El párroco de Becerreá, Ángel Castro, ha firmado también, al igual que otros cuarenta vecinos del municipio, un escrito en el que se 'autoinculpa' por su participación en la defensa de una casa, en el lugar de Lamas, sobre la que pesaba una orden de derribo dictada por la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU).
El párroco quiso así solidarizarse con los veintidós vecinos del municipio que fueron imputados por la justicia a raíz de la denuncia formulada por la propia APLU e hizo constar en el escrito, que fue presentado ayer en el Juzgado de Becerreá, que él también formaba parte del grupo que se concentró ante la vivienda para evitar su derribo.
En declaraciones, Ángel Castro se mostró dispuesto a asumir las consecuencias de sus actos, pero también aclaró que la defensa de esa vivienda se hizo 'pacíficamente' y 'no hubo ningún tipo de violencia', porque fue, simplemente, 'un testimonio de cariño y apoyo a la familia afectada'.
Aunque no entró a valorar las circunstancias en las que fue construida la casa, aclaró que los vecinos se concentraron para 'conseguir que no fuese ejecutado un derribo inmediato', para 'ver si mientras tanto se conseguía una vía de solución', porque la vivienda 'no perjudica a nadie', la 'familia invirtió en ella lo que tenía' y 'no están los tiempos para derrochar'.
'Que la Justicia haga lo que tenga que hacer', dijo el párroco, porque 'todos sabíamos a lo que íbamos'.
El alcalde de Becerreá, el socialista Manuel Martínez, confirmó que la Guardia Civil comenzó a repartir el pasado fin de semana, tanto el sábado como el domingo, citaciones para declarar como imputados a los cuarenta vecinos del municipio que se autoinculparon por su participación en la defensa de esa casa, en el lugar de Lamas.
El regidor local mostró su sorpresa por la diligencia exhibida en este caso por parte de una 'Justicia exprés', dado que 'en menos de 24 horas' comenzó a citar a las personas que se autoinculparon, cuando en otros procedimientos esas citaciones tardan 'semanas' o incluso 'meses' en llegar.
En declaraciones, Ángel Castro se mostró dispuesto a asumir las consecuencias de sus actos, pero también aclaró que la defensa de esa vivienda se hizo 'pacíficamente' y 'no hubo ningún tipo de violencia', porque fue, simplemente, 'un testimonio de cariño y apoyo a la familia afectada'.
Aunque no entró a valorar las circunstancias en las que fue construida la casa, aclaró que los vecinos se concentraron para 'conseguir que no fuese ejecutado un derribo inmediato', para 'ver si mientras tanto se conseguía una vía de solución', porque la vivienda 'no perjudica a nadie', la 'familia invirtió en ella lo que tenía' y 'no están los tiempos para derrochar'.
'Que la Justicia haga lo que tenga que hacer', dijo el párroco, porque 'todos sabíamos a lo que íbamos'.
El alcalde de Becerreá, el socialista Manuel Martínez, confirmó que la Guardia Civil comenzó a repartir el pasado fin de semana, tanto el sábado como el domingo, citaciones para declarar como imputados a los cuarenta vecinos del municipio que se autoinculparon por su participación en la defensa de esa casa, en el lugar de Lamas.
El regidor local mostró su sorpresa por la diligencia exhibida en este caso por parte de una 'Justicia exprés', dado que 'en menos de 24 horas' comenzó a citar a las personas que se autoinculparon, cuando en otros procedimientos esas citaciones tardan 'semanas' o incluso 'meses' en llegar.
