El que fuera presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y concejal de Economía y Urbanismo de Lugo, Francisco Fernández Liñares, admitió ante la jueza instructora de la Operación Pokemon, Pilar de Lara, haber percibido pagos mensuales por parte del grupo Vendex, cuya filial gestiona el sistema ORA en la ciudad, y de la concesionaria de la grúa, la empresa Cechalva.
Según figura en la parte del sumario cuyo secreto fue levantado ayer mismo por la jueza instructora, al que EFE ha tenido acceso, en una de sus declaraciones, Fernández Liñares reconoció haber mantenido una reunión en Madrid con el responsable del grupo Vendex, Gervasio Rodríguez, en la que también estuvieron el delegado en Galicia, José María Tutor; y el responsable de su filial en Lugo, Javier Reguera.
En esa declaración, Fernández Liñares no llegó a aclarar si en esa reunión se produjo algún tipo de acuerdo para amañar la concesión del sistema ORA, pero sí reconoció haber percibido, una vez que el grupo Vendex se hizo cargo de gestión de ese servicio, pagos mensuales de 1.000 euros, que le eran entregados por el propio Javier Reguera, con quien dijo tener una 'amistad razonable'.
Al preguntarle la jueza sobre el destino del resto del dinero que llegaba en sobres desde Madrid, dado que el responsable del grupo, Gervasio Rodríguez, declaró que los pagos mensuales ascendían a 3.500 euros, Fernández Liñares insistió en que él sólo percibía una asignación de 1.000 euros y dijo que el resto de los pagos se los podrían haber repartido Tutor y el propio Reguera.
'Nunca me llegaron a mí los 3.000. Tengo información suficiente para pensar que cada uno se quedaba con 1.000', sostuvo Fernández Liñares, quien también insinuó que a lo mejor lo 'utilizaron dos empleados de la empresa para sacarle a su jefe 2.000 euros al mes'.
Fernández Liñares llegó a decir en su declaración que ese pago mensual no se debía 'a nada' e incluso que expresó su convencimiento de que la empresa Vendex tendría 'la ORA igual' sin su 'existencia'.
'Estoy convencido', afirmó.
Con respecto a la posible vinculación del alcalde de Lugo con el cobro de esos supuestos sobornos, Liñares declaró que cuando Javier Reguera lo llamó para acudir a la reunión en Madrid con el responsable del grupo Vendex no le habló del regidor local.
De hecho, afirmó que Reguera 'relación tenía poca' con el alcalde.
Fernández Liñares también admitió haber cobrado una cantidad mensual procedente de la empresa concesionaria de la grúa municipal en Lugo, en concreto pagos de 1.500 euros que le realizaba directamente Javier Reguera, pero dijo que se lo 'ofrecieron', porque él 'nunca' pidió 'nada'.
Al ser preguntado por la posibilidad de que el alcalde de Lugo hubiese percibido también algún supuesto soborno por parte de esa empresa, dijo que lo desconocía.
El que fuera concejal de Economía y Urbanismo de Lugo también admitió haber recibido al menos un pago de 3.000 euros por parte de un alcalde pedáneo en relación con una obra. Fue 'un error del que me arrepiento profundamente', añadió en su comparecencia ante la jueza.
Negó, sin embargo, haber facilitado información 'privilegiada sobre el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM)', cuando era concejal de Urbanismo, o haberse beneficiado él mismo de esa circunstancia.
En cuanto a su relación con López Orozco, la calificó como 'buena', aunque matizó que no tenían 'una amistad íntima' y que el alcalde nunca había ido a su casa de Lugo.
Preguntado por la jueza sobre si era persona de su confianza, dijo que 'el alcalde es un poco especial. Unas veces diría que sí y unas veces diría que no'.
Por su parte, el ministerio fiscal entiende que Fernández Liñares 'durante su mandato como concejal del Ayuntamiento de Lugo y de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil' utilizó sus cargos 'en beneficio propio, actuando como representantes de hecho de las empresas Doal y Cechalva', de las que recibió pagos periódicos.
También, sostiene el ministerio público, concedió 'de manera interesada' la adjudicación 'de obras a diversas empresas en su condición de presidente de la CHMS', lo que le permitió incrementar su patrimonio en un 'importe que el propio imputado cifra en unos 300.000 euros'.
