Infraestructuras

¿Podría ser gratuita la AP-9 en 2023?

Uno de los peajes existentes en la Autopista del Atlántico (AP-9), que gestiona Audasa.
photo_camera Uno de los peajes existentes en la Autopista del Atlántico (AP-9), que gestiona Audasa (ARCHIVO).
El promotor de la demanda confía en que se produzca la anulación de las ampliaciones  de dicha concesión

La apertura de un expediente al Gobierno de España por parte de Bruselas al entender que las dos prórrogas de la concesión a Audasa de la AP-9 (en 1994 y 2000, aprobadas por gobiernos socialista y popular) incumplen la normativa europea deja una puerta abierta a la posibilidad de la gratuidad de la autopista. 

El promotor de la demanda, la asociación de consumidores vigueses En Colectivo (que demandó por los cobros de peajes durante las obras de Rande) confía en que se produzca la anulación de las ampliaciones  de dicha concesión lo que podría hacer que la única vía de comunicación con el norte de Galicia deje de ser de pago.
Así lo aseguró ayer el presidente de esta agrupación, Diego Maraña, que calificó de “éxito para todos los gallegos” el expediente de la Comisión Europea.  

El panorama se presenta optimista, teniendo en cuenta un proceso similar en Italia, y que fue seguido muy de cerca por los abogados de En Colectivo, Carlos Cenalmor y Antonio Heredero.

En una comparecencia ante los medios explicaron cómo en el caso antes referido, hubo una sentencia por parte del Tribunal Europeo contra el gobierno italiano por una ampliación de concesión en el tramo de autopista Livorno-Civitàvecchia de unos 36 kilómetros y que está en proceso de ejecución de sentencia. 

“En el caso de la AP-9, España no tiene argumentos para alegar y estamos ante un caso muchísimo más grave", afirmó Cenalmor, quien aseguró que la decisión de Bruselas “supone un antes y un después en la  aplicación del derecho comunitario”.

Ahora, el Gobierno tiene dos meses para contestar  al requerimiento. En caso contrario,  la Comisión Europea puede decidir enviar un dictamen motivado a España para que en un plazo razonable se ponga fin a dicho incumplimiento.

En última instancia, si España se niega o por el contrario no deja de incumplir la normativa comunitaria, Bruselas podrá demandar al Estado ante el Tribunal Europeo (como en Italia) que dictará una sentencia firme de obligada ejecución bajo apercibimiento de multas “muy elevadas”.

Aunque el presidente de En Colectivo no quiso apresurarse sobre los plazos, en el mejor de los escenarios, la situación podría cambiar en 2023, que es cuando finaliza la prórroga aprobada en 1994 y que podría ser anulada por sentencia. Si bien se desconoce cuánto tardaría dicho fallo y sobre todo su ejecución.

Por su parte, Antonio Heredero, destacó que  con este procedimiento “Galicia podría situarse  en el mismo panorama que el resto de España”, en referencia a las autopistas de Burgos, Cataluña o Andalucía  que una vez finalizada la concesión se hicieron gratuitas.

Sin embargo, no queda descartada al completo la posibilidad de que, en caso de anulación de prórrogas, el Gobierno sacara una nueva licitación pública.  “No hay precedentes en este sentido pero de ser así  ya no sería ampliación de concesión por construcción sino solo por mantenimiento con lo que el peaje sería infinitamente menor”.

El letrado incidió en que una sentencia favorable supondría que en 2023 se anularía la concesión y  “eso sería un triunfo”.

“Lo hemos hecho a pulmón sin apoyo de ningún partido"

Diego Maraña mostró su satisfacción por el logro conseguido, un “hito”, que, afirmó “viene de un proceso que ha plateado En Colectivo a pulmón, sin apoyo de ningún partido y que confiamos en que pueda llevar a la gratuidad de la AP-9”. A su juicio, si se anularan las ampliaciones de concesión y el Gobierno volviera a sacarla a concurso “sería una broma para todos los gallegos” y aseguró que desconoce cuál será la posición del Estado frente Audasa. Asimismo, aseguró que “ya nos hemos planteado seguir este camino con otras autopistas, como en Asturias". 

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