La Xunta forzará a explotar, arrendar o ceder al Banco de Terras los terrenos que no estén en uso

Multas de hasta 3.000 euros por tener fincas abandonadas

Feijóo y Quintana, en la rueda de prensa posterior al Consello. (Foto: VICENTE PERNÍA)
La futura ley gallega de mejora de la estructura agraria facilitará al Gobierno autonómico analizar la situación de fincas y de perímetros que se encuentren en una situación de abandono en la comunidad y proponer 'de oficio' a sus propietarios que pongan a producir el predio, que arrienden la tierra o que cedan su uso al Banco de Terras. No dar ninguno de estos pasos supondría una sanción.
El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, y la conselleira de Medio Rural, Rosa Quintana, explicaron tras el Consello de la Xunta, una normativa que aspira a sustituir la actual concentración parcelaria por el nuevo concepto de 'reestructuración parcelaria', así como a simplificar la tramitación y reducir costes y plazos.

Quintana incidió en que el plazo actual para una concentración parcelaria puede oscilar 'entre los 10 y los 20 años' y que el objetivo es que se pueda concluir 'en no más de cinco'. Además, al igual que Feijóo, destacó la relevancia de proponer de oficio que las tierras en situación de abandono puedan incorporarse -sin que haya variaciones en la propiedad- en el Banco de Terras para facilitar que 'puedan producir'.

También remarcó la importancia de calificar los 'perímetros de actuación de predios en el caso de que se den determinadas circunstancia (riesgo de incendio forestal, zonas quemadas o demanda de tierra de las explotaciones existentes)'. El objetivo es favorecer el desarrollo del rural y evitar el abandono de las propiedades que, entre otras consecuencias, se traduce en un mayor peligro de fuegos forestales.

Si los propietarios de las fincas en esta situación no acceden a ninguna de las tres vías que propone la Xunta -la explotación, el arrendamiento a terceros o la cesión del uso al Banco de Terras-, Quintana explicó que se contempla un régimen sancionador, ya plasmado en la ley de movilidad de tierras, y que abarca multas de entre 300 y 3.000 euros. El texto analizado por el Consello de la Xunta se someterá ahora a consulta con los consejos forestal y agrario en busca del 'máximo consenso', según ratificaron Feijóo y Quintana.


PRINCIPALES DEMANDAS

Entre sus novedades principales, está la inclusión de suelos de núcleo rural en el perímetro de acción de la reestructuración parcelaria sin afectar a una puesta en marcha de procesos de ordenación urbanística, un paso con el que la Xunta aspira a dar respuesta a una de las principales demandas de los propietarios de expropiaciones. Además, permitirá declarar la caducidad de procesos de concentración antiguos 'que quedarán obsoletos', 'simplificando de forma considerable' su regulación.

Fomentará, asimismo, que se puedan iniciar procesos de reestructuración de propiedades a instancias de los particulares. Con el objetivo de 'disminuir los efectos generados' sobre la estructura de las explotaciones agrarias por los proyectos de ejecución de grandes obras publicas o de interés general se promueve 'un proceso especial de reestructuración parcelaria' en esas zonas.

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