La Organización de Palangreros Guardeses denuncia indefensión y destaca que en el acta no se refleja ninguna irregularidad
La Organización de Palangreros Guardeses (Orpagu) hizo pública ayer la situación de indefensión de uno de sus barcos, el "Cedes", abordado ayer para inspección en aguas de Liberia por miembros del ejército del país, en colaboración con la organización conservacionista estadounidense Sea Shepherd.
Explicó que el pesquero fue abordado ayer por la mañana en aguas de Liberia por el buque “Bob Barker”, el cual tenía desactivado su Sistema de Identificación Automática (AIS), "lo que ya en sí mismo supone una ilegalidad", explica.
Las nueve personas que subieron a bordo, cinco de ellas provistas de armas de fuego, obligaron a parte de la tripulación a cortar las aletas de varios ejemplares de Tintorera con el único fin de sacar fotografías y difundirlas posteriormente a los medios de comunicación.
Requerimiento violento
Aunque en un primer momento obedecieron, intimidados por la presión, la tripulación del "Cedes" se negó a seguir colaborando, a pesar de los requerimientos violentos de los militares. Finalizada la inspección, las autoridades liberianas entregaron al patrón la correspondiente acta, "sin que se haya reflejado en ella ninguna irregularidad cometida por el pesquero", subraya Orpagu.
Los palangreros guardeses aseguran que "no se trata de un hecho aislado, los abordajes sufridos el pasado año por otros palangreros y atuneros españoles y franceses llevó al Consejo Consultivo de Larga Distancia al que pertenecen a dirigirse a las autoridades comunitarias buscando amparo", explican.
Así, en octubre de 2017 se dirigió un escrito a Aguiar Machado, director general de Pesca de la Comisión Europea, en el que se detallaban algunas de estas acciones, incidiendo en la peligrosidad de las mismas debido a las tácticas intimidatorias empleadas contra las tripulaciones de los barcos comunitarios.
Desde la Organización de Palangreros Guardeses se ha mantenido contacto a lo largo de todo el día con las autoridades autonómicas nacionales, comunitarias y del propio gobierno de Liberia, cuya actuación, precisan, "ha sido rápida y efectiva".
