuvo hasta que el fallo judicial fuese definitivo.

Ahora, el Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación planteado por el Valedor do Pobo, lo que deja en sentencia firme el fallo que determinó que Otero, también discípula académica del padre de María Puy Fraga, "influyó" para que el nombramiento recayese en ella.

Cuando se conoció este rechazo a tramitar el recurso, la valedora do Pobo envió al Parlamento una carta en la que puso su cargo "a disposición" de la Cámara, que es el órgano que la nombró, a propuesta del PP, y tiene el poder de revocarla con una mayoría reforzada de los diputados. Pero en ella condicionó su renuncia efectiva a que los grupos políticos tengan pactado un sustituto para ella y su adjunto, Pablo Cameselle, en quien delegó la resolución del nombramiento tras abstenerse en el proceso (tras definir los criterios y que hubiese candidatos).

A ello, hay que sumar que la propia valedora cambió el escrito registrado en la Cámara autonómica. Concretamente, el pasado viernes rectificó la fórmula para su relevo con respecto al documento inicial del jueves, usando la de "renuncia" pero igualmente supeditada a ese acuerdo parlamentario, al respecto de lo que el PPdeG, a través de su viceportavoz Paula Prado, ha asegurado que hay "antecedentes" en la Cámara gallega.

Así las cosas, el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, ha convocado, a petición del PSdeG y de En Marea, una reunión de la junta de portavoces que se ha prolongado durante una hora y que ha obligado a retrasar la celebración de la sesión ordinaria del pleno. En ella, se informó a los grupos, sobre la base de los informes jurídicos, de que el puesto de la valedora no estaba "vacante", como interpretaban los partidos de la oposición y que por lo tanto no se podía declarar vacía y tampoco activar el relevo de forma inmediata.

Concretamente, el escrito de los servicios jurídicos en respuesta a la petición de aclaraciones formulada por el PSdeG, y a cuyo contenido ha tenido acceso Europa Press, concluyen que "la declaración de la voluntad" incluida en el documento presentado por la valedora, "no produce su renuncia" en los términos previstos en la ley que regula la institución, por lo que no está dimitida ni hay puesto vacante.


Audiencia y pleno 


Sin embargo, paralelamente, BNG y En Marea querían modificar el orden del día del pleno de esta semana para que el hemiciclo se posicionase sobre el cese de Milagros Otero. Una petición que decayó por cuestiones de procedimiento.

De hecho, el reglamento obliga a dar audiencia a la valedora antes de que los grupos se posicionen en una votación, por lo que ahora se ha activado un plazo de como máximo hasta el sábado 13, a las 13 horas,para que representante del alto comisionado envíe sus argumentos por escrito a los grupos parlamentarios. Fuentes de la defensoría gallega han confirmado que ya han recibido esta petición y ahora están en fase de preparación del escrito.

La oposición, representada por Luís Villares (En Marea), Xoaquín Fernández Leiceaga (PSdeG) y Ana Pontón (BNG), ha censurado que se elija esta opción, en lugar de acudir a audiencia pública en la Comisión de Peticións, el órgano parlamentario que está relacionada con el alto comisionado parlamentario.

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