Más de mil viviendas de edificios y urbanizaciones de la ciudad de Vigo están afectadas por sentencia de derribo debido a irregularidades urbanísticas que tienen que ver con falta de licencia o con licencia para otras actividades, planeamientos anulados por los tribunales o problemas con alturas y edificabilidades.
El caso donde se concentra un mayor número de afectados es el de la calle Rosalía de Castro -unas 500 familias-, donde varios inmuebles, así como una gasolinera y un aparcamiento subterráneo, han sido declarados ilegales por los tribunales por el uso que se dio a los entresuelos, o por estar bajo la vía pública -en caso del párking-. No obstante, y tras la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), dos de los inmuebles afectados, ya han conseguido legalizar su situación.
No será tan fácil para los propietarios de viviendas en las dos torres de Finca do Conde -unos 230-. En este caso, tanto esas torres como el gran centro comercial que hay en ese ámbito, han sido declarados ilegales por el Tribunal Supremo y, según ha reiterado el alcalde, Abel Caballero, esas actuaciones 'no son legalizables'.
FINCA CONDE
En lo que respecta a Finca do Conde, Caballero ha responsabilizado directamente a Corina Porro que, siendo alcaldesa, dio las licencias en contra de los informes técnicos, alegando que no había una sentencia firma de ilegalización y, por tanto, como procedimiento reglado dentro de los trámites administrativos, debía dar esos permisos.
Tras suspender las licencias en ese ámbito durante un año, el Ayuntamiento ha iniciado los trámites de modificación del PGOM para ajustar el planeamiento a la construcción de un túnel para el acceso a la futura nueva autovía Vigo-Porriño. En todo caso, si se tuviera que hacer efectiva la indemnización a los afectados por la situación de Finca do Conde, las arcas municipales tendrían que afrontar el pago de unos 300 millones de euros.
Los propietarios de los cien pisos de la urbanización conocida como 'Colina de Castrelos' o 'Piricoto' no lo tendrán fácil para regularizar su situación. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declaró ilegal este inmueble porque, entre otras irregularidades, supone un gran impacto paisajístico al encontrarse muy próximo al Pazo Quiñones de León.
Los técnicos del Ayuntamiento tienen de plazo hasta finales de abril para presentar ante el tribunal un proyecto de demolición parcial del inmueble, con el fin de adecuarlo a la ley.
También se encuentra en trámite el proceso de legalización del edificio de A Pastora, donde los dueños de 56 pisos esperan obtener una licencia en el marco del nuevo planeamiento urbanístico, que admite las alturas construidas.
En pleno proceso judicial está el caso de dos de los edificios de aparthoteles de Samil, declarados ilegales porque la licencia que se les concedió en su día era para la actividad hotelera y acabaron por convertirse en unas 200 viviendas. Los propietarios han conseguido que el tribunal aplace la orden de demolición en tanto no se resuelva un recurso que presentaron.
No será tan fácil para los propietarios de viviendas en las dos torres de Finca do Conde -unos 230-. En este caso, tanto esas torres como el gran centro comercial que hay en ese ámbito, han sido declarados ilegales por el Tribunal Supremo y, según ha reiterado el alcalde, Abel Caballero, esas actuaciones 'no son legalizables'.
FINCA CONDE
En lo que respecta a Finca do Conde, Caballero ha responsabilizado directamente a Corina Porro que, siendo alcaldesa, dio las licencias en contra de los informes técnicos, alegando que no había una sentencia firma de ilegalización y, por tanto, como procedimiento reglado dentro de los trámites administrativos, debía dar esos permisos.
Tras suspender las licencias en ese ámbito durante un año, el Ayuntamiento ha iniciado los trámites de modificación del PGOM para ajustar el planeamiento a la construcción de un túnel para el acceso a la futura nueva autovía Vigo-Porriño. En todo caso, si se tuviera que hacer efectiva la indemnización a los afectados por la situación de Finca do Conde, las arcas municipales tendrían que afrontar el pago de unos 300 millones de euros.
Los propietarios de los cien pisos de la urbanización conocida como 'Colina de Castrelos' o 'Piricoto' no lo tendrán fácil para regularizar su situación. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declaró ilegal este inmueble porque, entre otras irregularidades, supone un gran impacto paisajístico al encontrarse muy próximo al Pazo Quiñones de León.
Los técnicos del Ayuntamiento tienen de plazo hasta finales de abril para presentar ante el tribunal un proyecto de demolición parcial del inmueble, con el fin de adecuarlo a la ley.
También se encuentra en trámite el proceso de legalización del edificio de A Pastora, donde los dueños de 56 pisos esperan obtener una licencia en el marco del nuevo planeamiento urbanístico, que admite las alturas construidas.
En pleno proceso judicial está el caso de dos de los edificios de aparthoteles de Samil, declarados ilegales porque la licencia que se les concedió en su día era para la actividad hotelera y acabaron por convertirse en unas 200 viviendas. Los propietarios han conseguido que el tribunal aplace la orden de demolición en tanto no se resuelva un recurso que presentaron.
