Delimitarán las franjas de seguridad, que los particulares deben limpiar antes del 31 de mayo y sobre las que empiezan a trabajar Xunta, Fegamp y Seaga
Los primeros cien planes municipales contra incendios, obligatorios por ley en Galicia desde hace 12 años, estarán listos antes de que comience este verano, según ha adelantado el director xeral de Defensa do Monte, Tomás Fernández-Couto, en una entrevista con Europa Press.
Esta obligación la estableció la ley gallega de prevención y defensa contra los incendios forestales, que aprobó en 2007 el Gobierno bipartito de PSOE y BNG. Tras varias modificaciones desde la llegada del PP a la Xunta en 2009, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la última actualización del texto refundido en diciembre pasado.
Así, la norma establece (desde 2007) que una competencia de las entidades locales es "elaborar y aprobar" los planes contra incendios y que estos deben delimitar las denominadas redes de franjas secundarias: las que todos los propietarios de Galicia deberán limpiar antes del próximo día 31. Con anterioridad, el tope era el 30 de junio, pero el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo adelantó la fecha tras la ola de incendios de octubre de 2017.
Estas franjas, de 50 metros en torno a viviendas y en las que no podrá haber pinos, eucaliptos ni acacias, por ser especies que propagan con facilidad las llamas, son también aquellas sobre las que empezarán a trabajar Xunta, Fegamp y Seaga a partir de este mes de mayo.
Con base en el convenio a tres bandas que firmaron por primera vez el año pasado, la Consellería de Medio Rural aporta financiación para facilitar que Seaga gestione aquellas labores de desbroce que los particulares no hagan y que tendrían que ejecutar los ayuntamientos, los mismos que desde hace años denuncian que carecen de medios para asumirlo.
"El año pasado no se llegó a desbrozar nada", reconoce el presidente de la federación gallega de municipios y provincias (Fegamp), Alfredo García, en declaraciones a Europa Press. "Había que delimitar franjas", apunta.
Esa "priorización", al menos la inicial, ya se ha hecho y es a la que se refiere Fernández-Couto cuando apunta a las 695 aldeas con alto riesgo de incendio en las que a partir de esta semana comenzarán a actuar las tres partes (Xunta, Fegamp y Seaga): un total de 4.500 hectáreas.
Por provincias
En ellas (1.337,63 hectáreas en la provincia de A Coruña, 1.131,34 en Pontevedra, 1.085,94 en Ourense y 1.012,68 en Lugo) arrancarán las tareas, de modo que, como señala el portavoz de los ayuntamientos de Galicia, "va a ser el primer año que se trabaje".
El coste será de 350 euros por hectárea, que los ayuntamientos repercutirán a los dueños de las fincas en caso de que no sean ellos mismos los que se encarguen de su limpieza.
Los planes cuya elaboración ha tardado una docena de años en llegar tienen que ser aprobados por la Dirección Xeral de Fernández-Couto y son, por tanto, clave en relación con las franjas de seguridad, que cobraron protagonismo sobre todo a partir de la mencionada ola de incendios, que con especial virulencia cercó numerosos núcleos de población, con el riesgo para la vida humana que ello conlleva. No en vano, murieron cuatro personas.
El director xeral admite que, por ahora, aprobado formalmente no hay "ninguno" de estos planes, aunque los trámites están "avanzados" en muchos casos y "al menos 92" se van "a sumar" antes del verano, fecha para la que quedan menos de dos meses. Algunos de ellos, de hecho, están "pendientes" de informes de Defensa do Monte.
La intención de la consellería, según agrega, es que los 177 ayuntamientos adheridos al convenio con Fegamp y Seaga (54 en Ourense, 47 en A Coruña, 38 en Lugo y otras tantas en Pontevedra) tengan este plan "aprobado o tramitado de aquí a final de año".
Y como están "recibiendo peticiones" para nuevas adhesiones, Fernández-Couto confía en que "de aquí a un tiempo haya un número importante" de incorporaciones al convenio, con la idea de que "si todos se adhieren, los 313 (cuenten con el plan contra incendios) al final del año que viene", cuando termina la legislatura.
Entre otras cuestiones, el acuerdo incluye un visor que facilitará a las entidades locales la confección de los planes, que también deben fijar la red de pistas, vías, caminos, carreteras y montes de titularidad municipal. Un plan que, según la ley, "se integrará en los planes municipales de emergencias".
